Arturo Torró. Foto: ÀLEX OLTRAVALÈNCIA. La respuesta del Partido Popular ante la admisión a trámite de un juzgado de lo Mercantil de Valencia de la demanda de acción social de responsabilidad presentada por la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró y otros exadministradores, entre ellos el portavoz popular Víctor Soler, no se ha hecho esperar. "Es una estrategia para que desfilemos por los juzgados y manchar nuestro honor. Confiamos en la Justicia y pronto veremos como de nuevo archivan otra causa general contra el Partido Popular", afirmó este lunes Arturo Torró, que puso de manifiesto su "tranquilidad" y la del resto de implicados.
Una tranquilidad, explicó, que se basa en la propia demanda pues "su admisión a trámite es un automatismo legal, un mero formalismo". Subrayó, además, que "presenta serias deficiencias, así como incoherencias respecto al acuerdo para demandar y la demanda finalmente presentada". Es más, Torró manifestó que este asunto "no tiene recorrido jurídico" porque "no casan ni las cifras, ni lo que se demanda, ni nada. Es inconsistente porque hubo una buena gestión al frente de IPG, al igual que en el Ayuntamiento".
Cabe recordar que la demanda se cursó en noviembre del 2017, al considerar el Gobierno de Gandia que durante el periodo que el Partido Popular gestionó IPG se habían producido "daños económicos irreparables en el patrimonio de la empresa pública". Concretamente, el gobierno estima que las pérdidas generadas por los anteriores administrativos de IPG ascendieron a 28,4 millones de euros.
La demanda, según el propio Arturo Torró, tiene como motivo el "chantaje" hacia su persona y al resto del Partido Popular de Gandia. "La han utilizado para amedrentarnos y chantajearnos", puesto que "sabían que estábamos preparando una batería de acciones penales contra el actual Gobierno de Gandia por todos los fraudes y delitos que están cometiendo y querían que no las interpusiéramos a cambio de que ellos no presentaran la demanda de responsabilidad social".
Torró no quiso avanzar el asunto en cuestión de las demandas pero ha explicado que la recopilación de información y documentos se lleva realizando desde hace un año y en breve serán presentadas en el juzgado. Sobre la relevancia de las mismas advirtió de que "las demandas del Gobierno de Gandia son cortinas de humo, no como las que vamos a presentar desde el partido".
Según explicó a Valencia Plaza, las negociaciones se produjeron entre todos los partidos del consistorio gandiense. "Después de mantener reuniones durante seis meses entre Partido Popular, Partido Socialista, Compromís y Ciudadanos, el resultado ha sido activar esta demanda patrimonial ya que el Partido Popular no cedió al chantaje de retirar dos querellas penales contra la junta de Gobierno de Diana Morant", relató. Y concluyó: "De una forma cobarde y mafiosa al no salirse con la suya atacan contra el patrimonio de las personas de bien".
En este sentido, es importante recordar que la cantidad reclamada a cada uno de ellos —Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler y Guillermo Barber— es de 3,3 millones de euros, mientras que a Lola Moncho que se le reclaman 815.625 euros.
Por otra parte, Torró ha arremetido contra la actual alcaldesa, Diana Morant, y expresidente de IPG Vicent Mascarell, acusándolos de "asustaviejas" y resaltando que "tienen tanto odio y rencor que sobrepasan cualquier línea roja, presentando demandas patrimoniales jugando con el pan de la gente. Esto no es más que falta de altura política y cobardía".
