Los profesionales del sector denuncian que las empresas que copan los contratos de la Administración acuerdan con los intérpretes precios bajos deteriorando un servicio básico para los derechos fundamentales en liza en juzgados o comisarías
El magistrado cierra el caso tras solicitarlo la Fiscalía de Delitos Económicos
El representante del Ministerio Público cambia la calificación de los delitos lo que supone varios meses más de cárcel sobre los seis años que pedía en un principio para cada imputado
