Tiempo de reflexión, tiempo de acción: ¿Qué podemos hacer por Europa?

El pasado miércoles 9 de mayo celebramos nuevamente el día de Europa, conmemorando la Declaración Schuman en 1950, la propuesta del ministro francés de exteriores que consistía en una gestión conjunta entre Alemania y Francia de los sectores del carbón y del acero. El valor simbólico de este aniversario no recae tanto en el inicio del proceso de integración europeo, sino especialmente en que con ello se puso fin a una de las fuentes de anteriores conflictos bélicos entre ambas potencias. El deseo de paz en Europa fue el verdadero origen de la UE.

Pero son otros aspectos, menos simbólicos, pero no por ello menos importantes, los que ocupan la agenda en esta primavera de 2018. En la Unión Europea nos encontramos ya en campaña pre-electoral. Porque justo dentro de un año, en mayo de 2019, junto a las elecciones al Parlamento Europeo se van a producir diversos relevos que pueden suponer un cambio en las políticas europeas. Con las elecciones, la Comisión también termina su mandato y, potencialmente, también lo haría su actual presidente, Jean Claude Juncker. Por su parte, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se encuentra ya en su segundo período de dos años y medio y éste acabaría también en diciembre del próximo año. Por último, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también finaliza su mandato el 31 de octubre de 2018. Durante los meses que restan cada uno de los responsables europeos intentará que su programa quede cerrado antes de que se cumplan dichos plazos.

Por lo que se refiere a Juncker y Tusk, ambos tienen el objetivo común de dejar aprobado el Marco Financiero Plurianual (MFP), proceso en el cual participan la Comisión, el Consejo y el propio Parlamento Europeo. Existe ya una propuesta de la Comisión Europea realizada el pasado 2 de mayo, pero debemos ser conscientes de que éste es un punto de partida y que la aprobación final por parte de los 27 requiere unanimidad. Son varios los aspectos a destacar en un primer análisis breve: aumenta la cuantía total, en términos nominales (185.000 millones de euros al año de media frente a unos actuales 150.000); respecto a la PAC, la Política Agraria Común, los fondos asignados se reducen en un 5%; con ello, la Política de Cohesión, que incluye los fondos estructurales, como el FEDER, y el Fondo Social Europeo (FSE), se convierte en la partida más importante del gasto, con cerca de un 34.5% del total; también se asignan más recursos a 'Mercado Único, Innovación y Digital' así como a 'Inmigración, Seguridad, Defensa y Acción Exterior' (véase el gráfico). Parece que va a ser un presupuesto más flexible y donde el gasto se va a asignar a políticas que generen valor añadido comunitario. Van a continuar los esfuerzos inversores, siguiendo las orientaciones del Plan Juncker y con la participación del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que también se aumentan los recursos destinados a la formación, a través del antes mencionado FSE.

También el Banco Central Europeo va a iniciar, probablemente a partir de septiembre de este año, el proceso de eliminación de la expansión cuantitativa. Una vez conjurada la deflación, con tasas de inflación cercanas al objetivo (entre un 0 y un 2% anual) y con economías europeas con tasas de crecimiento superiores a lo previsto, parece que es un buen momento para ir reduciendo los estímulos monetarios, de manera semejante a como lo hizo la Reserva Federal americana hace unos meses. Con ello Mario Draghi dejaría el cargo con un BCE que habría vuelto a una operatoria de tiempos normales, frente a las medidas no convencionales y de emergencia.

Sin embargo, para que este “proceso de salida de la crisis” funcione adecuadamente, no bastan las instituciones europeas, los diferentes países de la Unión siguen manteniendo un nivel de competencias muy elevado, tanto en el diseño y gestión de las políticas fiscales, como en las políticas microeconómicas de gestión de mercados. Es por ello, que los países miembros deben cumplir con lealtad su parte en el proceso. Muchas veces se utiliza a la UE para culparla de todas las medidas más o menos desagradables que ha habido que aplicar en los últimos años, al tiempo que se mira siempre hacia Bruselas cuando hay dificultades. Para que los estados miembros no pierdan el actual impulso es necesario que mantengan las reformas estructurales que aplicaron, en mayor o menor medida y a regañadientes, cuando se condicionó parte de las ayudas y la aprobación de presupuestos a su cumplimiento. Y precisamente ahora, que en países como España o Alemania algunos proponen derogar las reformas del mercado de trabajo, deberían pensarlo dos veces.

Es el momento adecuado para la eliminación de las medidas excepcionales que aún se mantienen desde la crisis, pero eso no significa que haya que dilapidar el esfuerzo de consolidación realizado con tanto coste durante estos últimos años. El reto vuelve a estar, para España, en el mercado de trabajo. Y no se trata sólo de mantener las reformas (condición necesaria, pero no suficiente), sino de mejorar la base formativa de nuestros trabajadores y eso comienza en la escuela. La especialización, la cualificación y la flexibilidad son la única respuesta a la globalización y a un mundo donde la mano de obra no sólo se desplaza, sino que trabaja a distancia. En este contexto, podrán trabajar aquellos que cuenten con una “prima de cualificación”, que no tiene nada que ver con tener un título universitario, sino con aportar valor añadido allá donde uno se encuentre. No podemos estar siempre pensando en lo que Europa puede hacer por nosotros, sino más bien en qué es lo que podemos hacer los distintos países miembros para ayudarnos a nosotros mismos, consolidar el proceso de integración y no sucumbir al nacional-populismo. Estamos en un tiempo de reflexión, pero también de acción.