VALÈNCIA. El Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado la tercera comisión de valoración para ayudas a pymes y autónomos, que en este caso se ha focalizado en todas aquellas solicitudes que durante anteriores convocatorias presentaron algunos errores o defectos de forma. En total, y acumulando todos los procesos de selección, el consistorio ha valorado 1.123 solicitudes, de las cuales ha aprobado 699. Eso supone un desembolso de 1,03 millones, cantidad de la que se beneficiarán directa o indirectamente 1.537 personas.
Las ayudas, que se han ido resolviendo parcialmente a lo largo de los últimos meses, están destinadas a personas autónomas o pymes que se hayan visto afectadas por la declaración del estado de alarma, ya sea por el cierre absoluto de la actividad o por la reducción, como mínimo, al 50%. En cuanto a las solicitudes aprobadas, 500 corresponden a autónomos, 167 a sociedades limitadas, 17 a sociedades civiles, 13 a comunidades de bienes y 2 a cooperativas. En lo que tiene que ver con personas físicas, el 46,6% de los beneficiarios han sido mujeres y el 53,4% restante hombres.
Según ha explicado el Ayuntamiento, 360 del total de las ayudas han sido para empresas beneficiarias individuales. Es decir, de un solo trabajador. El resto, han ido destinadas a sufragar el alquiler de los establecimientos durante los meses de marzo y abril, y para mantener los puestos de trabajo que pudieran tener las empresas. En este sentido, 339 con trabajadores asalariados se han beneficiado de alguna de estas subvenciones, por lo que el dinero ha ayudado indirectamente a 838 personas.
"Se ha cerrado un proceso que se inició el mismo día en el que se decretó el estado de alarma. Desde el minuto cero, este equipo de gobierno entendió que la primera necesidad de esta crisis era la sanitaria, pero la segunda la crisis económica que había generado", ha declarado la concejala de Promoción Económica, María José Carrera. Además, ha añadido: "Es importante recalcar que esta ayuda no solo apoyaba a la persona autónoma o empresaria, sino que era una fórmula para preservar los puestos de trabajo durante, al menos, seis meses", concluía.
Cabe destacar que, de aquí hasta que termine el año, las empresas beneficiarias tienen la obligación de justificar tanto el mantenimiento de su actividad como, cuanto menos, el 50% de las personas contratadas. De esta forma el consistorio asegura que siguen cumpliendo con los requisitos regulados en la ayuda.