Desde hace una semana no se habla de otra cosa y es lógico. Tal y como se esperaba (viene anunciándose desde mediados del año pasado), el Gobierno ha puesto sobre la mesa su propuesta sobre el futuro sistema de cotización de los trabajadores autónomos. En un país con más de tres millones de trabajadores autónomos, el nuevo diseño de las cotizaciones sociales ha caído como una bomba en toda la sociedad y no sólo sobre estos deportistas de riesgo. Nadie dijo que ser autónomo fuera tarea fácil, pero, en España, ser autónomo ha pasado a ser un deporte arriesgado sólo apto para los más valientes.
Todos tenemos cerca un amigo o un familiar que es trabajador por cuenta propia. Todos conocemos bien a un autónomo. Sabemos que son sabios, incansables, polivalentes y todoterreno. Sabemos que tienen una especie de inmunidad frente a las enfermedades, que no saben lo que son las vacaciones, que hacen malabares para conciliar su vida profesional y familiar y que sus fuerzas se multiplican en largas jornadas laborales.
Casi todos sabemos que los autónomos representan una parte muy importante del tejido empresarial y son creadores de empleo y de riqueza. Y digo “casi todos” porque es manifiesto el maltrato que los trabajadores por cuenta propia sufren por parte del Ejecutivo de Sánchez. Durante estos dos años de pandemia por la Covid-19 -en todas sus versiones y en sus diversas olas- los autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios, paralizar su actividad y ver mermados por completo sus ingresos mientras hacían frente a los gastos fijos, alquileres, impuestos y cuotas que han lastrado su futuro y, en muchos casos, también su viabilidad.
Dos años en esta difícil situación, en los que el Gobierno de España ha demostrado una y otra vez no tener la mínima empatía con ellos, tanto por la falta de ayudas directas que no han recibido (la burocracia y las condiciones establecidas han impedido disfrutarlas al 90% de los autónomos), como por hacerles pagar la cuota al régimen de la Seguridad Social, aun cuando no tenían ingresos ni actividad. Y, ahora, en el momento preciso menos indicado, llega la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Es cierto que, más allá de la controversia generada, el Gobierno cuenta con el mandato de las recomendaciones del Pacto de Toledo, convalidado por el Congreso de los Diputados, para articular esta reforma del RETA con el fin de conseguir una progresiva convergencia de los diferentes regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Y es cierto que, además, está recogida en el paquete de reformas que el Gobierno ha enviado recientemente a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation UE. Sin embargo, esta situación no legitima al Gobierno a usar a los trabajadores autónomos como una fuente de ingresos sin más, con subidas de la cotización que superan, con mucho, las contribuciones que hacen los trabajadores por cuenta ajena. Con la propuesta actual del Gobierno se pretende acabar con el sistema de elección voluntaria de la base de cotización, lo que para algunos autónomos puede suponer la ruina, ya que verán multiplicar por tres la cuota a abonar a la Seguridad Social llegando a ser un sistema confiscatorio y regresivo de pago. Todo lo contrario al mantra que repite estos días el Ministro Escrivá, un mantra que dice que esta reforma es progresiva, equilibrada y asumible.
Sin duda, y objetivamente, la reforma del RETA planteada y la obligatoriedad de incrementar las cotizaciones se trasladará al autónomo de ingresos medios (dos millones de autónomos) que sufrirán en dos años un alza del 40 % en sus cotizaciones sociales.
Tras esta propuesta del Gobierno podríamos pensar que se encuentra la bienintencionada acción paternalista del Estado para que los trabajadores por cuenta propia incrementen su ahorro previsional de cara a su jubilación. Un objetivo que podría considerarse loable siempre que no se articulara mediante la imposición, como está visto que será, y dejar al autónomo elegir libremente cómo quiere ahorrar para su futuro.
Sin embargo, vistos los datos de la propuesta que duplican, triplican y hasta cuadriplican las cotizaciones sociales en los próximos años, parece que el Gobierno no busca proteger el futuro financiero y promover el ahorro de los autónomos de cara a su jubilación, sino más bien cuadrar las cuentas y equilibrar la enorme deuda que acumula la Seguridad Social. Los autónomos convertidos por este Gobierno en un cajero automático del cual extraer ingresos para el sistema.