La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Congreso. Foto: Jesús Hellín (EP)VALÈNCIA. Cuando sube la inflación y suben los sueldos para acompasarlos a la subida de precios, los españoles cobran más pero su poder adquisitivo es el mismo que tenían. Sin embargo, si el Gobierno y la Comunidad Autónoma donde vive no modifican las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuando llegue la hora de la declaración Hacienda constatará que esas personas han ingresado más dinero y, por lo tanto, tendrán que pagar más impuestos. Más impuestos con el mismo poder adquisitivo.
La próxima declaración de la Renta les va a salir más cara al conjunto de contribuyentes españoles, que tendrán que pagar una media de 199 euros más en su declaración de 2021. Esa es la consecuencia de la decisión del Ministerio de Hacienda de no tener en cuenta el impacto de la inflación del 6,5%, la más alta en 30 años, en el cálculo de la tarifa del impuesto sobre la renta ni en el resto de elementos. Es lo que se conoce en la jerga económica como "deflactar la tarifa". Ello permitirá al Estado y a las CCAA obtener una recaudación adicional de 4.110 millones de euros, toda una subida de impuestos encubierta sin tener que asumir el coste político que tendría elevar los tributos.
La mala noticia para los valencianos es que, obviamente, no se van a quedar al margen de la subida, pero la buena es que en su caso el sobrecoste fiscal que van a tener que soportar por el aumento de la inflación está diez euros por debajo de la media de españoles: 189 euros por declarante.
Esos cálculos forman parte del estudio que el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid José Félix Sanz ha realizado para la Fundación Disenso, donde la Comunitat Valenciana, con más de 431 millones de euros, será la cuarta región donde Hacienda obtendrá mayor recaudación adicional por detrás de Cataluña (817 millones); Comunidad de Madrid (810 millones) y Andalucía (603 millones).
La postura del Ministerio de Hacienda de no aplicar la deflactación de las tarifas del IRPF teniendo en cuenta la inflación no es algo extraordinario. Ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, lo ha hecho desde 2008, la última vez que se deflactaron las tarifas con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, aunque la mayoría de esos años el impacto no ha sido tan grande porque la inflación se situó en torno al 1% o por debajo, incluidos dos años en que fue negativa.
La práctica habitual, mientras el IPC se ha mantenido estable, era no deflactar las tarifas para aumentar la recaudación sin tener que subir los impuestos, pero lo relevante este año es que la inflación récord de 2021 hará que todos los declarantes tengan que pagar bastante más con independencia de su nivel de renta y sin haber aumentado su poder adquisitivo.
El estudio explica que esta sobrecarga impositiva en el IRPF asociada a la inflación –conocido por los economistas como progresividad en frío o rémora fiscal– pasa relativamente desapercibida por ser una subida impositiva encubierta que no necesita de acciones discrecionales por parte del gobierno. "La inflación incrementa la factura fiscal de los contribuyentes sin que explícitamente se tengan que subir los tipos impositivos u otros elementos estructurales del impuesto. Se trata, por tanto, de un incremento impositivo poco visible y que, precisamente por ello, suele ser del agrado de los gobiernos al no imponerles costes políticos", concluye José Félix Sanz.
Su estudio cuantifica el total de la factura fiscal extraordinaria en la campaña de IRPF esta primavera ascenderá a un total de 4.110 millones, de los que 1.693 millones corresponden a la no indexación de las tarifas de gravamen mientras que 2.417 millones son la consecuencia de no ajustar el resto de elementos del sistema.
Las distorsiones más relevantes que genera la inflación sobre el IRPF inciden en la base imponible –tanto en los tipos medios como marginales–, la progresividad real de la tarifa y las desgravaciones y exenciones. El efecto es que los declarantes soportan tipos medios efectivos superiores a los que les correspondería, ya que no responde a una mejora de su capacidad económica, sino al efecto de la inflación.
Dado el carácter progresivo del impuesto sobre la renta, los declarantes de las CCAA de régimen común más ricas en términos de renta per cápita son los que encajarán las mayores subidas. Los madrileños pagarán de media 240 euros más, seguidos de los catalanes y baleares, que lo harán por 224 y 215 euros, respectivamente.
A continuación se sitúan asturianos, con un aumento de medio de 208 euros en la declaración de 2021, y aragoneses y cántabros, con 206 euros.
El estudio también desagrega el impacto por provincias. En este caso, el efecto promedio para los habitantes de Valencia será de 198 euros, el tercero más elevado por detrás de Madrid (240 euros) y Barcelona (231 euros). Alicante, con 176 euros por habitante, es la quinta provincia donde mayor sobrecoste sufrirán los contribuyentes, mientras que el incremento medio en la provincia de Castellón será de 186 euros.
