Las bandas se organizan para tener una voz unificada ante un hecho que afecta a muchos de los participantes en las últimas ediciones. La Diputación de València admite la situación, apunta a un “colapso en Intervención” y señala a las cooperativas de facturación como parte del problema acumulado. Además, ha convocado al colectivo a una reunión “de urgencia” este miércoles después de conocer que estos habían celebrado una asamblea para emitir un comunicado y enarbolar una posición conjunta. Los artistas aseguran que no es el único conflicto abierto, pero sí el más extendido y que incluye diversos casos por varios miles de euros
VALÈNCIA. El 25 de julio la diputada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel García, anunciaba que Sona la Dipu aprovechaba un remanente de 2017 para aumentar el ya de por sí notable músculo del proyecto para 2018: en total, unos 900.000 euros. La idea no pasó desapercibida y desencadenó un brote de indignación entre los grupos que ya venían organizándose en torno a un problema extendido: el impago de sus actuaciones. Reunidos desde hace meses en un grupo de WhatsApp, el pasado domingo 2 de septiembre se vieron las caras para comentar de manera individual lo vivido en cada caso. Allí, 17 formaciones musicales de todo tipo, consensuaron tener una voz única de cara a la Diputación y a la prensa, sobre todo para evitar que se pueda personificar en un artista o banda el problema y, sobre todo, porque a partir de la conversación han sido conscientes de otros conflictos generalizados.
Para organizar dicha respuesta conjunta, este colectivo que incluye a buena parte de los grupos que han pasado por Sona la Dipu en sus últimas tres ediciones ha abierto un mail: [email protected]. Su nivel de organización interna ha llevado a que los responsables del programa se pongan en contacto con ellos para convocarles “de urgencia” –según fuentes del colectivo– el próximo miércoles 5 de septiembre a las 12 del mediodía en la Diputación. El número de grupos afectados y la suma de los impagos se desconoce, aunque fuentes del colectivo hablan de “buena parte de todos aquellos que han actuado durante los últimos años como concursantes para el Sona” y una cifra “no inferior a los 65.000 euros más IVA”.
El dato en realidad responde a aquellos de los que se tiene constancia. La cifra, caso por caso, en proyectos de empresa más que incipientes, supone “una asfixia económica. En cifras de varios miles de euros, poder o no tener recursos para hacer giras, salas, grabar, promocionarte, tener más seguridad con el proyecto… todo”. Aunque la expresión es similar entre varios de las y los consultados, ninguno quiere figurar en el artículo como así consensuaron tanto en el grupo de WhatsApp como en la reunión presencial del pasado domingo.
El director de Sona la Dipu, Quique Borrás, admite ser “consciente de lo que supone para los grupos los impagos”. Niega tajantemente que haya impagados de 2015 o de ediciones anteriores y asegura a Cultur Plaza que “hay algunas deudas de 2016, pero sobre todo desde la edición de 2017”. Él mismo entró a formar parte del organigrama en marzo de ese año, en un cargo de nueva creación que, entre otras cosas, nacía sincronizado con un nuevo modus operandi en la operativa de la Diputación. En aras de la transparencia, los procedimientos cambiaron “por completo”, según Borrás, convirtiéndose en el principal conflicto según el director de Sona la Dipu ante la situación actual: “somos conscientes del problema que se ha generado. Se deriva de los nuevos procedimientos administrativos. Anteriormente, que no vamos a calificar ahora cómo se hacían las cosas, no se realizaban los procedimientos actuales. Pero esto, efectivamente, ha afectado a los grupos”.
Borrás asegura que todo se deriva de un “colapso en Intervención” de la Diputación de Valencia. “El departamento está totalmente colapsado, pero hay que seguir el sistema reglamentario. Esto ha provocado que haya retrasos en los pagos”. Preguntado acerca de si es consciente de que esta realidad haya afectado a otras áreas de la Diputación y de que otros –proveedores, terceros, receptores de ayudas– tengan el mismo problema, Borrás dice desconocer “los problemas que se pueden tener en otras áreas”. Eso sí, se muestra categórico ante el conflicto que admite: “queremos solucionar y puedo decir que nadie se va a quedar sin cobrar”, insiste el director del certamen que contesta a la situación tras reincorporarse este lunes al puesto tras sus vacaciones.
Preguntado por Cultur Plaza, Borrás no concreta a este diario cuántos grupos están afectados por los impagos. Tampoco fija la cantidad acumulada de deuda con los grupos: “la cantidad, me la voy a guardar, pero puedo decir que si bien es relativa si la comparamos con el presupuesto del festival, somos del todo conscientes de lo que puede suponer para ellos [en alusión a las bandas]”. Añade que el remanente aplicado del pasado año a este “no se va a utilizar para pagar cosas pendientes”, aludiendo a la división presupuestuaria y el rigor de comprender los gastos de cada ejercicio y computarlos a su debe. Es en este punto cuando desliza la que, según el principal responsable de Sona la Dipu junto a la diputada del ramo, es el principal inconveniente al que se enfrenta su proyecto ante Intervención.
Aunque Borrás no porcentúa exactamente a cuántos se refiere, abre una línea argumental para justificar una parte de los impagos: “aquí cada parte tiene su responsabilidad y nosotros no eludimos la nuestra, pero hay grupos que no presentaron en su momento el alta administrativa. Otros que no han hecho los papeles correctamente y otros que lo han hecho a través de estas cooperativas [caso Factoo] de cobro de facturas. Intervención nos ha echado para atrás ese procedimiento, así que entre los cambios en el procedimiento administrativo y todos estos problemas, se han provocado los retrasos en los pagos”, añade. Pese a que las situaciones son dispares, Borrás asume que hay casos “de 600 á 4.800 euros”. En el caso de los ganadores del certamen, dado que su actividad les ha llevado a acumular más ‘bolos’, parece ser que las cifras serían superiores a esta última, aunque en algún caso –y con largos procesos de insistencia y espera, según comentan a Cultur Plaza– han saldado por completo su deuda.
