La diputada de Podemos, Fabiola Meco. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Este miércoles los grupos de Les Corts dieron luz verde a la reforma de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Una modificación que, más allá de los cambios que afectan al mandato de los consejeros o a quién corresponde la elección de los miembros, despertó interés por cuestionar la continuidad del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en este órgano consultivo.
Durante la negociación de las enmiendas al texto, los grupos del Botànic –PSPV, Compromís y Podemos– y Ciudadanos llegaron a una serie de acuerdos. Entre ellos, limitar el mandato de los consejeros electivos a ocho años en total: un periodo de cuatro años renovables por otro plazo idéntico. A esta enmienda se sumaba otra más para que la limitación temporal tuviera efecto no solo a partir de la aprobación de la modificación de la norma, sino que se aplicara con carácter retroactivo sobre los "miembros actuales".
El texto de aquella disposición transitoria describía que los "miembros actuales del Consell Jurídic Consultiu" podrían optar a "una única renovación con independencia de que esto se exceda el mandato máximo que se establece en la presente ley de ocho años". Una redacción que Podemos entiende que impediría que Camps siguiera como miembro nato del CJC más allá de 2020 porque no discernía entre miembros electivos o natos.
Sin embargo, si antes de llegar al pleno el PSPV ya discrepaba con la formación morada sobre si esta cláusula afectaría al exjefe del Consell, ahora son todos los grupos parlamentarios los que dudan que esta enmienda pueda interpretarse en este sentido. Y así de claro lo dejaron en el transcurso del debate del pleno de este miércoles en el que se validó la reforma de la ley.
La formación del puño y la rosa que lidera Manolo Mata insistió en el argumento que ya defendió a principios del mes de abril: los miembros natos del órgano consultivo de la Generalitat no tienen mandato y, por tanto, no deben "renovar" su permanencia. Por lo que, creen que esta ley no le afecta al que fuera presidente del Gobierno valenciano hasta 2011, ya que se rige por el Estatuto de Expresidentes que da a los miembros natos un periodo único de 15 años para estar en el CJC.
Por su parte, la diputada y portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, también mostró sus dudas sobre la aplicación de este artículo a Camps. Cuestionó que, conforme está concebida la norma, la limitación de mandatos pueda aplicarse a los miembros natos -expresidentes de la Generalitat- porque cuando se habla de ellos "se referencia a la ley de expresidentes" y no a la propia ley del CJC.
Mollà señaló que su grupo no quería "esconder ese debate" e instó a la capacidad de diálogo para cambiar esa norma porque Compromís considera que los expresidentes no tienen por qué ser miembros natos del CJC, sino que podrían formar parte del Comité Económico y Social (CES) como "figuras relevantes que han sido". Una propuesta que, de hecho, ya hizo Podemos también hace dos años cuando se abordó la reforma del Estatuto de Expresidentes, pero que finalmente quedó en nada porque se rechazó en pleno.
También Ciudadanos se refirió a esta norma para exponer sus interrogantes. El parlamentario Tony Woodward consideró que el mandato de los expresidentes está regulado en otra ley, por lo que explicó que deberían corregirlo cuando se debata el citado estatuto.
El Partido Popular fue el único que no votó a favor de la reforma de la ley de 1994. Los populares se abstuvieron. A juicio de la diputada del PP María José Ferrer San Segundo la reforma "no era urgente ni necesaria" porque "no está entre las preocupaciones de la gente". Apuntó que rompía "el equilibrio institucional" en el nombramiento de consejeros electos, ya que antes tres eran nombrados por el Consell y otros tres por Les Corts, y ahora cuatro serán elegidos por el parlamento y otros dos por el Ejecutivo.
La portavoz de Justicia de los populares también lamentó que los mandatos se establecieran de cuatro años, "coincidente con una legislatura, un grave error que perjudica la neutralidad" a la vez que criticó que se perdiera la oportunidad de actualizar las competencias del CJC para incluir las proposiciones legislativas de los grupos como iniciativas sujetas necesariamente a dictamen.
