Augusto César Tauroni, en una imagen de archivo. Foto: KIKE TABERNERLa magistrada Nieves Molina reconoce ante las partes que no se había preparado la declaración porque "pensaba que Tauroni no iba a declarar"
VALÈNCIA. Las conformidades estilo Gürtel están de moda. Nada de declarar todo en instrucción e ir con una conformidad a juicio, eso no se lleva. La moda judicial más reciente es dar una de cal y otra de arena y, obviamente, guardarse un as en la manga para el plenario. Así, como ya hicieran los empresarios garganta profunda de Gürtel, Augusto César Tauroni, el empresario condenado por el desfalco del dinero al tercer mundo en el caso Cooperación ha tirado de los galones de su letrado y ha hablado lo justo ante la juez, el fiscal y las partes.
Si bien es cierto que su declaración de este viernes dejó frías a las partes, según las fuentes presenciales consultadas por Valencia Plaza, sí que ha dejado varias perlas. La primera y, principal, ha sido cuando ha declarado que se presentaba "tranquilo" a los concursos gracias a su íntima "amistad" con el exconseller Rafael Blasco y con el exjefe del servicio de Cooperación Marc Llinares, sobre el que declaró que llegó a tener negocios con él.
Pero si algo llamó la atención a los presentes, según las mismas fuentes, fue que la magistrada instructora, Nieves Molina, que acaba de archivar la causa del accidente de metro, espetara en público que no se había preparado la declaración porque pensaba que el empresario se acogería a su derecho a no declarar, tal y como había hecho hasta ahora. No obstante, pese a decir que no lo tenía preparado, Molina estuvo más de una hora y media preguntando a Tauroni.
La declaración de Tauroni trató de dejar claro que sí que hubo amiguismo en las adjudicaciones de los contratos, pero no pagos económicos por ellas. De hecho aseguró, según las fuentes consultadas, que "no había pago monetario pero sí intercambio de favores en especias, como poner ordenadores en locutorios cuando una ONG los solicitaba. Les daba los contratos a las empresas de los amigos".
Una de las novedades en el sumario fue cuando el empresario reconoció que las empresas que trabajaban para las ONG eran suyas. No es un dato baladí, ya que hasta ahora desde su entorno, pues él no había declarado nunca, se había negado este extremo.
Pero no solo contra Marc Llinares, absuelto por el Supremo de la primera de las piezas juzgadas, apuntó la escopeta de Tauroni. Joaquín Blasco, el que fuera gerente de la Fundación Himisferio, también salió señalado de la sala, todo pese a no constar como investigado hasta la fecha. Según el declarante sus empresas facturaron para los proyectos de las ONG al igual que las suyas. Para el entorno del empresario, la Fiscalía lo ha sacado de la causa y no ha solicitado su imputación de forma interesada porque esperan que sea el confidente que derribe a las piezas claves del caso.
Como publicó Valencia Plaza en exclusiva esta semana, según el entono de Tauroni esta declaración podría terminar incrementando el número de personas investigadas por el presunto desfalco del dinero destinado al tercer mundo.
El empresario Augusto César Tauroni, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el caso Cooperación, pidió declarar voluntariamente ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que instruye otras dos piezas separadas en las que está investigado junto al exconseller Rafael Blasco, a su equipo en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y a otras personas por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo.
Tras la dimisión del exconseller como diputado autonómico y su consiguiente pérdida de aforamiento ante el TSJCV, el Caso Cooperación retornó a Instrucción 21. En este tiempo, la titular de dicho órgano judicial ha imputado a una persona más y ha tomado declaración a más de 60 testigos, 22 de ellos en el marco de la pieza separada número 2, la que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta pieza hay 23 investigados (imputados según la denominación anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán, y Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
