VALENCIA. Todas las facturas que Coepa presentó para justificar las ayudas públicas que recibió para construir su centro de formación fueron emitidas por la misma empresa: la constructora de su expresidente, Rafael Martínez Berna. Así consta en la documentación remitida por el Servef y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Intervención de la Generalitat para que valore si procede denunciar a la patronal alicantina ante la Fiscalía, ya que han detectado que utilizaba una misma factura para cobrar tanto créditos del IVF como subvenciones del Servef.
Tal y como adelantó Valencia Plaza, los dos organismos detectaron una serie de irregularidades en la justificación de los fondos recibidos por la organización empresarial que fueron puestos en conocimiento de la Intervención de la Generalitat para que ésta valore si procede denunciar a Coepa ante la Fiscalía por fraude en la tramitación de subvenciones públicas. El órgano fiscalizador continúa analizando la documentación.
Coepa presentaba facturas por duplicado para justificar tanto el crédito de 3 millones que le concedió el IVF para construir el centro de formación Babel como las ayudas otorgadas por el ente dependiente de la Conselleria de Economía y Empleo por la impartición de los cursos.
Las facturas objeto de revisión por parte de la Intervención se emitieron entre 2005 y 2010, la mayor parte de esos años corresponden a la etapa de Modesto Crespo, expresidente de la CAM, en la presidencia de Coepa. Todas y cada una de esas facturas fueron emitidas por la misma empresa, Hormigones Martínez, la compañía que más se benefició de la construcción del centro de formación, ya que facturó más de 4 millones de euros a Coepa por los trabajos realizados en el mismo.
El monto del conjunto de facturas que Coepa presentó para justificar al mismo tiempo el cobro de las ayudas y del crédito del IVF supera los 3,3 millones de euros.
El dueño de Hormigones Martínez, Rafael Martínez Berna, ascendió a la presidencia de Coepa en julio de 2009 para tomar el testigo de Modesto Crespo. Poco más de dos años después, en noviembre de 2011, Martínez Berna se vio forzado a renunciar después de que la Comisión Nacional de la Competencia (actual CNMC) sancionase a su constructora con 5 millones de euros por pactar con otras empresas y repartirse contratos con la administración.
Según explicó entonces Coepa, la renuncia se formalizó para "evitar además, cualquier confusión entre su papel institucional -como representante de una organización patronal- y su faceta empresarial -como presidente de Hormigones Martínez-".
Las fechas de las facturas en poder de la intervención demostrarían que Martínez Berna siguió facturando a la patronal trabajos con su empresa tras acceder a la presidencia de la misma y que ésta, además, presentó esas facturas para tratar de cobrar de la administración dos veces por el mismo concepto.
La llegada de la crisis provocó el cierre del centro de oficios en Babel, ubicado sobre una parcela de titularidad municipal y que ha estado prácticamente tres años sin acoger actividades formativas a pesar de que ésta era una de las condiciones para beneficiarse de las subvenciones.
Además, la incapacidad de Coepa para devolver al IVF el crédito que justificó con facturas duplicadas provocó su entrada en concurso de acreedores después de que el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda decretase el embargo de sus bienes por impago.
Para superar esa situación, la patronal, presidida ahora por Francisco Gómez, intenta que la Generalitat se quede con el edificio a cambio de cancelar la deuda con el IVF, su principal acreedor, ya que le debe los 3 millones del crédito y cerca de 900.000 euros por los intereses.
La viabilidad de la patronal alicantina en el marco del concurso se ha complicado aún más en las últimas semanas a raíz de la personación del Servef como acreedor para reclamarle el reintegro de 1,9 millones de euros en fondos para cursos de formación. Ese pasivo se suma a los 3 millones del crédito del IVF más los intereses, con lo que la deuda de la organización empresarial con la administración hasta casi 6 millones de euros, muy por encima de los 4 millones de euros en los que ha sido tasado el centro de formación en el marco del concurso.
Al margen de los manejos durante su etapa al frente de la patronal de Alicante, Rafael Martínez Berna y su hermano Tomás se encuentran entre el grupo de veinte procesados contra los que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por estar acusados de haber participado en la financiación ilegal del PP en las campañas electorales de 2007 y 2008.