VALÈNCIA. El proyecto del Palacio de Justicia de Torrent suma un nuevo obstáculo que podría retrasar aún más su ejecución, un proceso actualmente paralizado, e incluso condicionar su futuro. Se trata de un decreto impulsado a última hora por la ya exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien decidió el pasado mes de junio revocar las competencias del Ayuntamiento de Torrent para construir esta nueva sede.
Siguiendo la línea del Plan Edificant, la idea inicial era que la Generalitat Valenciana aportase la financiación y delegase las competencias en el consistorio, de manera que este se encargase de ponerlo en marcha. No obstante, el 26 de junio, una vez celebradas las elecciones autonómicas, la que fuera consellera de Justicia en funciones optó por anular el convenio firmado en 2018.
Según explica a Valencia Plaza la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado (PP), les comunicaron que el principal motivo es el encarecimiento de la obra, que ha duplicado su presupuesto de licitación pasando de 17,7 millones de euros a 39,2 millones. Asimismo, también señalaron el retraso en el porcentaje de actuaciones realizadas en base al acuerdo.
"Carlos Mazón tomó posesión ayer como presidente de la Generalitat y el viernes se publicará en el BOE una decisión del anterior Consell del Botànic que afecta directamente a Torrent y a todo el trabajo hecho. En estos momentos tenemos una obra que vemos difícil que se vaya a realizar, a pesar de haber invertido dinero y tiempo", afirma.
"Hemos descubierto que en abril la consellera Bravo advirtió al anterior alcalde socialista, Jesús Ros, del despilfarro del proyecto y que iba a revocar la gestión. Es un tiempo perdido, una inversión perdida que tendremos que retomar con el próximo Consell que genere Carlos Mazón. Las instalaciones de los juzgados actuales llevan años en una situación precaria y necesitan una ampliación y lo lastimoso es que por parte del anterior gobierno del Botànic se hayan perdido ocho años importantes, en los que se podía haber resuelto", destaca Folgado.
Así, se vuelve al punto de partida en un plan que acumula años de reclamaciones y que llevaba a sus espaldas avances como la redacción del proyecto o la urbanización del terreno. Ahora, queda condicionado por una resolución adoptada en el último momento, a menos de un mes del cambio de gobierno, hecho que Partido Popular ha tachado de "inexplicable". Por ello, expresan su disconformidad y buscan reunirse con Mazón para encontrar un apoyo que permita hacer realidad el Palacio de Justicia de una vez por todas.