VALÈNCIA. A finales de 2013, y tras pasar unos meses antes por el Congreso de los Diputados, la primera ley sobre transparencia y acceso a la información pública de España apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde entonces han transcurrido casi una década, varias normas y decretos valencianos y una pequeña modificación de la ley estatal, que todavía está a la espera de una reforma mucho más amplia.
No obstante, y según se desprende del mapa local de gobiernos abiertos publicado recientemente por la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática, trece localidades de la Comunitat Valenciana carecen aún de portal de transparencia, la opción más accesible para la rendición de cuentas de los entes públicos. De este modo, y aunque la normativa vigente solo exige un espacio de estas características al Gobierno de España y la Generalitat, el 98% de los municipios de la autonomía valenciana ya ha replicado este modelo.
La mayoría de las poblaciones que no poseen una web específica para sus obligaciones de transparencia, que como explica el director general de esta materia en el Consell, Andrés Gomis, están recogidas en la normativa básica estatal, no superan los 1.200 habitantes. Este es un factor, el poblacional, que en términos generales influye tanto en el desarrollo como en la profundidad de las políticas de gobierno abierto, aunque entre las localidades sin portal también es posible encontrar una ciudad de más de 30.000 vecinos y otra que supera los 9.500 residentes.
El primero de estos dos municipios es Villena, en la provincia de Alicante. Desde su consistorio aseguran tener lista ya una plataforma de transparencia que, no obstante, todavía no está activa. “La página web municipal está en proceso de reconvertirse entera, y los procesos son lentos”, afirman fuentes municipales, que emplazan a la próxima legislatura para la publicación del portal y achacan el retraso, entre otros factores, a la parálisis derivada de la pandemia.
De esta forma, y aunque desde el propio Ayuntamiento reconocen que un portal de este tipo sería la opción más visible para dar publicidad a sus obligaciones de transparencia, también confirman que esa información se publica por ahora en espacios como el tablón de anuncios de la web municipal, donde es posible encontrar, por ejemplo, las declaraciones de actividades y bienes de la corporación local. Según la normativa estatal, los consistorios están obligados a proporcionar, entre otras cuestiones, información institucional como un organigrama o las actas de las sesiones plenarias, y económica, como las retribuciones de los representantes municipales.
Por su parte, desde Bunyol (Valencia), la segunda población de mayor tamaño sin un portal específico para la transparencia, aseguran también estar en mitad de un proceso de renovación digital. “Hemos creado la web y las apps, y el siguiente paso es el portal de transparencia”, sostiene la concejala de Informática, María Vallés. Fue en marzo de 2022, de hecho, cuando vio la luz el nuevo sitio del consistorio. “En apenas dos años hemos tenido que cambiar todo el sistema del Ayuntamiento, la sede electrónica, la gestión de los expedientes…”, apunta la responsable de Informática. Por ello no habrían publicado aún su página web de transparencia, que, según explica la concejala, tienen ya calendarizada.
El resto de localidades sin portal específico en esta materia pertenecen también a las provincias de Valencia y Alicante. Figuran entre ellas Algímia d’Alfara, que cuenta con algo más de 1.100 vecinos, Llanera de Ranes, con poco más de 1.000 habitantes, o Sempere, que tiene tan solo a 26 personas empadronadas según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Como es natural, son los municipios de menor tamaño aquellos que tienen menos recursos que destinar a la elaboración de estas webs, y por ello las instituciones tratan de ofrecer vías para impulsar la transparencia.
Así, y por parte de la Generalitat, la Conselleria de Transparencia desarrolla convenios marco de colaboración con las diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) “para coordinar medidas de fomento de la transparencia y del gobierno abierto en el ámbito local”, como sostiene Gomis. En este sentido, fuentes de la Diputación de Valencia confirman la existencia de estrategias conjuntas junto al Consell con subvenciones de hasta el 100% para proyectos en localidades de menos de 1.000 habitantes.
En el ámbito de la transparencia, desde la corporación provincial destacan sobre todo iniciativas “de actualización de portales” y sedes electrónicas locales para mejorar “la realización de trámites públicos”, entre otras cuestiones.
Sin embargo, y más allá del contenedor, el hecho de que un municipio cuente con una web específica de transparencia no siempre garantiza un mayor grado de cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito. De hecho, existen muchas localidades que, pese a contar con un portal de este tipo, ya sea diseñado por ellos o mediante una plantilla proporcionada por alguna administración, este se encuentra prácticamente sin contenido.
Ocurre así por ejemplo en poblaciones como Vallada (Valencia), en cuyo portal, identificado por el mapa de la Conselleria, solo figuran de forma accesible los presupuestos municipales hasta 2019 mientras que el apartado de retribuciones se encuentra vacío.
Esta es una situación que ponen también de manifiesto iniciativas como la de Infoparticipa, un proyecto elaborado por equipos de investigación de distintas universidades y coordinado desde la Universidad Autónoma de Barcelona. La idea, que cuenta con financiación del Ministerio de Economía, evalúa el grado de transparencia de los municipios de varias autonomías, entre ellas la valenciana. Para ello, establece alrededor de medio centenar de indicadores sobre conceptos como la gestión de los recursos colectivos y económicos, la participación ciudadana o los detalles sobre los representantes políticos.
De este modo, se observa que el porcentaje de cumplimiento de estos indicadores es bajo en muchos municipios valencianos, y en especial en los de menor población. De nuevo, el tamaño de una localidad influye en el alcance de su transparencia, ya que, de media, las poblaciones valencianas de menos de 1.000 o menos vecinos son la que menos de estos ítems publican, en concreto un 9% del total.
Ese valor crece progresivamente hasta el 26% en los municipios de hasta 10.000 habitantes, se sitúa en el 37% en las pequeñas ciudades valencianas y solo supera de media el 50% en las grandes urbes de la Comunitat. No obstante, existe una localidad mediana en la provincia de Castellón que supera incluso estos registros, ya que publicita la totalidad de los indicadores que evalúa Infoparticipa. Se trata de Onda, donde, como explica el teniente de alcalde de Innovación, Vicent Bou, plantean que “cualquier persona que tenga interés” pueda acceder a la información local.
“Ese plus de transparencia es una garantía para el ciudadano, le da la posibilidad de fiscalizar la actuación municipal”, asegura el teniente de alcalde, quien achaca la ausencia generalizada de información detallada en otros municipios tanto a la falta de recursos como al hecho de que esta área no se considere aún muy relevante. “Es una labor compleja, al final es adoptar conciencia de la importancia que tiene que todo sea accesible y auditable, cada vez veo que se suman más municipios”, afirma.
Por último, y al margen de las webs de transparencia, el mapa local de gobiernos abiertos de la Generalitat Valenciana identifica también a nueve municipios que han desarrollado un portal de datos abiertos. Todas las localidades que cuentan con esta plataforma, cuyo propósito es la publicación, de forma estructurada, de colecciones de datos generados por las administraciones sobre temáticas como medioambiente, cultura o sanidad, tienen más de 20.000 habitantes, lo que demuestra otra vez que en estas poblaciones, además de generarse más datos de este tipo debido a sus dimensiones, también tienen más alcance las políticas de transparencia.