VALÈNCIA. Susana Gisbert ingresó en la carrera fiscal en 1992. Desde entonces, y tras varios destinos previos, entró como fiscal especializada en violencia de género. Ahora, además de seguir dentro de esa especialidad, ha sido nombrada fiscal delegada de Delitos de Odio. Valencia Plaza mantiene una conversación con la que hasta hace un par de meses ha sido la portavoz de la Fiscalía Provincial de València. Gisbert, madre, fiscal y artista como ella misma se define hace un recorrido por una especialidad que, por desgracia, cada vez adquiere más relevancia por los ataques a colectivos vulnerables.
-¿Cómo lleva haber dejado la portavocía?
-Con una mezcla de sensaciones. Por un lado, se echa de menos, pero, por otro, no voy a ocultar que supone un descanso. Han sido diez años muy intensos y una dedicación constante, hasta el punto de que a veces todavía miro el móvil y me extraño de no tener más de cincuenta mensajes pendientes solo en el rato que ha estado de juicios o de guardia y obviamente, de esta parte está muy bien descansar. Pero por otro, y dado que siempre me ha gustado mucho el tema de la comunicación, echo a faltar la dedicación a esa labor. Por suerte, conservo las relaciones personales, lo mejor que me llevo, y, dado que los negociados en los que trabajo, odio y violencia de género, son bastante mediáticos, no he perdido del todo el contacto con los medios.
-Ahora es delegada de delitos de odio ¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?
-Con muchísima ilusión y ganas. Es una materia que siempre me ha gustado, tanto en su vertiente jurídica como en la no jurídica, y me siento como una auténtica privilegiada por poder hacerme cargo de ella desde la Fiscalía provincial de València. Creo que en los tiempos que corren, con la irrupción en la escena política de determinados grupos, es importantísimo estar alerta para no retroceder ni un ápice en los derechos que tanto ha costado que se reconozcan.
-¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de las estadísticas?
-Lo primero, la cantidad de diligencias, y no solo por cuestiones visibles y conocidas, sino por muchas otras. Me ha sorprendido la cantidad de actos xenófobos, racistas, homófobos o de otro tipo de discriminación en cualquier ámbito, desde alquilar un piso hasta convivir en una comunidad de vecinos o entrar en una discoteca. La intolerancia de cada día está más extendida de lo que en principio cupiera imaginar y, aunque avanzamos, no lo hacemos al ritmo que sería deseable. Y no olvidemos que, en temas como éste, no avanzar es retroceder.
-Hablemos de Vox. Usted ha abierto Diligencias de Investigación Penal a una cuenta oficial de ese partido ¿Por qué?
-Como se informó en su día, desde la Fiscalía provincial de València se han abierto diligencias contra quien o quienes resulten ser responsables de una de las cuentas de Twitter oficiales de este partido, en concreto, por un mensaje donde se mentía acerca de la nacionalidad de los autores de un delito sexual diciendo que se trataba de marroquíes y vertiendo por ello expresiones ofensivas, lo cual podría suponer una incitación al odio, que es por lo que se han abierto estas diligencias.
-Sin embargo, la petición de Vox sobre datos de personas que hacen cursos LGTBI que llevó Morera no lo es ¿Dónde está la línea?
-No todo el odio es delito de odio, así como no todo acto de discriminación es delito, lo cual no quiere decir que sea legal. La sección que llevo se denomina de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, y creo que tan importante como perseguir los delitos de odio es advertir de la existencia de actos que por discriminatorios van contra la ley, aunque no se trate de delitos tipificados en el Código penal. La igualdad es un derecho constitucional del máximo grado, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, y a la fiscalía corresponde la defensa de la legalidad, del interés público y la protección de las personas especialmente vulnerables. El Ministerio Fiscal no solo actúa en la vía penal, y creo que es importante que se sepa que nuestra actuación va mucho más allá de acusar.
-Los datos indican que hay un repunte preocupante de delitos de homofobia y racistas, ¿a qué lo achaca usted?
-Creo que se trata de una multiplicidad de factores, entre los cuales se ha de destacar las carencias de una educación en igualdad que confiera a la juventud herramientas para reaccionar ante estos ataques. De otra parte, las redes sociales también constituyen un vivero de este tipo de conductas, especialmente a base de manipulaciones y difusión de fake news y teniendo en cuenta que la sensación de anonimato hace que la gente escriba cosas que no se atrevería a hacer cara a cara y con su nombre. También en este caso es fundamental la educación para reaccionar. De otra parte, las situaciones de crisis sacan lo peor de las personas, y no hay que olvidar que hemos vivido una crisis económica importante y hay quien la ha aprovechado para cargar contra determinados colectivos, como es el caso de los inmigrantes.
