Foto: EUROPA PRESSVALÈNCIA. El juzgado de lo Social número 18 de Valencia ha suspendido por sexta vez el juicio por la demanda presentada por discriminación laboral contra la Universitat de València (UV) y la Generalitat Valenciana por parte de alrededor de medio centenar de profesores asociados, agrupados en la Plataforma PDI Precariat.
En esta ocasión, la vista oral ha quedado aplazada debido a la reciente aprobación por la Mesa General de Universidades de una modificación, el pasado 27 de febrero, de un decreto que afecta a las retribuciones del personal docente en la universidad y que, según ha expuesto la jueza, podría tener repercusiones tanto en el desarrollo del juicio como en la sentencia.
La vista estaba prevista para este lunes desde que en mayo de 2021 fuera interpuesta la citada demanda por vulneración de derechos fundamentales. En ella, se explica que los docentes asociados tienen contratos temporales, con dedicación a tiempo parcial, en los que se distribuyen determinadas horas de clases o docencia y horas de tutorías anuales. Así, a ellos se les retribuyen las clases impartidas "únicamente hora por hora", pero no perciben "las de preparación de las clases, elaboración de materiales y evaluación continua del alumnado" como sí sucede con "los demás profesores a tiempo completo", a quienes se les retribuyen 4 horas de esta actividad por cada una dedicada a la docencia.
Este reconocimiento se encuentra recogido en un acuerdo de la Universitat de Valencia de marzo de 2017. "Los profesores asociados a tiempo parcial imparten las mismas asignaturas que el personal docente e investigador (PDI) funcionario (catedrático de Universidad, titular de Universidad, catedrático de Escuela Universitaria y titular de Escuela Universitaria) o el PDI contratado indefinido (profesor contratado doctor, profesor colaborador) o no indefinido (profesor ayudante doctor, ayudante)", expone la demanda.
Sin embargo, incide, "no se les retribuyen las 4 horas de preparación de cada clase, de elaboración de materiales y de evaluación continua del alumnado por cada hora de clase impartida y registrada".
Los profesores asociados solicitan un pronunciamiento sobre la "existencia de discriminación o desigualdad de trato" en el cómputo de la jornada laboral parcial de sus contratos respecto a otros profesores a tiempo completo y en las retribuciones salariales. En este sentido, piden que les sea pagada, por cada hora docente, 4 horas de preparación, elaboración de materiales y evaluación continua del alumnado.
El juicio se había suspendido en cinco ocasiones por diversos motivos, como la no presentación de documentación, un positivo por covid-19 o asuntos personales de la jueza. Este lunes se ha producido la sexta de estas suspensiones debido a la modificación de un decreto de 2002 que afecta a las retribuciones del personal docente de la universidad.
La modificación de dicho decreto, el 174/2002, fue aprobada el pasado lunes 27 de febrero por la Mesa General de las Universidades, que dio su visto bueno por unanimidad a un nuevo texto que actualizará las retribuciones del PDI laboral de las universidades públicas valencianas y recogerá las figuras contractuales dispuestas en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario LOSU).
No obstante, y pese a haber sido ya acordado por la Mesa, dicha modificación todavía no se ha publicado de forma oficial, por lo que la magistrada ha decidido suspender el juicio hasta que las partes tengan tiempo de estudiarlo dado que, según ha explicado, podría afectar a su resolución. En este sentido, fuentes de la Plataforma PDI Precariat consultadas por Valencia Plaza han asegurado por su parte que este nuevo texto no influye en la causa, ya que ellos demandan el reconocimiento de las horas trabajadas por preparación de clases, evaluación o elaboración de materiales.
Tras sacar adelante la nueva redacción del decreto, que abre también la puerta al desbloqueo del convenio colectivo del personal laboral de los centros universitarios valencianos, se informó de dicho acuerdo al Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior para, así, poderse activar la tramitación administrativa para su aprobación por el Consell y su posterior publicación oficial.
