La estrategia de promesas, dádivas y distracción del gobierno no da para más... Viva la revuelta, tranquilos ya llevan tiempo dando financiación especial fuera del modelo de financiación, pero ante la pregunta de si puede ir adelante un cupo vasco al estilo catalán, mi opinión es NO.
No me gusta hablar de experiencias de otros tiempos ya antiguos en política, pero esta vez no me he podido aguantar. Muchos no podemos salir de nuestro asombro de hasta dónde puede llegar nuestro Presidente Sánchez.
Hace 20 años, las comunidades autónomas de régimen común obteníamos la información sobre la primera liquidación del modelo de financiación autonómica, aprobado por el PP por unanimidad bajo el gobierno de Aznar. Siendo muy simplista, en 2004 se comprobó que el modelo resultaba quizá demasiado solidario, dado que la financiación otorgada a comunidades más activas económicamente y con mucho poder de recaudación, se reducía de tal forma que la financiación per cápita de comunidades como Madrid, Valencia o Cataluña quedaba por debajo de la financiación per cápita de aquellas comunidades que recibían la solidaridad, como Extremadura.
Cataluña exigía en los Consejos de Política Fiscal y Financiera la reforma del modelo. Eran los tiempos del presidente Zapatero, y se jugaba mediante la creación de comisiones (si quieren que algo no funcione, crea una comisión). Nos reunimos mucho, mantengo grandes amigos de esa etapa y diseñamos muchas estrategias para nada. Hablo de los tiempos de las Comisiones del Consejo de Política Fiscal, de Financiación de la Sanidad, del Grupo de Trabajo para la Actualización de Población, entre otros, a los que asistían consejeros y directores generales de Economía y Hacienda y que concluían en las conferencias de presidentes, donde nos tapaban la boca con un poco de dinero extra.
Todo un show mediático y opaco, que no consiguió apaciguar las demandas de Cataluña, y que sí supuso un gran gasto.
¡Qué ignorancia! Y qué inocencia la de los directores de Política Financiera de Madrid, Valencia y Murcia cuando, al hacer todo tipo de simulaciones de las distintas opciones que se podían debatir, concluíamos: “Vamos a dejar trabajar a Cataluña, que lo que consiga nos viene bien a todas”.
Es cierto que ese primer modelo de financiación era bastante correcto para ser el primero que no partía de financiación afectada. Pero también es cierto que, para lograr la unanimidad en la negociación, se estableció una modulación que restaba crecimiento en la financiación a algunas Comunidades Autónomas en las que crecía más … y qué casualidad, sólo afectaba a las comunidades del PP, la Región de Murcia era una de ellas.
Cómo si no se iba a conseguir unanimidad; las comunidades menos activas recibían más dinero y las comunidades con mayor crecimiento y capacidad fiscal se modulaban de salida, pero con la promesa de ganar muchos más recursos a futuro.
Como ven, el conflicto siempre crece con levadura de dinero y/o poder. En Cataluña, la reivindicación inicial de más recursos según su capacidad fiscal era relativamente justa. El problema para los gobiernos anteriores era que atender las demandas de Cataluña manteniendo un modelo de financiación común era muy caro y sólo podría conseguirse reduciendo el tamaño del Estado. Me explico, la tarta de la recaudación tributaria en España se reparte entre los tres niveles de gobierno: Estado, Comunidades Autónomas y Municipios. La parte que corresponde al Estado es muy importante para ser España un modelo federal. Puede observarse por la cantidad de Ministerios fantasmas sin apenas competencias más que la coordinación de las políticas de las Comunidades Autónomas, me refiero a Educación, Sanidad y Servicios Sociales, cosa que no hacen.
El problema para los gobiernos anteriores era que atender las demandas de Cataluña manteniendo un modelo de financiación común era muy caro y sólo podría conseguirse reduciendo el tamaño del Estado
En ese contexto, a mi parecer, atender sus demandas sólo era posible reduciendo los recursos del Estado a costa de incrementar la porción de tarta de las Comunidades, de tal forma que ninguna pierda financiación y las de mayor capacidad fiscal fueran menos solidarias. Pero ¿qué presidente va a querer perder financiación para disponer en hacer política y comprar voluntades? No sabremos si atender sus demandas hubiera dejado el problema simplemente en un conflicto, pero supuso mucha levadura para la clase independentista en Cataluña.
