VALENCIA. La Unión Temporal de Empresas formada por Fernanbus, Edetania y Herca -firmas del grupo Transvia- explota el servicio de Metrorbital de Valencia con un contrato prorrogado desde el año 2012 a la espera de que se convoque un concurso público. La extinta Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana (aVM) adjudicó el servicio mediante un procedimiento negociado urgente a finales de 2010. La premura impuesta por la necesidad de habilitar un servicio de transporte público tras la apertura del nuevo hospital de la Fe impedía convocar un concurso público, según los argumentos de la aVM.
Así, el contrato se adjudicó de forma directa y "provisional" para un periodo de un año, pero con el compromiso de convocar un concurso público. Casi seis años después, la UTE mencionada continúa explotando ese servicio sin que se haya convocado aún un procedimiento abierto y competitivo. La primera prórroga "extraordinaria" fue autorizada en enero de 2012 por la actual presidenta del PP de la Comunitat, quien por entonces era consellera de Infraestructuras y Transporte y presidenta de la AVM, Isabel Bonig.
El contrato firmado en octubre de 2010 entre el director de la AVM, Aurelio López, y dos de los representantes de la UTE no establecía ningún tipo de canon a abonar por parte del adjudicatario a favor de la administración. Al contrario, la entidad pública se comprometía a asegurar a las empresas unos ingresos de 0,64 euros por pasajero (sin IVA). El contrato refleja la estimación en dos millones el número de viajeros que tendría que transportar al año para equilibrar costes e ingresos, estimación que venía en el pliego de condiciones, según la empresa.
Se de la circunstancia de que Transvia también explota el servicio de bus turístic en la ciudad de Valencia sin abonar ninguna cantidad al Ayuntamiento. En este caso, se le autorizó para la explotación sin mediar concurso en 1999 y desde entonces se le ha ido renovando el permiso. Actualmente está autorizada hasta 2019 tras la renovación del pasado 20 de mayo de 2015, a cuatro días de las elecciones municipales que acabaron con los veinte años de gobierno del PP en la ciudad. Uno de sus directivos, Urbano Catalán, está siendo investigado por un delito de cohecho en una causa en la que también está imputado el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
El contrato de Metrorbital ha sido objeto de polémica casi desde su adjudicación, pero especialmente en los últimos meses, tras el cambio político en el Ayuntamiento y la Generalitat. El Consistorio se está planteando habilitar una línea de la Entidad Metropolitana de Transporte (EMT) para cubrir la necesidad que en su día justificó la adjudicación de Metrorbital: el transporte de viajeros entre la estación de Renfe de El Cabañal, la estación Empalme de FGV y la nueva Fe.
La EMT de Barberá pidió 3 millones por el servicio
Según detallan fuentes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, en la planificación de infraestructuras de transporte de la anterior administración existía la intención de construir un tranvía orbital que diese servicio al nuevo Hospital La Fe. Cuando en 2010 se inauguró el hospital esa línea no estaba construida, por lo que se le planteó a la EMT la opción de cubrirla, posibilidad que se descartó ante las elevadas pretensiones de la empresa pública, que pedía 3 millones de euros por realizar el servicio.
Foto: MARGA FERRER
Posteriormente, según detallan las mismas fuentes, se optó por implementar con carácter urgente un servicio interurbano llamado Metrorbital entre la Estación de Empalme y la de Renfe de El Cabañal. La "gran afluencia" prevista con la apertura del hospital obligó a la aVM a "tener que realizar una adjudicación directa de un contrato para la prestación provisional y a precario de este servicio durante un periodo de aproximadamente un año".
Al procedimiento negociado que se abrió fueron invitadas "las principales empresas" que operaban en el área metropolitana. Se presentaron dos ofertas y se consideró que la mejor para la administración era la de Fernanbus, Edetania -que entonces aún no formaba parte del grupo Transvia- y Autobuses Buñol. El servicio se adjudicó el 27 de octubre de 2010 mediante resolución del entonces conseller y presidente de la aVM, Mario Flores, a la UTE formada por tres de las empresas del grupo propiedad de la familia Catalán por un año o hasta la adjudicación definitiva de una nueva concesión.
El 3 de enero de 2012, el servicio se prorrogó por un año más de forma extraordinaria. La resolución llevaba la firma de Isabel Bonig. Si durante esos doce meses se resolvía el expediente iniciado para licitar el contrato, se convocaría el concurso.
Se llegó a prever un canon para el adjudicatario
En febrero de ese mismo año, la aVM preparó un proyecto para licitar el contrato del servicio público Metrorbital por un periodo de cinco años con posibilidad de extenderlo otros cinco, pero el concurso no llegó a convocarse. Entre las condiciones para el futuro adjudicatario, destacaba la obligación de abonar un canon a la aVM de 72.156 euros a desembolsar antes de la firma del contrato y la de comprarle los vehículos al anterior prestador del servicio -la UTE de Transvia-, por un importe de 746.000 euros más IVA correspondiente al valor neto contable pendiente de amortizar de los ocho autobuses.
En el proyecto para la licitación, a diferencia de la adjudicación urgente anterior, ya no estaba prevista ningún tipo de compensación a la empresa en el caso de que no se alcanzara un determinado umbral de usuarios. En este sentido, llama la atención el ajuste desde los dos millones estimados cuando el servicio se puso en marcha de forma urgente a los poco más de 1,11 millones de viajeros como cálculo base para la licitación, con un ingreso medio de 0,83 euros (sin IVA) por cliente.
No obstante, a finales de ese mismo año el proceso volvió a quedar congelado al desaparecer la aVM y pasar a depender directamente de la Conselleria de Infraestructuras. El expediente de licitación quedó finalmente archivado en 2014 y desde entonces nada más se supo.
En la misma resolución de archivo, la entonces consellera Isabel Bonig determinó que seguían existiendo razones para mantener el servicio, de forma que prorrogó el contrato por segunda vez -ya lo había hecho en 2012- de nuevo a favor de la UTE a la espera de un nuevo nuevo expediente de contratación. El expediente incluso fue sometido a información pública, pero el concurso nunca llegó a convocarse.
Foto: MARGA FERRER
