Sumar baraja entre sus ideas la "inaplazable" reforma de la financiación autonómica

VALÈNCIA. (EP) Sumar apunta entre sus primeras propuestas a la necesidad de aumentar el autogobierno de las comunidades, avanzando así en el federalismo, y ve inaplazable una reforma del sistema de financiación autonómica que afronte la "infrafinanciación" que padecen algunos territorios como Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía.

Además, contempla la implementación de un fondo de compensación por "efecto radialidad" en las infraestructuras, para compensar a las comunidades afectadas por ese fenómeno.

Así lo recoge la plataforma en sus documentos de los grupos sectoriales de trabajo, que supone un primer armazón de su propuesta programática para la próxima década pero que no es definitiva, dado que ahora está abierta a la participación y deliberación de la ciudadanía.

Entre sus propuestas figura una bajada paulatina de tasas universitarias hasta conseguir, en un plazo de 10 años, conseguir como mínimo la gratuidad del primer curso de la carrera universitaria, además de mostrarse partidaria de reducir la jornada laboral y de una deducción fiscal a empleados por ingresos bajos.

También sugiere analizar la creación de algunas tasas, en función de renta, para determinados usos del vehículo privado de cara a fomentar el transporte público, un impuesto específico de aviación en trayectos donde exista una alternativa en tren, acometer sin demora un nuevo modelo de financiación y evaluar limitaciones en la compra de vivienda en zonas de mercado excesivamente tensionadas que no tengan el uso residencial como finalidad.

Dentro de la parcela sanitaria, se muestra a favor de elevar el presupuesto para gasto sanitario hasta un 4%, promover la "extinción" progresiva del Muface y habilitar la integración en el Sistema Nacional de Salud, destinar entre un 25 y un 30% el presupuesto específico para la Atención Primaria y fomentar departamentos de medicina comunitaria en todas las universidades en la próxima década.

En materia de vivienda recoge el impulso de un registro nacional de vivienda vacía, que contemple sanciones a grandes tenedores que prolonguen la condición de piso deshabitado durante más de dos años, así como permitir que el recargo del IBI a los pisos vacíos pueda superar el 150%.

También apuesta por bajar al 4% el IVA para promociones de vivienda pública de protección destinada al alquiler gestionadas por la administración o entidades colaboradoras del sector público, o que el ICO lidere consorcios para impulsar préstamos hipotecarios estables en viviendas sociales, tanto en derecho a superficie como en plena propiedad.

Por otro lado, en zonas de mercado excesivamente tensionadas se plantea explorar limitaciones a la compra de vivienda que no tenga objetivo residencial, así como regular los pisos turísticos y el alquiler por temporadas.

En materia educativa, las primeras ideas recabadas por la plataforma plantean suprimir progresivamente la financiación pública de centros privados (modelo concertado), empezando por las zonas escolares donde existe "sobreoferta".

También sugiere como "esencial" en educación primaria y en secundaria obligatoria "limitar la repetición" escolar a "casos excepcionales" y favorecer medidas de refuerzo educativo ante dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, apuesta un sistema educativo que "respete la libertad de conciencia" y plantea que la asignatura de religión no forme parte del currículum educativo ni del horario lectivo.

En cuanto al acceso a la universidad, marca como objetivos seguir la senda de aumento de número de becas y reducir la matriculación de las universidades por curso a niveles inferiores a los 1.000 euros en todas las universidades públicas, así como "equilibrar la balanza entre la nota mínima y la situación socioeconómica", con ayudas en función de renta.

Y a medio plazo y en relación con una política de reducción de precios públicos, desliza que de manera progresiva en una década habría que llegar a la gratuidad de, al menos, el primer curso de estudios universitarios.

Respecto a la sección de cuidados, desliza la idea de adaptar el sistema de excedencia y permitir que las seis semanas obligatorias por permisos por nacimiento no sean forzosamente simultáneas para ambos progenitores. Una de las principales propuestas en este apartado es reducir la jornada laboral a 35 o 32 horas en general.

Otro de las ideas recogidas por Sumar es fomentar una deducción fiscal para trabajadores con bajos salarios, en la línea del 'earned income tax credit (EITC)' estadounidense y una tendencia al alza de las prestaciones de garantía de ingresos mínimos. También incluye en los documentos de síntesis de propuestas la posibilidad de implementar una deducción fiscal "reembolsable u universal" de apoyo a las familias con menores a cargo.

En materia de movilidad, en un prima de reducción de emisiones y de reforma fiscal, esboza una tasa por uso de infraestructura por renta y tipo de automóvil y el número de usos cuando se coja vehículo privado, en casos donde existe modos de transporte alternativo a menos del 75% del precio que supone un viaje en coche privado y en una frecuencia superior a cuatro servicios por día, que se destinaría a sufragar el transporte público.

También desliza un sistema de peajes urbanos basados en renta en las grandes ciudades con servicios de movilidad de alta frecuencia, como puede ser disponer de metro, con el despliegue de una legislación que permitiera a los ayuntamientos implementar una tasa por cogestión para reducir la presencia del vehículo privado, siempre aplicados con las debidas consideraciones de carácter social.

A su vez, apuesta por un impuesto sobre los viajes de avión cuando existan modos de transporte menos contaminantes, alternativos y viable, buscando el trasvase modal al ferrocarril. En estos casos se desincentivaría las subvenciones a aerolíneas.

Otra línea sugerida por la plataforma es revisar la fiscalidad de los vehículos de automoción (por tipo de carburante por ejemplo), con las "debidas compensaciones" sectoriales y aplicando una política basada en rentas que facilite la movilidad de las personas con menor capacidad económica.