El tema vuelve a ser de máxima actualidad a raíz de las exigencias en materia de financiación autonómica de dos partidos nacionalistas catalanes, ERC y Junts, que son además decisivos tanto para la formación de un nuevo Govern de la Generalitat como para la continuidad del actual Gobierno central. Ambos partidos exigen el establecimiento de un régimen singular para Cataluña, similar al sistema foral de concierto o convenio, que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos en su territorio y limitar sustancialmente su contribución a la caja común del Estado para así eliminar, o al menos reducir sustancialmente, el déficit fiscal de la comunidad, que la Generalitat ya cifra en más de 20.000 millones de euros anuales, o casi un 10% del PIB regional.
Esta abultada cifra es parte esencial del argumento de los partidos nacionalistas catalanes para exigir un cambio radical del sistema de financiación autonómico que ponga fin al penoso maltrato fiscal que, en su opinión, sufre su comunidad. Os aconsejo consultar el reciente trabajo publicado por FEDEA *(1) donde cuestiona la validez de la tesis nacionalista del maltrato fiscal a Cataluña, una opinión de relevancia académica donde su autor De la fuente (2024) es un referente internacional.
La conclusión central del documento es que, en términos generales, las cosas son más o menos como deberían ser en este ámbito. En su conjunto, los estudios disponibles muestran un patrón consistente de redistribución regional en el que la actuación del sector público tiende a reducir las diferencias de renta entre territorios dentro de cada país, con transferencias netas que generalmente reflejan el nivel de renta relativa de cada uno de ellos. Como sucede a nivel individual, los ricos pagan más impuestos, pero en general reciben más o menos los mismos servicios públicos, y generan por tanto un excedente fiscal que es lo que financia la redistribución. Existen, por otra parte, excepciones a esta regla que podrían exigir actuaciones correctivas y las balanzas pueden ayudarnos a identificarlas, lo que las convierte en una herramienta al menos potencialmente interesante, a la que no deberíamos renunciar.
Todo esto se aprecia con claridad en los dos gráficos que adjunto y que corresponden al estudio en el que compara los saldos fiscales por habitante e las distintas comunidades autónomas y por si quedara duda, en el gráfico 2 comparado con otros países extranjeros. No voy a entrar en el debate de cómo se calculan las balanzas fiscales, como podrán entender entre los académicos hay discrepancias y en la propuesta de los 20.000 millones que argumentan los partidos independentistas se suma poco en el ingreso y mucho en el gasto. Los datos están calculados en relación al correspondiente promedio nacional.
La más chocante en el Gráfico 1 es la posición de las comunidades forales (y en menor medida las de Aragón y La Rioja), que disfrutan de saldos fiscales positivos pese a estar entre las regiones más ricas. También resultan sorprendentes las situaciones de Valencia, que presenta un saldo deficitario pese a situarse por debajo de la renta media por habitante, y de Murcia, que está prácticamente en equilibrio a pesar de su reducido nivel de renta.
Lo que no llama en absoluto la atención es la posición de Cataluña. Puesto que esta comunidad está entre los territorios con mayor renta per cápita, lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede, aunque su cuantía es significativamente menor que la que calcula la Generalitat por un procedimiento sesgado. Es más, la comunidad se sitúa casi exactamente sobre la recta ajustada de regresión que describe lo que podríamos llamar la relación «normal» en España entre renta per cápita y saldo fiscal regional, lo que nos dice que el tamaño de su déficit es aproximadamente el que “le toca” de acuerdo con su nivel de renta. La posible inequidad no estaría, por tanto, en el déficit, sino en su eliminación.
Si queremos comparación internacional al aparente maltrato catalán, en el Gráfico 2, se compara con Italia, Canadá, Australia y el Reino Unido si bien los datos disponibles son referidos a 2005, una clara limitación. Lo llamativo aquí tampoco es la situación de Cataluña, que se ajusta perfectamente al patrón típico, sino la de algunas regiones de renta elevada que reciben un tratamiento fiscal particularmente favorable. Entre ellas están nuestros territorios forales, las regiones especiales italianas fronterizas con Austria, Londres o la región canadiense de Alberta. Algunos de estos datos podrían ser un tanto engañosos o reflejar situaciones muy peculiares como el caso de Londres o Alberta.
