Hospital de Manises. VPVALÈNCIA. "El gasto soportado por la Administración por la asistencia sanitaria integral prestada en el Departamento de Salud de Manises (674 euros por habitante, excluyendo una estimación capitativa de la inversión prevista por el concesionario durante la vigencia del contrato) es un 24,6% inferior al gasto corriente público en asistencia sanitaria en el conjunto de departamentos de gestión pública catalogados como comarcales (894 euros por habitante)".
Esta frase, que fija en casi una cuarta parte el ahorro del modelo Alzira en la primera auditoría pública que se hace a este modelo de gestión, es la principal conclusión de la auditoría operativa sobre el Área de Salud de Manises que la Conselleria que dirige Carmen Montón encargó la Sindicatura de Comptes, órgano fiscalizador de la Generalitat valenciana.
El informe definitivo, de cuyo borrador dio un avance Valencia Plaza, se ha hecho público este lunes. En aquel borrador, el ahorro estimado era del 21%, porcentaje que el órgano que preside Vicent Cucarella ha elevado tras las alegaciones de la Conselleria de Sanidad y la empresa concesionaria del Hospital de Manises.
Según el resumen hecho público por la Sindicatura, en relación con los principios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión de la concesión, el informe revela que ese 24,6% de ahorro en el gasto corriente sanitario público con relación a los hospitales comarcales de gestión pública supone unos 42,5 millones de euros al año.
El informe hace la comparación también con el total de sistema sanitario valenciano y con los hospitales de referencia -el ahorro aún sería mayor-, pero destaca la comparación con la media de hospitales comarcales por tener el de Manises esa consideración.
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La auditoría señala que la concesión ha tenido un coste para la Administración de 721 euros anuales por habitante (de los cuales aproximadamente 47 euros son por inversiones), por debajo de los 894 de gasto corriente que se observa en los departamentos con hospitales comarcales.
El informe refleja también que la concesión de Manises tiene menos facultativos por cada 1.000 habitantes que los hospitales comarcales y que además el coste por empleado es un 9,6% inferior.
Señala, asimismo, la inconsistencia en la determinación de la cápita inicial, ya que se estableció el mismo precio que en otras concesiones, pero con distintas obligaciones.
En relación con el control de la prestación por parte de la Administración, la Sindicatura señala la ausencia, en el contrato, de un clausulado específico sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación. Asimismo destaca la ineficacia de la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano de control de la concesión, ya que en los siete años analizados en el Informe, la comisión únicamente se reunió 12 veces.
En general, la Sindicatura de Comptes observa un incumplimiento de las medidas de control en materia de rentabilidad, control de inversiones o contratación de personal directivo.
En relación con el precio del contrato, la auditoría operativa pone de manifiesto que la concesión no ha contado con un procedimiento claro de liquidación, lo cual lleva a dificultades importantes a la hora de aprobar las liquidaciones anuales.
El trabajo de auditoría destaca una diferencia global de 179,8 millones de euros en el periodo 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la Administración y las del concesionario (a favor de la Administración) y calcula 39,2 millones de euros de exceso en la contraprestación capitativa por aplicación no literal de la cláusula de revisión prevista en los pliegos.
Por otra parte, como consecuencia del retraso en los pagos, el concesionario reclama a la Conselleria de Sanitat 10,8 millones de euros en intereses de demora.
Tras auditar la concesión, la Sindicatura de Comptes recomienda a la Conselleria de Sanitat adoptar medidas para llevar a cabo sus funciones de control y seguimiento, que le permitan evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos públicos que se ponen en manos de terceros.
También recomienda definir un procedimiento claro para determinar el precio del contrato, en el que se establezcan aspectos tales como los plazos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para aprobar el precio del contrato.
