El vicepresidente Martínez Dalmau, en una visita a Alicante el pasado octubre. Foto: GVAVALÈNCIA. La mitad de las localidades de la Comunitat Valenciana tiene una urgente necesidad de vivienda pública. En concreto, se trata de 248 municipios con importantes déficits, especialmente en localidades como Gandia, Pilar de la Horadada, Burriana o Sollana. Así se desprende del Informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), elaborado por el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
Pero, además de la escasa de oferta pública en la autonomía valenciana, el documento refleja que son más de 18.000 las personas que han solicitado un inmueble público en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Generalitat Valenciana. Y es que el actual parque público no satisface una demanda en auge en los últimos años.
De hecho, el principal objetivo de la Conselleria dirigida por Rubén Martínez Dalmau para esta legislatura es precisamente ampliar el número de viviendas de la Administración valenciana. De acuerdo con el informe, el déficit de inmuebles de titularidad pública alcanza casi las 30.000 unidades, con municipios donde los inmuebles de titularidad pública son prácticamente inexistentes.
En la actualidad, el parque público de la Generalitat, gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), asciende a 12.514 viviendas. La mayoría se encuentra actualmente en cesión, en diferentes regímenes, como alquiler social o asequible, mientras que otras viviendas se encuentran ocupadas ilegamente y en proceso de regularización. En septiembre, la cifra rozaba las 1.300, según los datos de la EVha.
También existe una parte de la cartera que está a la espera de inspección para valorar las reparaciones que se tienen que llevar a cabo para incorporarlas al listado de viviendas disponibles. Este es el caso de 429 inmuebles que se encuentran sin asignar, a falta de una rehabilitación más o menos profunda para alcanzar un nivel aceptable de habitabilidad. De ellas, 223 se ubican en la provincia de Valencia, 160 en Alicante y 46 en Castellón. A estas habría que sumar otras 415 del parque propio de la EVha, por lo que en total la Generalitat dispone de 844 viviendas sin adjudicar.
La demanda de vivienda pública es alta. Según el informe, hay 18.268 solicitudes en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Generalitat, esto es, personas interesadas en disponer de una casa de protección pública. Para poder acceder a uno de estos inmuebles, los interesados deben solicitar su incorporación al listado de espera de demandantes que gestiona la EVha, además de estar inscritos en el Registro. A partir de las solicitudes recibidas se elaboran las correspondientes listas de espera para identificar la demanda de vivienda y basar los procedimientos de adjudicación.
En concreto, de esas más de 18.000 peticiones, unas 8.088 corresponden a solicitudes de inmuebles en Valencia, 7.996 en Alicante y 2.184 en Castellón. En los tres casos, la mayoría son para las capitales, aunque también hay localidades que concentran un importante volumen de solicitudes. Este es el caso de Gandia, donde existen 868 peticiones, o de Elche, con 768. También destacan Dènia, con 448 demandantes; Paterna, 496; Torrevieja, 429: Alzira, 363 o Alcoi, 364. En Castellón, la mayor parte se localizan en Burriana, 262 peticiones, y la Vall d'Uixó, 272.
Eso sí, del conjunto de solicitudes en el Registro, 12.572 son de personas que están ya en la lista de espera para que les sea asignada una vivienda. La mayoría son de Valencia, 6.774 solicitudes. Le siguen Alicante, 4.549 peticiones, y Castellón, 1.249.
A la hora de la adjudicación de los inmuebles, la Generalitat ha establecido un orden de prioridad para las personas que hayan sido desahuciadas por impago de la cuota de la hipoteca o del alquiler o por ser avalador de un préstamo hipotecario y no poder hacer frente al mismo.
Pero también hay otras circunstancias particulares, como la diversidad funcional, hijos dependientes, víctimas de violencia de género, menores a cargo o ser mayor de sesenta años. Y es que el hecho de que las unidades de convivencia presenten una o varias de estas circunstancias particulares puede derivar en una situación especial de emergencia habitacional a tener en cuenta. De hecho, según los datos del documento, unas 13.087 peticiones son de personas con circunstancias particulares, lo que supone el 72% del total. Hasta 6.025 son de demandas de Valencia; 5.488 de Alicante y 1.574 de Castellón.
Por otra parte, un 13% del total corresponde a afectados por desahucios en la autonomía valenciana: 2.465 personas -1.324 en Valencia; 875 en Alicante y 266 en Castellón-. Principalmente, se concentran en las capitales de provincia: València, 546; Alicante, 356 y Castelló, 79.
Los municipios más afectados por desahucios son Gandia, 112; Paterna, 61 y Alzira, 44, mientras que en la provincia alicantina los más afectados son Elche, 96; Dénia, 49 y Torrevieja, 57. En Castellón, se trata de Burriana, 55 y la Vall d'Uixó, 50.
