VALÈNCIA (EP). Trabajadores de residencias concertadas se han concentrado este jueves en València, Alicante y Castelló para denunciar que se encuentran en el "limbo" y con las condiciones laborales "estancadas" desde hace, al menos, siete años, según han indicado dos de las empleadas de estos centros en declaraciones a los medios de comunicación ante un centro de la capital valenciana en Ciutat Vella.
Para mejorar su situación es "necesario", han apuntado, que se liciten las más de 30 residencias y centros de día de gestiones integrales -con unos 2.300 afectados-, que son aquellas de titularidad pública pero de gestión privada.
Nuria, una de las trabajadoras de uno de los centros afectados, ha explicado que están esperando las licitaciones desde hace tiempo. "Está todo presentado pero con todos estos cambios gubernamentales no se aprueba y están revisando otra vez el decreto de tipologías" de centros, ha dicho.
Al respecto, ha recordado que muchas residencias tienen los contratos vencidos desde hace más de siete años, con lo que se encuentran ante unas "deficiencias estructurales tremendas": "Las ratios no suben, no suben los salarios y la vida ha subido un 20% en ocho años", ha puesto como ejemplos.
"Esta situación -ha agregado- no puede soportarse más por los trabajadores, que somos un sector esencial, y por las personas mayores a las que atendemos. Se han quedado las condiciones laborales estancadas desde hace siete años, ocho o más", ha insistido.
Y cuando consiguieron que se pusiera todo en marcha, "lo han vuelto a paralizar todo". "Esta situación ya es insostenible. Las condiciones laborales son deplorables y nosotros seguimos atendiendo igual a nuestros mayores", ha apostillado.
La trabajadora ha reclamado la equiparación salarial con el sector público: "Nosotros somos un sector que tenemos la misma profesionalidad. No estamos trabajando en un hospital público, pero estamos haciendo la misma tarea. La calificación profesional es la misma. Entonces, considero que debemos tener el mismo trato", ha aseverado.
Sobre este último punto, Carla, otra de las trabajadoras, ha manifestado en declaraciones a los medios que reclaman la equiparación de las tablas salariales que se hizo en noviembre de 2022.
Para ello ha pedido a la Conselleria que saque "ya" la licitación. "Estamos en un limbo. No entendemos qué pasa y desde Conselleria se excusan con un decreto de tipologías, que lo siguen mirando. Y tanto el decreto como la equiparación van junto a la licitación. Así que hay un bloqueo tremendo para el sector", ha lamentado.
Carla ha afirmado que se sienten "desamparados" con el Gobierno: "Hemos sido un sector que hemos estado para todo. En pandemia lo hemos pasado muy mal y nunca nos hemos quedado. Pero es que ahora ya la gente está cansada. Perdemos a personal bueno porque se va al sector público, algo comprensible y normal porque la diferencia de sueldo es enorme", ha dicho, para agregar: "No aguantamos más".
La trabajadora ha avanzado que esta movilización es una de las primeras que van a llevar a cabo si no obtienen respuesta por parte de la Administración: "No vamos a parar y tenemos el apoyo de las familias y de las personas residentes", ha aseverado.
Por su parte, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, han apoyado la concentración y han insistido en que "no hay ninguna circunstancia que impida a la Conselleria de Servicios Sociales la publicación de las licitaciones".
"La Conselleria afirma que hasta que no se publique el nuevo decreto de tipologías, no puede sacar adelante las licitaciones, pero puede hacerlo con el decreto anterior, atendiendo a las modificaciones que publicaron en el primer trimestre de este año y al convenio colectivo", ha dicho en un comunicado.
Desde la federación han apuntado que, en estos momentos, casi la totalidad de los centros de titularidad pública y de gestión privada -centros de día, residencias, centros mujer y servicio de ayuda a domicilio- se encuentran en situación de "enriquecimiento injusto" y "no queda otra que publicar las nuevas licitaciones para que se puedan mejorar los salarios y las ratios previstas por la normativa".
Con todo, CCOO ha exigido a la Conselleria que "deje de escudarse" en el nuevo decreto de tipologías para publicar las licitaciones "porque solo mantiene unas condiciones de trabajo nefastas".
Por su parte, Elena Albalat, directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, ha afirmado que esta es una situación que a su departamento le "preocupa" y que "ocupa" pero es algo "heredado del anterior gobierno del Botànic" y son "contratos caducados desde 2018": "Hace muchos años que muchas residencias de gestión integral tienen los contratos caducados y que tampoco se ha hecho nada desde 2018 hasta 2023", ha cuestionado.
Por tanto, ha dicho que es "una situación muy complicada" como consecuencia de una "gestión nefasta" del anterior Consell, ya que al llegar a la Generalitat asegura que se encontraron con 54 residencias "que ya tenían esos contratos caducados"."Esas licitaciones ya se hubieran podido sacar y no fue así", ha dicho, y se ha justificado en que además encontraron "con facturas en los cajones"; el pago de más de 157 millones de deuda y con la Acción Concertada "paralizada", sin ninguna subida del IPC.
Así, ha defendido que "hemos sido nosotros los que en 2024 hemos subido un 8,8%, que eso ha supuesto 64 millones que al final están invertidos en ese personal que trabaja en la Acción Concertada". "Nos hemos puesto a trabajar y hemos trabajado para ponernos al día tanto en el pago de facturas y de esa deuda como también para mejorar la situación en la que se encontraba este sector", ha dicho, si bien ha reconocido que eso "no ha sido suficiente".
En relación con el decreto de tipologías "en vez de estar hecho y consensuado con el sector estaba hecho para el propio Botànic" y han recibido "más de 1.700 alegaciones" porque "no cumplía con las necesidades del sector" y no se había dialogado con los sindicatos, entidades ni empresas. Ahora, ha destacado el diálogo con todas las partes "para que realmente cumpla las necesidades en cuanto a espacios y en cuanto a personal".
De hecho, ha afirmado que esta semana "ya se ha publicado la consulta pública del decreto de tipologías". "Estamos trabajando en él desde hace mucho tiempo y escuchando a las direcciones generales que forman parte de la Conselleria, porque tampoco se les había escuchado, y de manera paralela, también estamos trabajando ya en los nuevos pliegos".
"No estamos de brazos cruzados, somos conscientes de la situación complicada que tienen muchos trabajadores que forman parte de esas residencias, que cada día van a su trabajo y que tienen salarios por esos contratos desde hace mucho tiempo, pero nosotros, en ningún momento, hemos dejado de trabajar por ponernos al día de esta situación", ha apuntado.
La directora general ha recalcado que están "trabajando y dialogando desde el primer momento" y esa es la "respuesta" que dan a los centros y ha instado a los sindicatos "a que se pongan de acuerdo, porque esto forma parte de su labor, para tener un convenio único que facilitaría ese convenio único para todos los sectores".
Albalat ha indicado que el acuerdo del Botànic se firmó en 2022, se publicó en marzo de 2023, y "tuvieron la posibilidad de hacerlo realidad y no lo hicieron, y de hacer las licitaciones y tampoco lo hicieron". Ahora, lo estudiarán pero "la situación económica en la que nos han dejado, que todavía estamos pagando facturas desde 2018, hace muy difícil que se pueda cumplir ese acuerdo".