VALÈNCIA. Como se esperaba, todo indica que el fraude por suplantación de identidad al Palacio de Congresos acabará en los tribunales. El organismo dependiente del Ayuntamiento de València se prepara para presentar una demanda contra la gestora externa, a la que considera única responsable del engaño. El Palacio ha convocado un consejo de administración extraordinario para este jueves en cuyo orden del día figura, precisamente, la propuesta de "acciones" contra la consultora externa.
El fraude sucedió entre junio y julio del pasado verano, cuando unos estafadores anónimos se hicieron pasar por representantes de un proveedor real mediante cuentas de correo electrónico falsas. Así, pidieron el cambio de cuenta para que el Palacio abonase unas facturas pendientes por servicios que dicho proveedor efectivamente había prestado.
La compañía gestora del Palacio procedió a la modificación pese a que, según los protocolos, sólo el director financiero del Palacio -que estaba de baja en ese momento- está facultado para hacer las comprobaciones previas. Tras el cambio, el Palacio abonó hasta 14 facturas por un valor total cercano a los 200.000 euros. Así, el organismo que preside la edil Paula Llobet solicitó al abogado de la ciudad un informe jurídico para evaluar la posibilidad de llevar a los tribunales a la compañía gestora.
El informe, al que ha tenido acceso este diario, afirma que la consultora "no debió haber hecho las gestiones que hizo sin autorización expresa por parte del director financiero", por lo que da el visto bueno para ejercer "las acciones que procedan en reclamación contractual de los daños y perjuicios ocasionados" al Palacio tanto por la consultora como cualquier otra entidad vinculada con la estafa. Con todo, señala que el permiso para las acciones judiciales "no obsta" a que, por parte de la consultora externa, "pueda reconocerse la responsabilidad, con carácter extrajudicial con las consecuencias que de tal reconocimiento puedan derivarse".
Desde el Ayuntamiento, el gobierno municipal y los responsables del Palacio de Congresos acusan a la compañía consultora de no haber cumplido con los protocolos internos para realizar cambios de cuenta, al haber realizado la modificación en la base de datos sin informar al Palacio, cuyo director financiero era el único que podía hacer las constataciones previas a la modificación. Estaba de baja y rebotó un primer correo que le llegó a él a los trabajadores de la gestora. Un movimiento en el que, para el consistorio, no puede leerse ninguna instrucción.
Así, el consistorio dio un plazo de 15 días desde que se descubrió la estafa para que la compañía externa reintegrara el 'agujero' experimentado en las arcas municipales. Un período que finalizó el martes de la semana pasada sin respuesta, por lo que el Ayuntamiento otorgó otra semana más para que la firma cumpliera con el requerimiento. Según ha podido saber este diario, la empresa externa no ha respondido al requerimiento y no ha reintegrado el dinero como solicitaba el Palacio, si bien ha dejado la cuestión en manos de su seguro, que todavía no se habría pronunciado.
Por el momento, el Palacio comunicó la pasada semana que había conseguido recuperar el importe de 12 facturas por valor de 46.700 euros aproximadamente, lo que representa un 23% del montante total estafado. Según dijo el propio ente, fue Bankinter, el banco donde estaba registrada la cuenta receptora de los fondos, la que reintegró ese dinero, pero no se explicó en qué concepto se hizo este reintegro y si fue el banco o de la misma cuenta de los estafadores. Y en tal caso, por qué no el montante total. El Palacio dijo que se estaba trabajando en "estrecha colaboración" con las entidades bancarias para "identificar al titular real de la cuenta y esclarecer el destino de las cinco facturas restantes", que ascienden a casi 153.000 euros.
Desde la oposición, el concejal socialista Javier Mateo, miembro del consejo de administración del Palacio, denuncia la falta de transparencia con la que se está tratando el asunto en el seno del gobierno local. "No nos están dando nada de información. Hemos pedido toda la documentación obrante referente a la estafa pero no nos la dan alegando motivos legales con los que no estamos de acuerdo", señala el edil: "Como consejeros no tenemos ninguna información sobre lo que ha pasado, lo que está pasando ni lo que va a pasar. Con esta opacidad, es complicado tomar decisiones y apoyar la gestión que se está haciendo".