El partido de Yolanda Díaz quiere hacer permanente el impuesto a grandes fortunas, subir tributos a bebidas azucaradas y eliminar "privilegios" a Sicavs y Socimis
VALÈNCIA. (EP) Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, una reforma "en profundidad" del sistema fiscal español, que incluye el aumento de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de tal manera que paguen más las rentas que superen los 120.000 euros, hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de grandes empresas y establecer un mínimo en el conjunto de España para el impuesto sobre sucesiones y donaciones que las comunidades autónomas no podrán rebajar.
La formación que dirige Yolanda Díaz pretende dar un impulso a una profunda reforma del sistema fiscal español, para mejorar su progresividad y cerrar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. "La reforma estará orientada a que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias", defiende el partido en su programa electoral.
En cuanto al IRPF, Sumar plantea un incremento en el número de tramos a partir de 120.000 euros y la aplicación de tipos marginales crecientes: del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros
En segundo lugar, la formación apuesta por seguir acercando los tipos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo. Este aumento afectaría a rentas del capital a partir de 120.000 euros para llegar, al menos, hasta un tipo del 30%.
Además, considera urgente eliminar el actual régimen de estimación objetiva y el régimen especial de IVA que este lleva asociado y eliminar aquellas deducciones del IRPF "sin justificación económica".
Sumar quiere implementar un impuesto a las grandes fortunas de forma permanente, reforzando además su progresividad, hasta llegar a tipos impositivos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.
El impuesto temporal de este tipo actualmente en vigor y aprobado por el Ejecutivo de coalición grava con el 1,7% a los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; con el 2,1% a los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y con el 3,5% a aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.
Dado que en un principio este tributo está pensado para gravar el patrimonio de las grandes fortunas durante los años 2022 y 2023, Díaz quiere hacer permanente este impuesto para acabar con la desigualdad y financiar medidas como la 'herencia universal' de 20.000 euros a jóvenes.
En el impuesto sobre sucesiones y donaciones Sumar quiere establecer un mínimo en el conjunto de España que las comunidades autónomas no podrán rebajar. "Las herencias son una de las principales fuentes de desigualdad social", defienden desde la formación.
Además, Díaz plantea una reforma, en profundidad, del impuesto de sociedades para aumentar la contribución, en especial, de las grandes empresas. Como medida inmediata promete hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de la empresa, en línea con lo planteado tanto por la OCDE como por la Comisión Europea.
De esta forma, ninguna empresa tributará por debajo de este umbral, con independencia de las deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a los que tenga derecho.
Al mismo tiempo, Sumar plantea la reforma del impuesto debe limitar la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores; revisar y recortar las deducciones, exenciones y correcciones; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales; revisar las ventajas en la consolidación de cuentas de los grupos internacionales; concretar nuevos criterios para definir el concepto de sede de dirección efectiva; modificar la norma anti-deslocalización, introduciendo el concepto de 'jurisdicción no cooperativa' y concretando el criterio de 'nivel impositivo efectivo considerablemente inferior'.
Mientras se aprueba e implementa completamente esta reforma integral del impuesto de sociedades, la promesa de la formación de Yolanda Díaz es mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras.
También se plantea una reforma de la normativa del impuesto de transacciones financieras, la llamada 'Tasa Tobin', para gravar también las operaciones "más especulativas" que actualmente no están sujetas a tributación. Así se incluirán no solo la compra de acciones, sino también los derivados financieros.
Además, Sumar también quiere eliminar "los privilegios" de las sociedades de inversión de capital variable (Sicav, que disfrutan de gravamen del 1%) y de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi, que pagan el 0%).
Además, pretende llevar a cabo una reforma de la normativa del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) --cedido a ayuntamientos-- para que los municipios que así lo decidan puedan establecer escalas según el valor catastral del bien para hacerlo progresivo.
De su lado, Sumar plantea un gravamen sobre los "suelos disponibles para urbanización ociosos". "Coordinaremos los patrimonios públicos de suelo (PPS) de las diferentes administraciones a través de un
'banco de suelo' con la capacidad de comprar suelos adicionales a los PPS a través de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sin concretar cómo, Sumar promete la modernización de la imposición ambiental, para impulsar la obligatoria y urgente transición energética y la descarbonización de la economía, apostar por la sostenibilidad ambiental y obtener recursos adicionales.
Además, plantea el desarrollo de un plan de fiscalidad saludable, actuando en la implantación de un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no saludables y revisando los impuestos actuales al alcohol y el tabaco.
Por último, se promete la reducción del fraude fiscal y mejorar los instrumentos contra la corrupción, además de asegurar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias, particularmente en lo que respecta a patrimonio y grandes fortunas.
