VALÈNCIA. Tener agua caliente en los camerinos, disponer de agua potable durante la jornada de trabajo, conocer con antelación si el contrato de una actuación está formalizado o contar con unas condiciones mínimas de seguridad en el escenario. Estas son algunas de las primeras reivindicaciones que afloraron durante la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas en la Contratación de las Artes Escénicas de la Comunitat Valenciana. Y hasta aquí casi podría llegar la radiografía del sector. Se trata (cuesta tener que recordarlo) de cuestiones que deberían estar garantizadas en cualquier entorno profesional. Sin embargo, no siempre lo están.
La asociación profesional Comitè Escèniques ha impulsado esta Guía de Buenas Prácticas para empezar a dar pasos hacia otra etapa en el sector. Este martes se presentó una primera versión de esta herramienta colectiva que propone decenas de medidas globales y concretas para combatir la precariedad en la práctica artística.
La actividad escénica se sostiene sobre una red de profesionales cuya dedicación no encuentra correspondencia en sus condiciones laborales, económicas y materiales. Por otra parte, el de las artes escénicas es un ecosistema especialmente atomizado, con muchos perfiles y agentes que intervienen en el proceso, desde la creación y la producción hasta la distribución, la programación y la exhibición. “Esto hace que muchas veces las propias personas de las artes escénicas no conozcan sus derechos ni los mecanismos por los que los pueden llevar a cabo”, apunta a este diario Irene Castillo, autora de la Guía.
La iniciativa de Comitè Escèniques pretende ofrecer formar, precisamente, ese mapa de derechos y responsabilidades; y, de paso, un marco compartido de actuación. No se trata únicamente de elaborar un catálogo de reclamaciones, sino de identificar qué transformaciones pueden ponerse en marcha desde el propio sector, tanto en el ámbito privado como en el público. Para ello, el documento recoge las aportaciones de profesionales de diferentes disciplinas y ámbitos de trabajo, asociaciones, compañías, espacios escénicos y responsables de programación, entre otros agentes.
El proceso participativo también ha permitido ampliar el foco de un trabajo que, inicialmente, podía parecer centrado exclusivamente en la contratación, pero en el que se ha acabado identificando que “el problema principal era que no hay una percepción del valor social de las artes escénicas”.

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- Foto: COMITÉ ESCÈNIQUES
Propuestas concretas
El proceso de elaboración arrancó con una radiografía de los problemas estructurales del sector, sus causas y sus consecuencias. A partir de ese diagnóstico se organizaron diferentes sesiones de trabajo para transformar las demandas en propuestas concretas. “Intentamos atender a dos cuestiones: cosas que ya se podían hacer con la estructura que tenemos y otras que requerían más desarrollo o incidencia política”, amplía Castillo.
De ese trabajo emergieron cuatro grandes ámbitos que articulan el documento: buenos tratos, dignidad e igualdad; redes y distribución; valor social de las artes escénicas; y cachés y contratación. Aunque están diferenciados los bloques, la precariedad no se explica únicamente por los salarios o la irregularidad de los contratos, sino que el informe también señala las dificultades para distribuir los espectáculos, la concentración territorial de los recursos o la falta de reconocimiento de la actividad cultural.
“El sector se toma con mucha responsabilidad que el público consuma productos de calidad. Son muy conscientes del reto de que la gente pueda acceder a producciones más pequeñas, más diversas, que tengan que ver con otras cuestiones éticas. Es de una gran generosidad por parte del sector”, plantea Castillo. Generosidad e insistencia son palabras que salen cuando se hace referencia, por ejemplo, a la posibilidad contractual de que una compañía pueda cobrar la mitad por una segunda función en un mismo teatro pese a realizar exactamente el mismo trabajo.
Ahora lo concreto. Entre las propuestas recogidas en el documento hay medidas que afectan directamente a las condiciones cotidianas de trabajo. La guía plantea garantizar camerinos adecuados, espacios de descanso y alimentación, agua potable, climatización y limpieza de los espacios de representación y ensayo. También propone que las entidades contratantes asuman la prevención de riesgos y la seguridad de los espectáculos, y que las compañías conozcan previamente las condiciones de los espacios donde van a actuar.
En la dimensión económica, entre las aspiraciones figuran la firma anticipada de los contratos entre instituciones y compañías, la elaboración de modelos contractuales, la formación en derechos laborales y la necesidad de establecer criterios para garantizar remuneraciones dignas. También se propone abonar por adelantado los gastos necesarios para realizar una función, como desplazamientos, dietas, alojamiento o alquileres.
Más allá de lo que podría parecer puramente básico, la Guía también recoge propuestas para facilitar la circulación de los espectáculos y corregir los desequilibrios territoriales. Entre ellas, la creación de un catálogo autonómico de producciones, la coordinación entre circuitos, ferias y festivales públicos, el acompañamiento a las compañías en su distribución y una programación que represente de manera más equilibrada a los distintos territorios y disciplinas. Una batería de medidas propias de un Plan Estratégico público que, sin embargo, no se ha elaborado esta legislatura.
Finalmente, por supuesto, el documento plantea mecanismos de seguimiento de las situaciones de violencia y discriminación en las relaciones laborales, crear comisiones provinciales de igualdad y desarrollar un protocolo sectorial de prevención y actuación. También propone formación periódica para los profesionales y un observatorio público sobre igualdad y violencias en las artes escénicas.
Y ahora, ¿qué?
El siguiente paso de la iniciativa es el difícil: conseguir que estas propuestas se traduzcan en cambios efectivos. La guía contempla tanto medidas que pueden asumir los propios agentes del sector como otras que necesitan decisiones institucionales, financiación o modificaciones normativas.
Algunas de las propuestas no plantean crear nuevos derechos, sino garantizar que se cumplan obligaciones básicas que ya están recogidas en la legislación. En este sentido, la Guía tiene que servir como una herramienta para que los profesionales conozcan sus derechos y puedan exigirlos de manera colectiva. “Las propias personas que ejercen las artes escénicas tienen capacidad de transformar, porque son ellas las que pueden aceptar o no aceptar las condiciones que están teniendo y también exigir, organizadas colectivamente, que se cumplan”, valora Castillo.
La guía se encuentra todavía en una fase inicial. La versión presentada este martes, es una versión cero, que ha abierto un periodo de diez días para que los participantes puedan revisar el documento, plantear modificaciones y completar aquellas propuestas que todavía necesitan desarrollo. El siguiente paso será elaborar una primera versión y trasladarla a asociaciones, instituciones y otros agentes para recabar adhesiones y compromisos.
“Ahora es un trabajo de las administraciones ser responsables con lo que el sector está pidiendo e intentar articularlo”, adelanta la autora del informe. Algunas medidas necesitarán adaptarse a los contextos administrativos y presupuestarios, pero el documento ofrece una base suficientemente amplia para empezar a trabajar.