CASTELLÓ. El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe ha acusado al promotor del Clúster Maestrazgo, un megaproyecto fronterizo con la provincia de Castellón y que incluye la línea MAT hasta Morella, de “vender humo y milongas” con un proyecto que definen como "el mayor ecocidio de España”. Ernesto Romeo y Joaquín Gargallo han ofrecido este miércoles una rueda de prensa tras la publicación en el BOE de las autorizaciones de construcción para 15 centrales eólicas y 2 fotovoltaicas del Clúster Maestrazgo, del que faltan todavía otras cinco por publicar. “Hablamos del proyecto eólico más grande de España”, ha afirmado Romeo, quien, además, ha indicado que será un proyecto que se ampliará en el futuro porque Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) "ha dicho que la línea de muy alta tensión tendrá capacidad adicional para la evacuación de energía de futuros
proyectos”.
Los representantes del movimiento ciudadano han querido rebatir varios puntos divulgados por los promotores que consideran falsos. Así, sobre las cifras de empleo que aseguran que se contribuirá a mantener 3.547 empleos directos e indirectos, han recordado los “numerosos estudios que apuntan a que la despoblación se ha acelerado en los municipios donde se han instalado centrales eólicas, además de los datos del INE sobre el padrón". "El propio Banco de España reconoce que la generación de empleo es escasa y temporal”, han indicado.
“También dicen que las palas que se almacenan en el aeropuerto de Teruel son para el Clúster Maestrazgo, cuando el proyecto y la DIA establecen que se transportarán desde Castellón, por Morella e Iglesuela del Cid, cuando el transporte por las carreteras de Teruel es inviable por su tamaño”, han continuado.
Por otro lado, Romeo ha explicado que "ni el proyecto de construcción, ni el estudio de impacto ambiental, ni la declaración de impacto ambiental evalúan la deforestación que se va a realizar" y que “en recientes declaraciones ocultan la deforestación de gran parte de las líneas de muy alta tensión o establecen la valoración de franjas de 20-30 metros, cuando según la normativa en el vuelo de los cables en zonas boscosas se arrasa hasta 90-100 metros, como se ve en la línea de Morella”. Además, el promotor habla sólo de hectáreas ocupadas y no de todas las afectadas, han señalado.
Por su parte, Gargallo ha explicado que “hemos contabilizado a partir de lo que consideramos todas las hectáreas afectadas, que incluyen las zonas ocupadas definitivamente, las zonas ocupadas de forma provisional, las zonas que no aparecen en la Declaración de Impacto Ambiental, pero que sí van a resultar afectadas, como las zonas de ampliación de pistas para llevar el material hasta las sierras”. “Si computas absolutamente todo, te dan unas cifras inasumibles”, asegura.
Así, en la rueda de prensa han expuesto que, con los datos del proyecto de construcción presentado han calculado que se van a deforestar 995
hectáreas. Para Teruel Existe, los datos de casi 100.000 árboles aportados por CIP son “una barbaridad inasumible”. Gargallo ha incidido en la fragilidad de los ecosistemas de estas sierra. Para Teruel Existe, "poner el foco en el número de árboles y no hacerte a la idea de que destruyen el ecosistema en su conjunto, hace pensar que la sociedad está bastante dormida”.
Por otro lado, Gargallo ha advertido de que las explotaciones ganaderas de la zona se verán afectadas y ha precisado que, aunque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) hace referencia a 31 explotaciones intensivas afectadas, que se encuentran a menos de 500 metros de los
aerogeneradores, "no menciona las 198 explotaciones extensivas de ovino y vacuno que también tendrán afecciones por la falta de agua porque en las zonas a menos de 280 metros de los aerogeneradores se ha de eliminar cualquier punto de agua para evitar la afección a murciélagos y
aves". “Entonces, ¿cómo van a abrevar nuestros animales? Si no pueden abrevar, no pueden pastar, es así de sencillo”, ha aseverado.
Romeo ha indicado que, de nuevo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "ha dado el visto bueno a las autorizaciones de construcción en pleno puente de agosto". Asimismo, han recordado que este proyecto fue denunciado en enero de 2023 en Fiscalía por delito ambiental, que también han presentado recurso administrativo en marzo de 2024 y Quejas en la Comisión Europea y Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (julio 2024). A ello se sumarán los recursos de alzada que están preparando contra las últimas aprobaciones.