Así concluye la queja de oficio abierta por el Síndic, en febrero de este año 2024, para investigar la capacidad del sistema educativo valenciano de ofrecer igualdad de oportunidades al alumnado que sufre situaciones desfavorables por factores sociales, económicos, culturales, geográficos y étnicos, según ha informado la entidad en un comunicado.
En concreto, el objetivo de esta institución era comprobar si Educación garantizaba unas "condiciones más favorables" para el alumnado "en situación de vulnerabilidad socioeducativa". En su Resolución de Recomendaciones, el Síndic instaba a Educación a mejorar la información a las familias sobre la elección de centro y el acceso a becas y ayudas; a ofrecer actividades extraescolares y de ocio educativo o proporcionar acompañamiento y tutorización al alumnado y sus familias.
Aimismo, incluía garantizar la coordinación interdepartamental entre las consellerias de Sanidad, Servicios sociales y Educación; distribuir equitativamente la financiación en función de las necesidades del alumnado y la complejidad de los centros; reducir la segregación y evitar la formación de guetos en centros desfavorecidos; y apoyar a las familias para prevenir y gestionar situaciones de riesgo.
Según el Síndic, "a pesar de que la Conselleria de Educación dice aceptar cada una de las recomendaciones y recordatorios de deberes legales incluidos en la resolución, indicando por su parte la normativa que contempla instrucciones para paliar la desigualdad del alumnado", Ánegl Luna considera que la Conselleria "no se ha comprometido a impulsar y aprobar medidas concretas destinadas a compensar las desigualdades, a través de programas específicos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde resulte necesaria una intervención educativa".
La Ley del Síndic de Greuges establece que las respuestas de la Administración deben manifestar, "de forma inequívoca", su posicionamiento respecto de las recomendaciones contenidas en las resoluciones y, en concreto, si se aceptan, se harán constar las medidas adoptadas para su cumplimiento.
Por último, el Síndic señala que la administración responsable de Educación es la que debe proporcionar a los centros escolares "los recursos y los medios necesarios que necesitan para desarrollar su actividad, así como adecuar sus estructuras y organización para lograr dar una respuesta adecuada a las necesidades e intereses de estos alumnos, que constituyen uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, de exclusión social".