Asimismo, Sumar asegura que se analizará de forma continua la economía sumergida y se procurará eliminarla; se creará una base de datos fiscales única compartida entre Administraciones; se igualará el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o diez años en los casos de delitos agravados, y se unificarán los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales y delitos agravados y se equiparará la plantilla de la Agencia Tributaria a la media de los países europeos del entorno.
Sumar ha propuesto en su programa electoral para las Elecciones Generales del 23 de julio la creación de una empresa farmacéutica pública, un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos no saludables o sacar de forma "paulatina" a los funcionarios de la atención sanitaria que prestan las mutuas.
En su documento, la formación liderada por Yolanda Díaz recoge muchas de las propuestas habituales de Unidas Podemos en materia sanitaria, y defiende la sanidad pública como "uno de los pilares" del Estado de Bienestar.
Sin embargo, critican que las "sucesivas oleadas de privatización, precarización y corrupción han erosionado ese proyecto". Por eso, aseguran que van a "devolver a la sanidad pública la grandeza que nunca debió perder".
Dentro de esta visión pública que tiene Sumar de la sanidad, sus medidas pasan, en primer lugar, por un "gran pacto por la salud, la sanidad y el bienestar en España", que prohíba "las formas de gestión privatizadas".
"Promoveremos un plan de desprivatización, que incluirá los servicios de limpieza, hostelería o lavandería, a fin de garantizar una atención de calidad a los pacientes. También desarrollaremos una Ley General de Salud y Bienestar que asegurará una atención sanitaria integrada en los territorios y vertebrada desde la Atención Primaria y comunitaria", especifica el texto.
Igualmente, se comprometen a aumentar el gasto sanitario público medio punto del PIB todos los años hasta "igualar el porcentaje promedio de los diez países europeos con mayor participación de gasto sanitario público sobre el PIB". Una parte "sustancial" de este incremento estaría destinado a reforzar la Atención Primaria y comunitaria y la salud pública.
Una de las medidas estrella de Sumar es crear una empresa farmacéutica pública que "investigue, fabrique y comercialice medicamentos, terapias esenciales y vacunas, guiándose por principios de interés público".
También se fijan como objetivo "avanzar en la eliminación progresiva del copago farmacéutico, priorizando a personas de rentas bajas y elaborando un catálogo de medicamentos de alto valor terapéutico exentos de copago".
Igualmente, también apuestan por incorporar o mejorar en los servicios sanitarios públicos prestaciones como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.
"Son servicios sanitarios que tienen un gran impacto en la población, pero no están incluidos en la cartera básica de servicios de salud o están presentes de forma insuficiente", han asegurado. Sumar también quiere culminar la transferencia autonómica de las competencias en sanidad penitenciaria o incrementar los anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Tal y como proponía Podemos en sus anteriores programas electorales, la nueva formación que ocupa este espectro de la izquierda también aboga por "integrar" a las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS) "de forma paulatina, escalonada y programada" bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público.
Asimismo, Sumar también pretende que se elimine la posibilidad de que las entidades locales "realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos".
Junto a esto, la formación quiere una ley de listas de espera que "establezca tiempos máximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en toda España".
Al igual que el PP, la formación liderada por Yolanda Díaz también propone un plan de choque para fortalecer la Atención Primaria, con financiación directa para que las comunidades autónomas puedan "aumentar personal, mejorar las infraestructuras y adquirir material sanitario".
En materia de personal sanitario, quieren avanzar para "acabar con la temporalidad y la precariedad". En este sentido, se comprometen a "reconocer el derecho a jornadas y horarios racionales, previsibles y respetuosos con los derechos de los trabajadores, para garantizar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional".
Así, aseguran que acabarán "con las guardias médicas de matronas y enfermeras de 24 horas, avanzando desde el sistema de guardias a un sistema de turnos, como ocurre en otros países europeos". "Promoveremos la reorganización de plantillas para avanzar hacia la aplicación de la semana laboral de 32 horas en el sector público", ha detallado Sumar.
De la misma forma, apoyan aumentar las plazas de formación de Medicina, Enfermería y Psicología en las universidades públicas "con criterios de distribución geográfica según las necesidades de la sanidad de cada territorio".
Otro plan de choque que propone Sumar se centra en salud mental, incluyendo campañas "urgentes" para mejorar la atención específica de colectivos especialmente vulnerables al sufrimiento psíquico. También defenderán un Pacto de Estado por la salud mental para que "estas políticas partan del consenso institucional, con líneas de financiación finalista a comunidades autónomas para estrategias de salud mental, destinadas especialmente a aumentar las plantillas de profesionales de psicología, así como medidas específicas para abordar la salud mental de juventud y prevenir el suicidio juvenil, con atención específica en centros educativos".
