Los síndicos de Podemos, PSPV y Compromís, Antonio Estañ, Manolo Mata y Fran Ferri. VPVALÈNCIA. Las negociaciones entre Podemos y Consell continúan más allá de los Presupuestos de la Generalitat. Recién iniciado el nuevo año y dejando atrás los últimos dos meses que incrementaron la tensión entre los socios del Botànic ante la negativa del partido que lidera Antonio Estañ en la Comunitat a dar su visto bueno a las cuentas del próximo ejercicio, socialistas, valencianistas y morados afrontan el último año natural previo a las próximas elecciones autonómicas con cuestiones en las que también existe división. Una de ellas: la modificación de la ley del Consell Jurídic Consultiu.
La propuesta de reforma de esta ley la registró Podemos hace ya nueve meses, en marzo de 2017. ¿Los motivos? Según justificaron en su día, "desgubernamentalizar" el órgano, ya que actualmente tres consejeros de los seis electivos son nombrados por el Consell. Una cuestión que la formación morada quiere hacer desaparecer para que todos sean designados por Les Corts, órgano de máxima representación de los ciudadanos.
Sin embargo, conviene recordar que la iniciativa se registró pocos meses después de que el Ejecutivo de Ximo Puig nombrara a los tres miembros que le correspondían en octubre de 2016, cuando el mandato de los anteriores consejeros expiraba. El gesto molestó al partido de los círculos. Pese a no formar parte del Gobierno, sino que lo apoyan desde el parlamento valenciano y esta posición les permite ejercer de socios críticos, no les agradó enterarse del nombramiento de Margarita Soler –actual presidenta del CJC-, Faustino de Urquía y Asunción Ventura por la prensa. Lo interpretaron como un desaire, una deslealtad hacia el partido que permitió la investidura del actual jefe del Consell. Y la maniobra sembró la discordia entre el bipartito que forman PSPV y Compromís con su socio parlamentario morado.
Las enmiendas de todos los grupos parlamentarios a la propuesta de modificación de la ley quedaron ya expuestas en la comisión de Coordinación de Les Corts el pasado octubre. Sin embargo, y ante la tensión presupuestaria, el debate se aparcó. Y aunque todavía no se ha vuelto a incluir en el orden del día de dicha comisión para debatir las enmiendas, entre los grupos del Botànic hay discrepancias. A pesar de ellas, no se han producido contactos antes de que llegue el día de la comisión para intentar hallar puntos de encuentro sobre dos cuestiones esenciales sobre el articulado de la norma a modificar en las que el tripartito no coincide: a quién le corresponde nombrar a los consejeros y por cuánto es el período de renovación de los mandatos.
Así, Podemos es el que plantea los cambios más bruscos de la ley. Proponen que los seis consejeros sean elegidos por el parlamento valenciano y no exista posibilidad de renovar en el cargo. Si hasta ahora el mandato era de seis años, renovables por otro período idéntico, PSPV y Compromís concederían modificaciones más tímidas.
Los socialistas, por su parte, quieren mantener la forma de designar a los miembros del CJC como está establecido en la ley que dio vida al órgano en 1994. Es decir, quieren que la competencia de nombrar la mitad de los miembros electivos siga siendo del Consell. La coalición valencianista, no obstante, se muestra más proclive a cambiar este sistema de elección. Quiere que cuatro sean elegidos por Les Corts y dos por el Gobierno valenciano. Un "punto intermedio", entre lo que propone el PSPV y por lo que apuesta Podemos.
Respecto a la renovación de mandatos, de nuevo el PSPV vuelve a ser el más reticente a acometer cambios. Si la exigencia del partido que lidera Estañ reduce a la mitad de tiempo el mandato de los consejeros, los socialistas rectifican este margen para que solo se reduzca en un año por elección. Es decir, cinco años renovables por otro lustro. Mientras Compromís reduce la limitación otros dos años el tramo, cuatro años con opción de renovar a otros cuatro. Por delante les queda un año para conseguir aunar criterios.
