Vicent Soler y Cristóbal Montoro. Foto: EFEVALENCIA (VP/EFE). El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reclamado al Gobierno que "rectifique y cumpla con su compromiso" de ampliar el techo de déficit de 2016 del 0,3 % al 0,7 % del PIB, una medida que supondrá para la Comunitat 400 millones más destinados a pagar a los proveedores, pymes y familias.
Tal y como publica este martes Valencia Plaza, el Gobierno alega que no puede aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera por estar en funciones, algo que no se ajusta a la realidad porque el Ejecutivo en funciones no puede aprobar el Presupuesto ni llevar proyectos de Ley al Congreso, pero sí aprobar acuerdos como el del CPFF por razones de "interés general".
Al respecto, Soler asegura en un comunicado de la Generalitat, "no hay razón alguna para que el Gobierno de España no proceda a clarificar que el techo de gasto, como se comprometió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 28 de abril, pase del 0,3 % al 0,7 %".
"Si no lo hace, es porque no quiere", ha aseverado el conseller tras defender que la Ley 50/1997, del Gobierno, actualmente vigente, permite al Ejecutivo central aprobar medidas como esta simplemente apelando al interés general, "una condición que es obvio que se da".
Vicent Soler ha emplazado al Gobierno a "no jugar con el dinero de todos" con fines "que se antojan electorales" y, sobre todo, a "no jugar con los proveedores, familias y pymes, a los que se castiga con una actitud que supondría bloquear 400 millones para la Comunitat Valenciana que van destinados a ellos".
"La ley del Gobierno permite adoptar la ampliación de los objetivos de déficit. Existe un Gobierno en funciones pero existe un Gobierno y un Parlamento y eso son trámites que se pueden hacer. ¿No lo hace? Tendrá que dar explicaciones porque pretenden causar sufrimiento, no a los gobiernos, sino a miles de ciudadanos que pagarán las consecuencias", ha criticado.
La citada ley de Gobierno limita las decisiones que puede adoptar un ejecutivo en funciones, entre las que figura el veto a aprobar proyectos de ley, y para las actuaciones que no sean objeto de ley (los objetivos de estabilidad son acuerdos de Consejo de Ministros), establece que "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
El comunicado de la Generalitat añade que en la reunión del 28 de abril, el Consejo de Política Fiscal y Financiera "informó favorablemente sendas propuestas de objetivos de estabilidad y deuda pública para 2016 y para 2017-2019, según el trámite establecido en el artículo 15.1 de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
"El Gobierno dio por hecha la aprobación de esta medida, y así lo difundió públicamente. Sin embargo, este domingo el ministerio trasladó que no podría materializar esta medida alegando que un Gobierno en funciones no puede llevar al Parlamento unos nuevos objetivos ni el aumento de la financiación que comportan", añade la nota.
El conseller ha afirmado que se trata de "una cuestión de voluntad política" y ha acusado al Ministerio de Hacienda "estar haciendo un chantaje intolerable a las comunidades" con el fin de "presionar" para facilitar la investidura del presidente en funciones.
Soler ha criticado que el Gobierno alegue que "está en funciones para unas cosas y, en cambio, para imponer recortes o solucionar el problema de la financiación, aunque sea transitoriamente mediante una aportación extraordinaria, se aplique con crueldad presupuestaria. Es un Gobierno irresponsable, antiautonomista y, en lo que afecta a la Comunitat, antivalenciano", ha añadido.
Soler ha censurado que el Ejecutivo "da a unas comunidades un dinero que no tienen que devolver y a otras, como la valenciana, unos recursos que hay que devolver y con intereses" a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
"No es la solución, es un sistema perverso que nos ha costado 1.256 millones en intereses desde 2012, pero ahora encima nos niegan también esta vía", ha denunciado el conseller.