Al respecto, se comprometen a incrementar el número de profesionales de psicología clínica, enfermería especializada en salud mental, trabajo social y psiquiatría de la red sanitaria pública con el objetivo de "crear una red de continuidad de cuidados basada en los centros de salud mental comunitarios y los centros de Atención Primaria".
Otra medida en salud mental es desarrollar un plan nacional contra el suicidio que "no solo refuerce la dimensión asistencial sino que también ponga el foco en las condiciones de vida y las intervenciones en el medio".
Por otro lado, Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, constituir, en menos de diez años, un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año.
La idea de la formación es destinar a este parque un gasto sostenido del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media, lo que podría rondar los 10.000 millones de euros. A juicio de Sumar, este parque público sería la "clave estructural" para garantizar el derecho a una vivienda "adecuada y asequible".
Y es que, según ha explicado la portavoz de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, el parque de vivienda público actual está "muy envejecido" y es "muy ineficiente" en materia energética. A esto se suma la problemática del difícil acceso a la vivienda en un entorno de subidas de tipos de interés y del precio de los alquileres.
En este plano, Sumar quiere revertir un parque de viviendas "pírrico" y construir uno "a la europea", para lo que se cooperaría con las diferentes administraciones y se movilizarían viviendas vacías, aumentaría la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario.
Sin salir de este parque público, el partido quiere desarrollar una normativa específica para que en suelo urbano consolidado se garantice una reserva del 30% para vivienda protegida.
Para conseguirlo, además de esas dos millones de viviendas para alquiler, los de Yolanda Díaz quieren hacer cumplir la declaración de mercado tensionado definida por la Ley de Vivienda en todos los ámbitos geográficos que cumplan los requisitos. También encajan aquí su bono hipotecario de emergencia de 1.000 euros por hogar para los hipotecados a tipo variable para la compra de su vivienda habitual.
Y es que, sólo en materia de vivienda, los de Yolanda Díaz llevan hasta 29 propuestas para desarrollar "un servicio público de vivienda y una normativa que evite la especulación, proteja a los residentes y garantice la función social de la propiedad".
Entre estas, se encuentra un punto específico para limitar el alquiler turístico, de habitaciones y de temporada, para que no se conviertan estos inmuebles en una opción que sortee la aplicación de la Ley de Vivienda.
Adicionalmente, en las áreas de mercado tensionado, Sumar quiere estudiar si conviene condicionar las autorizaciones administrativas de compraventa de vivienda a que el comprador resida en la misma, la destine a alquiler habitual de larga duración o a un alquiler protegido.
También se propone el aumento de la duración mínima de los contratos de arrendamiento, con la intención de que estos se conviertan en indefinidos con causas, eso sí, de resolución excepcionales para proteger al propietario.
Entre las propuestas también se incluye un registro obligatorio de fianzas del alquiler y otro de viviendas vacías. Además, se plantea convertir a la Sareb en una "herramienta pública" que dependa del Gobierno con el objetivo de que gestione alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos.
Por otro lado, la formación quiere prohibir "de forma expresa" la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las Administraciones, específicamente el correspondiente a la Sareb, Adif y Defensa. Sólo se podría transmitir este patrimonio a entidades públicas para su transformación en parque público o en proyectos público-privados de alquiler.
Sumado a esto, los de Díaz plantean la capacidad para ejercer derechos de tanteo y retracto en las Administraciones públicas, para que estas, en situaciones de ejecuciones hipotecarios o desahucios, puedan comprar los inmuebles.
En un plano judicial, la formación sugiere crear juzgados especializados en la materia para resolver los conflictos que genere el derecho a la vivienda. Asimismo, quieren impulsar recursos y métodos de inspección para la persecución de las prácticas de "acoso inmobiliario".
En su programa, Sumar también propone establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas en un entorno de "rápidas, contundentes y permanentes" subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).
"La propuesta de portabilidad de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo pretende romper el corralito de hipotecados en cada banco que ha logrado el sector para maximizar beneficios", ha defendido la formación.
De este modo, Sumar quiere emular en las hipotecas el modelo de portabilidad telefónica que "tan buenos resultados ha dado". Esta portabilidad se realizaría bien por novación o bien por subrogación, de manera que se obligaría a que las entidades de crédito publiquen en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sus ofertas de crédito hipotecario junto a los perfiles asociados para que cada cliente pueda decidir saltar al que se ajuste mejor a sus características.
Por último, también para aliviar el coste hipotecario, Sumar reitera una demanda clásica de Podemos como es la creación de un banco público para que "contrarreste el oligopolio bancario" y se pueda rebajar
el coste de las hipotecas.
La propuesta pasa por crear esta entidad pública a partir del ICO y de la red de oficinas de Correos, con la finalidad también de que se acerquen los servicios financieros a la España vaciada.