Técnicos y funcionarios investigados avalan los contratos y las obras en el circuito de Fórmula 1

VALÈNCIA (EFE). Cinco de los investigados por supuestas irregularidades en las adjudicaciones para las obras del circuito urbano de Fórmula 1 han defendido este jueves la legalidad de las adjudicaciones y los pagos que se efectuaron a las consultoras de ingeniería y empresas constructoras.

Tres técnicos de la UTE que formaron Typsa y Ayesa y dos funcionarios de la Conselleria de Infraestructuras han declarado hoy en calidad de investigados en el juzgado de Instrucción número 17 de Valencia.

El citado juzgado investiga, en un sumario declarado secreto, posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008 por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), empresa pública de la Generalitat, para las obras del circuito urbano que acogió cinco grandes premios de Fórmula 1 entre 2008 y 2012. 

Esta causa es una de las cuatro actualmente abiertas en juzgados de Valencia en las que se analizan diversos aspectos de la organización de este acontecimiento deportivo.

Pagos a los contratistas

Según han explicado fuentes jurídicas a EFE, quienes han comparecido hoy han avalado la legalidad de los pagos a los contratistas, así como la corrección en los procesos de licitación, adjudicaciones y pagos.

Uno de los investigados, al que se había citado por segunda vez para que realizase algunas aclaraciones, se ha negado a hacerlo por considerar que ya había explicado cuanto sabía.

Aunque las de hoy estaban señaladas como las últimas declaraciones, finalmente no lo serán, ya que la magistrada instructora ha acordado cinco comparecencias más, que se producirán el jueves 15 de noviembre; se trata de dos testigos y tres investigados, ninguno de los cuales comparecerá por primera vez.

Los dos testigos son funcionarios de la Conselleria de Infraestructuras y han sido propuestos por la defensa del que fue conseller Mario Flores, y entre los investigados se encuentra un ingeniero de Typsa al que se había citado anteriormente para ser interrogado sobre un expediente concreto y al que se le había preguntado por otro, motivo por el cual se ha negado a responder y la jueza ha optado por tramitar una nueva citación actualizando el motivo de la misma.