VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene, literalmente, cuatro días para cumplir con su promesa de presentar una primera propuesta para la reforma de la financiación autonómica. Un modelo caducado desde finales de 2013 que ha perpetuado un reparto que perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana.

En las últimas semanas, y esta es la principal novedad de los últimos años, gran parte de las autonomías se han movido para reclamar la remodelación del sistema, aunque apostillando diferentes matices a conveniencia de los dos grupos principales de regiones que evidencian necesidades contrapuestas. Unas maniobras que han situado la reforma del sistema en la agenda política nacional, lo que ha provocado que el foco se desplace sobre la ministra y el inminente documento que debe trasladar a las Comunidades Autónomas (CCAA).

Curiosamente, a día de hoy, desde el ministerio no está prevista una comparecencia de Montero para explicar las características de la propuesta ni tampoco se ofrecido una fecha concreta respecto a cuándo se enviará el documento a los gobiernos autonómicos, más allá de insistir en que se cumplirá la promesa de la ministra de hacerlo en noviembre. Fuentes del Gobierno valenciano también admitían este viernes desconocer cuándo recibirán el anhelado texto.

Un texto que debe terminar con las escaramuzas previas a la reforma para centrarse en las posibilidades tangibles. Así, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue el primero en mover ficha con una cumbre con Baleares y, posteriormente, con Andalucía; además de tener una línea reivindicativa similar a la de la Región de Murcia. En esencia, reclaman más equidad en el reparto con una redefinición del concepto de población ajustada y fondos de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas con el modelo en vigor.