-¿Qué podemos hacer para reducir esas cifras?
-Como he dicho, la educación es esencial tanto en los centros como en los hogares y a través de las campañas que sean necesarias. La ignorancia es uno de los factores esenciales de la intolerancia. Por otro lado, no podemos callar ni mirar hacia otro lado. Al igual que sucede con la violencia de género, no se puede tolerar ningún chiste, chascarrillo o comentario de burla o menosprecio hacia determinados colectivos. Hay que recriminar a quien los hace en lugar de callar o reírle las gracias. Y, por supuesto, en cuanto conozcamos de hechos que pudieran ser constitutivos de delito de odio o discriminación, ponerlo en conocimiento de las autoridades. Como delitos públicos que son no es que podemos denunciar, es que debemos hacerlo.
-¿Es clara la ley o es mejorable?
-La ley es clara pero, desde luego, es mejorable. En el ámbito penal hay un abanico enorme de conductas que se encuentran en los límites de la ley, hasta el punto de haber sido necesaria una Instrucción de la Fiscalía General del Estado para arrojar luz a la hora de interpretarla. Pero no solo hay que hablar de leyes represivas. Lo esencial es la prevención, y en esta materia son capitales otras leyes, muchas de ellas de ámbito autonómico, para reconocer los derechos de las personas que pertenecen a colectivos vulnerables y la manera de ejercitarlos y protegerlos.
-¿Falla la educación y eso desemboca en un incremento de delitos?
-Siempre que hay delitos de este tipo, es que ha fallado la educación. Sin una educación en igualdad es difícil que se reaccione como es debido ante actos de intolerancia y de odio.
-El teniente fiscal del supremo archivó la denuncia contra Ortega Smith por sus palabras racistas en un mitin en València ¿Qué opina?
-La fiscalía actúa bajo el principio de unidad de actuación, por tanto, como fiscal hay que asumir el criterio de la fiscalía del Tribunal Supremo y la fundamentación del mismo, ya que eran competentes para conocer, al tratarse de un aforado.
-El tema del niño torero no es odio, pero sí delito ¿podría explicárselo a nuestros lectores?
-Habría que matizar que sí es odio, pero no todo el odio es delito de odio, aunque, como en este caso, sea constitutivo de otro delito. En este caso, no se ataca a una persona por pertenecer a un colectivo vulnerable ni se conculca el derecho a la igualdad, que es la base de este tipo de delitos. Sin perjuicio de que hechos de tal naturaleza no puedan resultar impunes, por constituir un delito contra la integridad moral, tal como se ha entendido por la fiscalía.
-¿Es Twitter un foco para este tipo de delitos?
-Es un vehículo óptimo para cometerlos y sobre todo para difundirlos. Lo que antes se hacía en el bar o en la plaza del pueblo, hoy se hace en las redes. Pero igual que tiene esa vertiente negativa, también tiene otra positiva, si nos valemos de ese potencial para transmitir un mensaje positivo de respeto y tolerancia.
-¿Faltan ayudas por parte de los gobiernos para erradicar este tipo de actitudes?
-Siempre faltan ayudas cuando de temas sociales se trata. No olvidemos que estamos hablando de colectivos tan desfavorecidos que, en muchos casos, ni siquiera se atreven a denunciar. Hay que posibilitar que puedan hacerlo sin miedo. Y, por supuesto, hay que insistir una vez más en la educación y la concienciación de la sociedad.
-¿Se atreve a poner una fecha a la instrucción del 9 de octubre?
-Sería muy aventurado, dada la cantidad de personas implicadas y de diligencias a practicar. Pero, en cualquier caso, estoy segura que no durará un minuto más de lo imprescindible.
-¿Cuál es el delito que más se produce?
-Sobre todo, delitos de expresión como insultos o amenazas y algunas agresiones.
-¿Son las penas por este tipo de delitos demasiado bajas?
-Las penas previstas son diferentes según el delito cometido. En general, se trata de penas adecuadas, aunque dependiendo del caso y de quien lo valore pueden parecerlo.
-¿Modificaría la ley?
-Más que modificarla, dotaría de medios y presupuesto la lucha contra la discriminación, la concienciación social y la educación en igualdad.
-¿Nos dejamos algo en el tintero?
-Insistir en que no se pueden minimizar estas conductas ni mirar hacia otro lado. El silencio es cómplice.