Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València sigue adelante con el propósito de movilizar todos los solares vacíos que ahora mismo salpican los diferentes barrios de la ciudad. Concretamente, fue en el año 2017 cuando el consistorio reactivó el Registro de solares vacíos y edificios a rehabilitar, con el objetivo de identificar todas las pacerlas que se encontraban en esta situación y que además cumplían de algún modo las condiciones para ser edificadas o recuperadas. Y, a día de hoy, 99 forman parte de la lista. Además, de ellas, siete han dado ya lugar a una nueva construcción.
Estos son los datos que maneja actualmente la concejalía de Urbanismo, que encabeza la vicealcaldesa Sandra Gómez. Del mismo modo, y según apuntan desde el área, de las 99 parcelas registradas otras 29 han pedido ya la licencia de obras, mientras que 23 han recibido una orden de edificación por parte del consistorio que todavía está pendiente de respuesta. Por el contrario, otros siete propietarios han rechazado el mandato para la construcción, por lo que se ha procedido o se procederá a una edificación forzosa.
En este mismo sentido, el registro también contempla edificios que están pendientes de una rehabilitación urgente. En este caso, los datos apuntan a 6 inmuebles que antes o después recibirán la orden para proceder a su restauración, puesta a punto y posterior movilización dentro del mercado de la vivienda.
El Registro municipal de solares vacíos y edificios a rehabilitar (RMSER) es un instrumento mediante el cual el Ayuntamiento identifica todas las parcelas que por algún motivo todavía permanecen baldías, tanto dentro del centro histórico como en otras secciones de la ciudad. Así, inicia un procedimiento administrativo para averiguar si es que el solar forma parte de un desarrollo urbanístico que todavía no se ha puesto en marcha, si es que pidió la licencia y aún no ha empezado las obras, o si es que no se puede planificar por alguna cuestión.
Y, en caso de que las parcelas objeto de estudio no cumplan con alguna de las anteriores características, que las eximiría de entrar en la lista, son incluidas en el registro. Una vez en este registro, el Ayuntamiento lanza una orden de edificación, que los dueños pueden atender de tres maneras diferentes: por un lado, pueden cumplir inmediatamente con la orden y pedir una licencia o, por el otro, tienen la opción de mostrar su voluntad de construir dentro de un determinado plazo de tiempo.
Esta elección supone llegar a un convenio con otros promotores para proceder el inicio de la construcción, de modo que los solares que quedan inscritos en el registro bajo esta fórmula serán visibles a las empresas para que puedan postularse en caso de estar interesadas. Ahora bien, el compromiso de iniciar las obras en el futuro no es gratis, sino que implica una señal del 5% del precio de la obra ante el Ayuntamiento. Y, si dentro del plazo la construcción no se ha iniciado, los dueños perderán esta cantidad.
Finalmente, la última opción es negarse a cumplir la orden de edificación. Ahora bien, esto no impedirá que el solar quede construido antes o después, porque en esta situación el consistorio lanza una orden de edificación forzosa, lo que en última instancia puede suponer la sustitución del propietario, la expropiación o la venta forzosa.
En este sentido, según explican desde la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez, cuando se da esta circunstancia entra a construir un tercero, que lo único que paga es el valor del solar. Así, tras negarse a construir, la propiedad pierde el resto de beneficios sobre la obra. Y no solo eso, sino que también potencialmente una buena parte del precio de la parcela, ya que el consistorio puede quedarse con hasta el 50% de la transacción a modo de penalización.
Concretamente, esta nueva medida fue introducida en febrero de 2021 con el objetivo de dar un nuevo "impulso" al registro de solares. Así, el consistorio se quedará con un porcentaje del precio que paga el tercero dependiendo del tamaño de la parcela: desde el 10% para los solares de menos de 100 metros cuadrados, hasta el 40% que supondrán los que superen los 300. Además, el recargo puede subir otro 10% si el solar se encuentra en alguna de las áreas del centro histórico declaradas como Bien de Interés Cultural.
En el caso de los edificios, el recargo se hará dependiendo del nivel de protección: un 10% si es tipológica y hasta un 40% si se trata de una protección integral. De la misma forma, la penalización podrá ascender hasta el 50% si el inmueble llegase a desaparecer por no haber intervenido a tiempo sobre él.
El registro de solares vacíos se dinamizó en el año 2017 cuando Vicent Sarrià todavía estaba al frente de la concejalía de Urbanismo, y ha seguido su curso bajo la actual gestión de Sandra Gómez. Según explicaron en su momento desde el consistorio, uno de los principales motivos que llevaron a rescatar este instrumento fue la necesidad de dejar de "crecer hacia afuera" para empezar a crecer "hacia dentro".
Es decir, incentivar la movilización de todos los solares que ahora mismo están pendientes de desarrollo dentro de la ciudad en lugar de apostarlo todo al crecimiento de los barrios fuera de las lindes de la capital. En este sentido, el Ayuntamiento no solo buscaba un cambio de modelo urbanístico sino también una recuperación de la imagen de la ciudad.
Y es que, en su momento achacaron el grave impacto que tienen los solares vacíos sobre la estética de los barrios, especialmente en aquellas zonas históricas con un gran patrimonio. Y, del mismo modo, también alegaron que esta es una manera más de movilizar el mercado de la vivienda, al impedir que los propietarios puedan mantener los solares estancados con el ánimo de especular con el precio.
