Manuel Llombart da el relevo a Camen Montón en la Conselleria en julio de 2015. Foto: EFE/Kai FörsterlingVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes de la Generalitat valenciana critica en su informe de fiscalización de las cuentas de 2017 la manera en la que la Conselleria de Sanidad Universal firmó el nuevo acuerdo de acción concertada con la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) en octubre de ese año, después de un duro enfrentamiento entre la consellera Carmen Montón y el director general del IVO, Manuel Llombart, su predecesor en el cargo.
El acuerdo, que fue posible tras la mediación de Ximo Puig para desbloquear el conflicto, puso fin a diez meses, de enero a octubre de 2017, en los que el IVO continúo prestando el servicio sin contrato al haber finalizado el anterior en diciembre de 2016 y no haber sido prorrogado por la Conselleria. Se firmó el 6 de octubre y entró en vigor el 1 de noviembre.
Según recoge la Sindicatura, en el acuerdo "se regulan los términos y condiciones de la acción concertada para la prestación asistencial integral de los pacientes con problemas oncológicos, en todas o en cualquiera de sus fases, desde la confirmación diagnóstica hasta el final de la asistencia oncológica, a pacientes residentes asegurados y asimilados en laComunitat Valenciana con cargo a la Conselleria de Sanidad". La duración se fija inicialmente en un periodo de tres años, a partir del 1 de noviembre de 2017, con posibilidad de prórroga sucesiva, anual y de mutuo acuerdo, hasta una duración máxima de 10 años.
El presupuesto de la acción concertada, entre noviembre de 2017 y octubre de 2020, es de 138,75 millones de euros, con el siguiente reparto por años (en millones de euros):
Según ha podido saber Valencia Plaza, este presupuesto ha sido superado con creces en el primer año de vigencia.
La Sindicatura critica que en el expediente no consta el informe acreditativo de la óptima utilización de los recursos propios y la necesidad asistencial de concertar todo o parte del servicio, ni la memoria comprensiva del objeto y todas las condiciones del acuerdo de acción concertada.
En cuanto a la memoria técnica justificativa de la estimación global de la acción concertada, afirma que "se desconocen los parámetros que se han tomado en consideración para cuantificar dicha estimación". Además, "en el expediente no consta la información necesaria a fin de determinar el coste real de la acción concertada ni su relación con los importes de las tasas o con la reducción del 15%, a fin de comprobar que las tarifas máximas o los módulos retribuirán como máximo los costes de las prestaciones, sin incluir el beneficio industrial". Por último, en cuanto al IVA soportado, la documentación del expediente no contiene los supuestos de posible no exención y, por tanto, de posible repercusión del impuesto.
En base a lo anterior, la institución que dirige Vicent Cucarella manifiesta que "cabe concluir que en el expediente debe acreditarse suficientemente la adecuada aplicación de los principios básicos de la acción concertada, como son el de subsidiariedad y el de eficiencia económica. Adicionalmente, se observa que la cláusula 12 del Acuerdo contempla la revisión de las condiciones económicas, sin concretar las circunstancias y condiciones de estas posibles modificaciones".
Finalmente, señala que el expediente no ha sido objeto de fiscalización previa sino de control financiero permanente, realizado en el marco de las actuaciones de control establecidas en el artículo 12 de la Ley7/2017, según se indica en el mismo. No obstante, en dicho artículo no se determina de forma clara el objetivo ni el alcance del control de carácter financiero a efectuar sobre los servicios de acción concertada.
La Sindicatura constata que se han puesto de manifiesto diferentes interpretaciones y/o procedimientos a seguir por parte de la Conselleria de Sanidad y el IVO respecto a la aplicación del acuerdo. "Esta controversia está relacionada con los procedimientos de acceso de los pacientes a las prestaciones asistenciales y su remisión previa por la Conselleria, el registro y remisión de los datos de los pacientes, la comunicación de datos, acceso a registros y publicidad institucional de la entidad concertada". Como es conocido, estas diferencias fueron muy evidentes en la etapa de Carmen Montón al frente de la Conselleria y se han suavizado con Ana Barceló, que la sustituyó el pasado mes de junio.
De hecho, la semana pasada ambas partes llegaron a un acuerdo sobre el abono de la deuda pendiente de 2017 -entre enero y octubre se facturó mediante expedientes de enriquecimiento injusto al no existir contrato- y acercaron posturas sobre el procedimiento de entrada de pacientes en el IVO y la agilización de la facturación.