Lo cierto es que el supuesto de las cooperativas de facturación es un caso contrastado de conflicto en distintas intervenciones de distintas administraciones y el propio Borrás confirma que el método era admitido “hasta determinado momento. Intervención dijo ‘hasta aquí’ y afectó a bastantes grupos que facturaban a través de este sistema”. Anulado este procedimiento, entre algunas de las bandas consultadas por este diario durante los últimos meses respecto al conflicto, existe la duda de si se podrá revertir de alguna manera la situación: el colapso parece no tener solución al no poder justificar en 2018 un trabajo realizado en 2016 o 2017, por lo que desde Sona la Dipu se trabaja en una solución: “vamos a solucionarlo lo antes posible. Entendemos que la paciencia de algunos puede acabarse, pero desde aquí estamos haciendo absolutamente todo para que se solucione lo antes posible”, concluye su director.
El conflicto destapado ahora por las bandas en torno a Sona la Dipu no es el único al que se enfrenta este programa dedicado a la promoción de los grupos valencianos. Aunque las bandas quieren evitar a toda costa que haya un cúmulo de acusaciones o denuncias con carácter individual, admiten otros problemas. Entre otros asuntos, en las bases del concurso la Diputación de València se compromete a realizar “acciones de tutelaje que permitan la inmersión de los grupos en el mundo discográfico, a través de seminarios, cursos o acciones similares”. También, a realizar un “plan de gestión integral de comunicación con el objetivo de mantener a Sona la Dipu como un referente para la música en directo y promocionar las bandas noveles a nivel provincial, nacional e internacional”. Las bandas consultadas durante estas semanas se preguntan por estos compromisos. Borrás asegura a este diario que se empezarán a cumplir una vez superada la actual edición de Sona la Dipu, que finaliza a finales de este mismo mes de septiembre.
Pero todavía hay más porque los conflictos no solo se revelan por parte de las bandas: desde que se tiene constancia en el histórico del proyecto, los estudios de grabación que realizan la producción musical asumen la fabricación de 1.000 CD’s. Ninguna de las diversas empresas consultadas fabrica CD’s, pero el programa Sona la Dipu exige que sea el estudio quien asuma esa fabricación y la costee. Como en el caso de los grupos, los retrasos en los pagos se acumulan durante largos periodos (tanto por la producción, que es su actividad principal, como por la fabricación costeada), aunque en este momento ninguno de los estudios consultados parece tener pendiente este cobro. En este sentido, tanto productores como bandas se preguntan a qué responde esa fabricación, por qué la asumen las empresas de producción musical y si existe alguna inquietud por modificar el procedimiento.
Es uno de los frentes que acumula Sona la Dipu que, pese a no tener inconveniente a contestar ante estos problemas, parece ser consciente de que el sector ha empezado a cuestionarse su situación y futuro una vez que ya entiende que la nueva dirección debería haberse asentado. Jorge Martí, vocalista, guitarra y compositor de La Habitación Roja, habló abiertamente de los impagos en mitad del concierto de Sona la Dipu del pasado 22 de agosto, algo que varias fuentes también admiten que hizo saltar las alarmas en distintos estamentos de la Diputación (el concierto se celebró en Ontinyent, población de la cual es alcalde el dimisionario presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez). Por otro lado, el Sindicat de la Música Valenciana (Simuv) está al corriente de la situación y según sabe este diario está tratando de acompañar al colectivo respetando su decisión de aglutinamiento tras el grupo de WhatsApp común y el mail [email protected]. Cabe recordar que los críticos musicales Eduardo Guillot y Vicente Fabuel, miembros del jurado de Sona la Dipu de la pasada edición, decidieron desvincularse del proyecto tras finalizar el ciclo de conciertos veraniego aludiendo desavenencias en el enfoque y objetivos del programa.
Esta misma mañana, el festival independiente Truenorayo Fest se ha desvinculado de su relación con Sona la Dipu y lo ha hecho con unas acusaciones directas sobre su transparencia y gestión. En la nota de prensa previa a su rueda de prensa de presentación, que se celebrará el próximo 17 de septiembre, sus promotoras dicen: "Nos gustaría señalar que, a pesar de suponer un impacto económico para el festival, este año no se contará con Sona La Dipu debido a la falta de transparencia y saber hacer por parte del concurso y la institución. Hemos tomado esta decisión porque creemos que es imprescindible ser coherentes con nuestros principios, donde la música, los creadores y la cultura son la base del festival, porque no todo vale".
Preguntadas por esta decisión, las responsables del festival han asegurado que será en la presentación del festival donde den más detalles sobre este hecho. Como ya se desprende del mensaje, el apoyo económico de Sona la Dipu en cualquier caso sí suponía hasta la fecha una ayuda importante para su celebración, pero que han decidido esquivar por las desavenencias que se intuyen del comunicado. Borrás, preguntado también por este hecho, ha asegurado desconocer el mensaje, la motivación o razones del mismo y ha mostrado su respeto por la opinión del Truenorayo Fest. Ha admitido conocer que la relación cesaba unilateralmente por parte del mismo a través de este diario, pero ha querido explicarse para concluir: “precisamente, nuestra exigencia en cuanto a la transparencia está motivando algunos problemas en el retraso de los pagos, así que no creo que, en ese sentido, se nos pueda acusar de que no se estén haciendo las cosas bien”.
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