En cualquier caso, y volviendo al caso catalán, resulta cuando menos discutible que la ausencia de privilegios constituya base suficiente para una acusación de maltrato acompañada de la petición de sustanciales reparaciones. Aceptar cualquier compromiso en esta línea sería un pésimo punto de partida para la muy necesaria reforma del sistema de financiación autonómica excluyéndolo del régimen de financiación común.
Y se ha liado una buena ya que que ha recibido el rechazo no sólo de los barones del PP, sino también los del PSOE a la singularidad de Cataluña, piensen que en su casa tienen que defender los recursos que le llegan para los servicios a sus ciudadanos; más les vale¡ … por lo que la financiación singular de Cataluña abre un cisma entre los socios y barones del PSOE con Pedro Sánchez que no entiendo cómo puede resolver. Miren en estos temas de recursos la política pesa relativamente por varios motivos: porque los políticos de Hacienda suelen tener formación especifica y segundo y más importante por que de la financiación depende los servicios que puedes prestar a tus ciudadanos y así mantenerte en el cargo.
La salida de Cataluña del sistema común afectaría a los mecanismos de redistribución que equilibran las diferencias económicas entre regiones. Cataluña, con una alta capacidad recaudatoria, contribuye significativamente al fondo común del cual se benefician regiones con menor capacidad fiscal, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Con un saldo fiscal negativo de aproximadamente según la fuente -9,000 millones de euros, Cataluña contribuye más al Estado de lo que recibe. Su salida del régimen común podría aliviar esta carga, pero también significaría menos recursos redistributivos para otras comunidades.
Las regiones que dependen de las transferencias del sistema común, como Andalucía y Extremadura, podrían enfrentar dificultades financieras adicionales si Cataluña deja de contribuir al fondo común. Y aquellas que aportan mucho como la Comunidad de Madrid, tendrían que aportar mucho más; no se dice nada de la singularidad de Madrid o Valencia porque son del PP pero muy solidarias.
Si comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana decidieran seguir el mismo camino que Cataluña, el impacto en el sistema fiscal español sería aún más pronunciado. Madrid, con un saldo fiscal positivo de 18,000 millones de euros, es una de las mayores contribuyentes netas al sistema. Su salida reduciría drásticamente los fondos disponibles para la redistribución, acentuando las desigualdades territoriales y poniendo en riesgo la financiación de servicios públicos en comunidades con menor capacidad fiscal.
Si comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana decidieran seguir el mismo camino que Cataluña, el impacto en el sistema fiscal español sería aún más pronunciado
Resulta paradójico que un partido que se autodenomina progresista y que tradicionalmente ha defendido la solidaridad interterritorial, esté considerando una medida que podría debilitar estos principios. La solidaridad ha sido una piedra angular del modelo de financiación autonómica en España desde su creación, a pesar de las críticas.
La salida de Cataluña del régimen común probablemente requeriría una modificación de la Constitución Española, específicamente del Artículo 157, que regula la financiación de las comunidades autónomas. Este artículo establece que los recursos de las comunidades estarán constituidos por impuestos cedidos por el Estado, sus propios impuestos, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado, y el producto de las operaciones de crédito. Además, establece que estas competencias financieras se regularán mediante ley orgánica LOFCA.
El presidente Pedro Sánchez ha defendido que este acuerdo representa un avance hacia un modelo federal. El objetivo es oportuno, pero fuera de las buenas palabras ya les he justificado como no parece posible. El objetivo: reformar el sistema de financiación para que sea más equitativo y dinámico. Esto implicaría fomentar que las comunidades autónomas adopten medidas fiscales más progresivas y eficientes, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a servicios públicos de calidad sin sobrecargar a las regiones más ricas. BLA, BLA, BLA. Interpretaciones varias se pueden generar, pero ninguna buena. Plan A conseguir el consenso de los varones del PSOE, atendiendo a que la negociación política no tiene límites. Plan B El "plan B" de Rovira: que el Parlament apruebe la 'desconexión fiscal' y el Gobierno no recurra.
Con su demostrada destreza no puedo entender cómo puede salir de esta… pero nunca se sabe. Me reconozco incapaz…
Isabel Martínez Conesa es catedrática de la Universidad de Murcia. Directora de la Cátedra de Mujer Empresaria y Directiva
Dedicatoria: 'Mi padre, el hombre más listo del mundo, lo escribía a los pies de tu cama'
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*(1) De la Fuente, A. (2024). “Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas.” FEDEA, Serie Food for Thought. Colección Apuntes no. 2024-19. Madrid.