VALÈNCIA. El juicio del caso de Tele 7, por el que la Audiencia de Valencia juzga las adjudicaciones del gobierno de Arturo Torró a dos grupos de televisión, ha arrancado este lunes con la petición de su abogado de la suspensión de la vista ante la posible reforma del delito de malversación que planea el Gobierno central. Una solicitud a la que se han sumado el resto de letrados de los acusados por posible vulneración del derecho de defensa, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
El letrado del exalcalde de Gandia ha argumentado que la modificación del Código Penal es inminente y podría introducir la diferenciación de la malversación en función de si hay o no ánimo de lucro en el manejo ilícito del dinero público. Lo que a su vez determina una nueva horquilla de penas. "Se va a dictar sentencia antes de que se cambie la ley", ha señalado el abogado.
Ante ese cambio de la norma, los letrados de los acusados han solicitado que se suspenda el juicio "para poder defender según el tipo de la nueva ley". Y es que, como han resaltado, ésta será aprobada diez días después del fin de la vista: el 31 de diciembre.
Los magistrados, sin embargo, ha desestimado la petición por entender que la reforma no vincula a un tribunal y, en caso de su modificación a futuro, se podría recurrir. Asimismo, expresan que los letrados de los acusados no han reflejado "en qué medidas la estrategia defensiva podría ser diferente y ante esa generalidad no se ha observado que se ponga de manifiesto la importancia de ese aplazamiento". Por tanto, el juicio por el Caso Tele 7 seguirá su curso.
El juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, a instancias del Ministerio Fiscal, dictó la apertura de juicio a Arturo Torró y a Ricardo Manuel Faura, quien fuera el administrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió, propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. A ambos se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.
Unos hechos por lo que el fiscal pide que se imponga a Torró y Faura la pena de ocho años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de codena (artículo 56 del Código Penal) y la inhabilitación absoluta durante veinte años. Además, de abonar las costas procesales. Igualmente, se insta a ambos a que abonen al Ayuntamiento de Gandia 480.000 euros (más intereses legales) por “el perjuicio causado a las arcas públicas del consistorio”.
Junto a Torró y Ricardo Manuel Faura en el juicio y, a instancias del juez, estarán también Javier Reig (vicepresidente de Iniciatives Públiques de Gandia y exconcejal); Antonio Abad (concejal del PP antes y ahora); el gerente de Inversiones Especiales del Mediterráneo José Vicente Codina, el que fuera director de Tele 7, Josep Lluís Giménez y Cristina Serrano, entonces jefa del Área Económica del Ayuntamiento de Gandia. También se acusa a Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario.
En las cuestiones previas, el letrado de José Vicente Codina (Inversiones Especiales del Mediterráneo) ha expresado que en el escrito de acusación no se concreta los fraudes cometidos por Codina, a quien la acusación particular solicita catorce años por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a los administradores de las televisiones.