El Ministerio Fiscal pide determinar si en alguno de los años investigados las cantidades irregularmente cobradas superaron los 120.000 euros, el límite entre delito e infracción

El PP, personado en la causa como acusación particular, había solicitado que se volviera a ampliar el plazo que ahora pasará a acabar el 29 de julio 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aún no ha remitido el informe que servirá, entre otras cosas, para establecer si la cantidad recibida se debe investigar como un delito de fraude o como una falta administrativa