Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Los consellers seguirán utilizando taxis, bicicletas y cualquier tipo de transporte público para acudir a los distintos actos que marquen sus agendas. Pero no los coches oficiales. El colectivo de conductores de los máximos dirigentes de las carteras del Gobierno valenciano rechazaron este viernes la primera oferta que les trasladó la dirección general de Función Pública, dependiente de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, para poner fin a unos "paros" que se iniciaron el pasado mes de septiembre.
Con la llegada a las instituciones del Govern del Botànic, los conductores solicitaron que, si no se les devolvía el complemento 45 que percibían durante el gobierno popular, se les otorgara al menos el 38. Un punto intermedio entre lo percibido en la época del PP y la actual, en la que reciben un plus de categoría 30. En la práctica, la diferencia salarial supone aproximadamente 240 euros brutos al mes.
Tras más de un año a la espera, el pasado 20 de septiembre, los conductores del Consell decidieron poner fin a esta situación. Llegaron a un acuerdo interno por el que se negaban a transportar a ningún conseller. No moverían los coches oficiales del parque móvil para transportar a ningún responsable de cada área del Gobierno valenciano. Su convenio les protegía. Según la cláusula de horarios que marca el acuerdo que firmaron en mayo de 2017 administración y sindicatos, los conductores con esta categoría salarial no tienen dedicación exclusiva y, por tanto, el transporte de consellers queda relegado a un mero carácter "voluntario".
La cláusula, en concreto, fija que el "personal conductor de vehículo de conseller o consellera adaptará su jornada de trabajo" a la de los responsables de cada departamento "para quien prestará sus servicios, sin que en ningún caso se pueda exceder el cómputo del horario anual que se establece de forma general". También especifica la voluntariedad para los conductores con complemento específico 30 de realizar el servicio del conseller. Es por esto que subrayan que están trabajando a reglamento, "cumpliendo la normativa y con su trabajo", pero que no existe "ninguna huelga oficial ni paros".
Desde Función Pública les propusieron el pasado martes un pacto: que este plus salarial -el 38- se le atribuyera tan solo a un número de chóferes determinado, entre 20 y 30, trasladan fuentes oficiales presentes en la negociación.
La oferta, no obstante, fue rechazada pocos días después por el colectivo. ¿Los motivos? Quieren que este reconocimiento se otorgue a todos los conductores. Si sólo se hiciera con una treintena de ellos, al cambiar de consellers o ante un cambio de gobierno, los chóferes salientes perderían este complemento.