VALÈNCIA. El empresario Augusto César Tauroni, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el “Caso Cooperación”, ha pedido declarar voluntariamente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye otras dos piezas separadas en las que está investigado junto al exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo.
La magistrada ha señalado la declaración de Tauroni, preso tras la primera condena, para el 1 de marzo, día en el que también declararán otros dos investigados en esta causa abierta por supuestos delitos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental y cohecho.
Se trata de Fernando Cañete, empresario que facturaba a las ONG`s y su esposa, Isabel Castillo, empleada de la Fundación Entre Pueblos, después llamada Hemisferio.
Tras la dimisión del exconseller como diputado autonómico y su consiguiente pérdida de aforamiento ante el TSJCV, el Caso Cooperación retornó a Instrucción 21. En este tiempo, la titular de dicho órgano judicial ha imputado a una persona más y ha tomado declaración a más de 60 testigos, 22 de ellos en el marco de la pieza separada número 2, la que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta pieza hay 23 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
