VALÈNCIA. El Síndic de Greuges comienza a poner orden en su organización interna. El órgano presidido por Ángel Luna selló la semana pasada con los sindicatos (UGT y CCOO) su nueva Relación de Puestos de Trabajo que incluye por primera vez en la historia del Defensor del Pueblo valenciano a funcionarios y personal laboral.
Un acuerdo que viene motivado por la reforma de la Ley del Síndic de Greuges que inició en la legislatura pasada el exconseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y que culminó en 2020 su sucesora en el cargo, Rosa Pérez y que buscaba evitar, o al menos reducir, el número de nombramientos que se hacían a dedo en la institución.
El organigrama incorpora 11 puestos de categoría funcionarial (una jefatura de secretaría de grupo A1; una plaza de gestión económica y otra de traducción de grupo A2; y ocho de "atención ciudadana" y "oficiales de gestión" del grupo C1. Las otras dos plazas de laborales serían de informáticos para ocupar un puesto de grupo A1, que se encargarán del "mantenimiento informático específico" del Síndic de Greuges.
Unas plazas de funcionarios de carrera que ahora el órgano deberá cubrir mediante la "selección de los de otras administraciones públicas en las que tengan ya tal condición", ya que se trata de puestos de nueva creación que anteriormente no existían.
Ahora bien, a pesar de que la nueva RPT crea más de una decena de puestos que deberán cubrirse por empleados públicos al servicio de la Administración valenciana que hayan superado una oposición o un concurso-oposición, el grueso de la plantilla seguirá estando conformado por eventuales. En total, 26 de los 39 puestos serán ocupados por personal de confianza del Síndic de Greuges. Es decir, dos terceras partes de la plantilla.
Una circunstancia que el acuerdo firmado con los sindicatos justifica en el propio carácter de la institución, que requiere trabajadores "dedicados al asesoramiento de las diferentes materias objeto de tratamiento a través de las quejas". "Eventualidad que va ligada a los conceptos de confianza, libertad de nombramiento y cese y de asignación, como garantía de disponibilidad de un equipo siempre adaptable a las necesidades de la institución", expone el acuerdo.
Con esta relación de puestos de trabajo, queda sustituida la anterior, aprobada en 2014, y en la que no quedaban definidas expresamente las funciones de cada uno de los puestos. De las 35 plazas que detallaba el documento de entonces, todas se cubrían mediante la libre designación. O lo que es lo mismo, por selección a dedo del Síndic, ya fuera para cubrir plazas de asesores o validar traslados de empleados de otras administraciones que buscaban mejorar sus pluses.
La RPT recién aprobada, sin embargo, detalla no solo la categoría de las plazas sino también las funciones que llevarán a cabo, algo necesario para evitar enchufes en este tipo de instituciones y que permite su correcto funcionamiento.
De esta manera, el Defensor del Pueblo valenciano se convierte en el órgano con más funcionarios en su plantilla, pues en la actualidad tan solo dos más en toda España cuentan con empleados públicos en su RPT: Galicia y Cataluña.