VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana advierte de nuevo sobre las prácticas recurrentes de los ayuntamientos de realizar gastos sin consignación presupuestaria y de acudir "en ocasiones de forma injustificada" a la contratación menor.
Así lo recoge su informe de fiscalización del control interno en las entidades locales en el ejercicio 2022.
En concreto, 82,4% de los ayuntamientos rindió la información del ejercicio prevista en la instrucción hasta la fecha de realización de esta auditoria (31 de octubre de 2023). El 61,6% cumplió con esta obligación dentro del plazo legal.
Sindicatura concluye que existe un alto grado de provisionalidad en el puesto de intervención reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, ya que los nombramientos con carácter definitivo solo suponían un 49,5% en 2022.
Por otro lado, un 78,1% de los órganos de intervención de los ayuntamientos consideraba insuficiente la dotación de medios personales y materiales.
En términos generales, destaca el bajo cumplimiento en la elaboración del informe resumen anual del control interno, así como su remisión al pleno municipal y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y en la confección del plan de acción por el presidente de la entidad local.
El órgano fiscalizador también ve relevante la escasa implantación del control financiero en 2022, así como de otras actuaciones de control permanente.
Por otro lado, solo el 6,8% del total de intervenciones que remitieron información relativa al control interno afirmaba haber realizado auditorías públicas en alguna o varias de sus entidades dependientes o adscritas durante ese ejercicio.
En 2022 hubo 198 entidades que comunicaron la adopción de 6.939 acuerdos contrarios a los reparos de la intervención, con un importe total asociado de 382 millones de euros.
Las principales modalidades de gasto objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, expedientes de contratación, gastos de personal, subvenciones y otros procedimientos. La causa más común fue la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el pleno municipal y por la junta de gobierno.
Solo 107 entidades comunicaron la existencia de expedientes con omisión de fiscalización previa en 2022. El número de expedientes ascendió a 3.214, con un importe total asociado de 235 millones de euros. Las causas más frecuentes fueron la falta de tramitación del correspondiente expediente y la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.
En el ámbito de los ingresos, 22 entidades, principalmente ayuntamientos, informaron sobre anomalías en un total de 215 expedientes, con un importe asociado de 6,6 millones de euros. Los impuestos locales, las tasas y los precios públicos fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas.
Como recomendaciones, Sindicatura reitera la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido.
Además, aconseja que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, como tampoco la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la intervención en los gastos de carácter periódico y otros de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial.
Por último, pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno.