VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha alertado en su última auditoría operativa del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana del "grado relativamente bajo" de ejecución en la mejora de las instalaciones. El informe, correspondiente al periodo 2018-2020, afirma que estas conclusiones no son imputables a la insuficiencia presupuestaria y que no se deben íntegramente a la gestión de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, sino que están supeditadas también a factores externos, como los problemas derivados de la cesión de suelos y las circunstancias sobrevenidas por la covid-19.
El plan abarca hasta 2024 y su objetivo es "dotar al conjunto de profesionales de la Administración de Justicia y la ciudadanía de instalaciones más apropiadas, seguras, funcionales, accesibles y eficientes". También "contribuir a mejorar sensiblemente la calidad del servicio público prestado por la Justicia en la Comunitat".
Esta meta, sin embargo, está formulada "de manera poco precisa y sin la suficiente concreción cuantitativa" para la Sindicatura de Comptes. "Si bien el plan identifica cuatro líneas de actuación estratégicas que contribuyen a la consecución del objetivo, no todas incluyen su desglose en proyectos", expresa en la auditoría. Además, indica, no ha tenido una continuidad en planes operativos anuales que habrían de concretar, para este periodo, las actividades que figuran en cada proyecto, los resultados esperados con su ejecución, los indicadores de medición de los resultados y los métodos. Todo ello, remarcan, dificulta una evaluación objetiva del grado de cumplimiento.
Debido a la ausencia de indicadores en el propio plan, la Sindicatura ha analizado el grado de ejecución en función de otros parámetros. Así, señala, por ejemplo, que se han realizado actuaciones integrales en 10 de los 15 partidos judiciales en los que se preveía actuar, lo que supone un índice de eficacia del 66,7%. Este inicio de actividades, añade el informe, está directamente relacionado con la disposición de suelo que corresponde a los ayuntamientos.
Entre 2018 y 2020 únicamente se ha realizado el 4,1% de la inversión prevista para los proyectos de rehabilitación integral de inmuebles judiciales ya existentes, en los cuales las necesidades se pueden resolver sin un cambio de emplazamiento. Ésta se concentra principalmente en las obras de realojamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en el edificio alquilado junto a Les Corts Valencianes.
La inversión realizada en relación con los proyectos de construcción de nuevas sedes judiciales apenas llega al 1,2% sobre lo que se prevé en el plan. Las actuaciones ejecutadas ( el 24,7% del importe adjudicado) se han concentrado en Gandia y Mislata. Entre los importes licitados destacan los destinados a la Ciudad de la Justicia de Alicante y la Vila Joiosa. La ejecución es prácticamente nula en estas sedes judiciales a junio de 2020.
La Ciudad de la Justicia de Alicante es uno de los proyectos con nueva sede judicial incluidos dentro del plan que está pendiente de ejecución, recuerda la Sindicatura. La pertinencia de modificar la decisión inicial ha producido retrasos que, matiza, no pueden imputarse a la falta de diligencia en la gestión.
El informe destaca que la dotación anual mínima prevista para adecuar las sedes judiciales de la Comunitat es de 2,5 millones de euros. Aquí, el grado de ejecución es más elevado puesto que hasta 2020 se han puesto en marcha 174 expedientes de cuantía relevante (superiores a 100.000 euros) y el importe agregado de su ejecución supera los 20,3 millones. La mayor parte de las actuaciones se iniciaron en el ejercicio 2018, aunque a causa de la pandemia el 99,1% de la inversión en el primer semestre de 2020 se refiere a medidas relacionadas con la covid.
La Sindicatura hace hincapié igualmente en que en 25 de les 36 sedes judiciales, el índice de concentración es del 100%. A pesar de haber conseguido reducir la dispersión de órganos y servicios en algunos partidos judiciales, aún hay algunos en localizaciones diferentes a las del partido judicial.
La institución establece una serie de recomendaciones. La principal, que el plan concrete objetivos más precisos para todas las líneas de actuación que faciliten la medición de resultados. Asimismo, aconseja que las actuaciones futuras contribuyan a la reducción de la dispersión de las sedes judiciales. "La Conselleria ha de impulsar la implementación de medidas del plan que prevén aumentar el espacio de las sedes judiciales y las ciudades de la justicia en las capitales de provincia, así como las principales, poblaciones, con la finalidad de albergar todas las dependencias de la administración existentes en ellas", comenta.
Recomienda, asimismo, que cuente con un inventario actualizado de las medidas adoptadas para un menor consumo energético, que cree puestos de gerencia en las principales sedes o que controle los costes de mantenimiento de las instalaciones.