VALÈNCIA (EP). El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha defendido que la Generalitat sigue con el proceso de reestructuración "responsable" del sector público instrumental y ha destacado que el mayor incremento de presupuesto ha ido destinado a las cuatro fundaciones de investigación sanitaria, hasta un 70% entre 2015 y 2021, este último año ante su "papel fundamental en la respuesta a la COVID-19".
"No es el número de entes, sino a qué y a quién sirven", ha recalcado este jueves en la comisión de Economía del PP en respuesta al PP, que ha denunciado que la ley del sector público fue una "promesa" de un seminario de gobierno de 2016 y que tras estos cinco años "no se sabe nada".
Soler ha asegurado que la reestructuración va "bien" y ha reiterado que el gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) heredó en 2015 "un sector público completamente endeudado, inviable, al servicio de unos pocos y lleno de amigos y familiares de los que mandaban", los 'populares'.
Por contra, ha querido dejar claro que estos años se ha iniciado una reforma basada en la reducción de la deuda, la viabilidad económica la transparencia y la racionalización y la eficacia y la eficiencia, con la eliminación de las entidades que "no cumplían una clara finalidad social".
Según ha explicado, durante esta legislatura y la pasada se han extinguido entes "ruinosos" o que no cumplían estos criterios, como la Ciudad de la Luz de Alicante "con un agujero de 400 millones imputable directamente a la mala gestión del PP".
Estas son las entidades que se encuentran actualmente en proceso de extinción: Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat, Fundació de la Comunitat Valenciana de Les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana Llum de les Imatges, Fundació per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte (FAVIDE) y Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just.
También ha resaltado que otras se han rescatado de "la mala gestión del PP" como Fira València, que contaba con "mil millones despilfarrados por sobrecostes, gastos en regalos, dietas y viajes o pagos a Orange Market", o el aeropuerto de Castellón "con una deuda de 221 millones y cuentas ficticias, procesos judiciales, impagos y contratos millonarios mal ejecutados". Ahora ha celebrado que se ha rebajado el agujero de deuda que arrastraba en un 90%.
En general, ha remarcado que el sector público se encuentra "prácticamente invariable" sobre el presupuesto consolidado de la Generalitat, desde 2015 en torno al 11,3%. Y ha defendido que este aumento se reparte entre cinco entidades que atienden servicios esenciales como LABORA (empleo), IVASS (atención sociosanitaria), SGISE (emergencias), VAERSA (medioambiente) y FGV (transporte).
Es más, ha hecho hincapié en que entre los que han recibido un mayor aumento presupuestario se encuentran las cuatro fundaciones de investigación sanitaria, con una subida de un 70% entre 2015 y 2021, destacando su papel en la pandemia que "enorgullece" al Consell.
El 'popular' Rubén Ibáñez, por su parte, ha denunciado el retraso en aprobar esta ley que salió del "primer encierro del Botànic" en su seminario de gobierno de Morella en enero de 2016. "Después -ha apuntado- compareció una secretaria autonómica y dijo que se estaba trabajando en ello, pero no sabemos nada".
En estos años ha criticado que la reforma ha ido "engullendo" varios secretarios autonómicos, mientras "el conseller saca pecho de la que se hizo con el PP, en los planes de ajuste que envía al Ministerio, y la pone como ejemplo del esfuerzo para reestructurar más de 3.000 millones".
Tras acusarle de "cambiar el chip", el portavoz de Economía del PP ha recordado que Soler dijo que se iban a suprimir 12 entidades en el plan de ajuste cuando "desde 2015 se han creado 11 más solo de la Generalitat: Las cuentas no salen, prometen quitar 12 entidades y crean 11 y se ha pasado a un presupuesto de 1.112 millones más respecto a 2015 y a unas pérdidas de 1.167 millones de 2016 a 2020".
Con estas cifras, a su juicio, el tripartito puede esperar todo el tiempo del mundo para cambiar la ley, ya que ha criticado que alguna de las entidades de reciente creación, como la televisión autonómica À Punt, ha pasado "de perder 69 millones en el año anterior a perder casi 72 en 2020". "Está perdiendo ya más que su presupuesto", ha advertido, lo que ve insólito.
En su réplica, el conseller socialista ha acusado al PPCV de "ser tan indecentes de pretender dar lecciones" tras dejar entidades "saqueadas por la corrupción y con una falta total de planificación e irregularidades en los sistemas de contratación con las que han tenido que cargar todos los valencianos".
Ahora ha asegurado que la prioridad es la función social y ha destacado los cinco acuerdos cerrados con los sindicatos en el ámbito de los recursos humanos porque es "la parte más sensible para la renovación del sector público".
De cara al futuro, Soler ha garantizado que la nueva ley del sector público en fase de tramitación acumulará la experiencia de estos años, con lo que el PP no puede tener "ninguna duda" de que responderá a la vocación de servicio, transparencia y "compromiso con los valencianos".
Por otro lado, la comisión ha acordado la próxima comparecencia del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, o del cargo institucional en quien delegue para informar de la actividad de la compañía en la Comunitat, la situación del sector y sus perspectivas, a propuesta de Unides Podem ante la escalada de la factura de la luz.
No ha salido adelante una propuesta de Ciudadanos para que las familias tengan la posibilidad de deducirse en el tramo de la renta la cuota que abonan a las AMPA escolares, aunque este grupo pretende volver a presentarla en el debate de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat.