VALÈNCIA. Junto al canal de acceso, el futuro túnel pasante y el Parque Central, el túnel de Serrería es el otro gran proyecto ferroviario en el aire de la capital del Turia. Ha sido una exigencia recurrente del gobierno municipal de València; del actual, que componen Compromís y PSPV, pero también del anterior que lideró Rita Barberá durante dos décadas con el PP.
La infraestructura, que afecta de lleno al PAI del Grao y servirá para conectar el barrio con la Avenida Francia, lleva pendiente de acometerse desde los años 90. Y su envergadura es tal, que ningún Ejecutivo central ha puesto un compromiso negro sobre blanco en forma de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para que se pueda llevar a cabo. Por el momento, no hay fondos que valgan, y tampoco se tienen noticias siquiera de los análisis preliminares del proyecto: el estudio que licitó en 2019 el Ministerio de Transportes para analizar las distintas opciones del soterramiento de las vías.
El 4 de febrero de 2020 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que entonces gestionaba el valenciano José Luis Ábalos formalizó el contrato para la realización del 'Estudio Informativo de la prolongación sur del Túnel de Serrería, en la ciudad de València' con la empresa Geocontrol SA, con experiencia en el sector desde 1982, por un importe de 252.630 euros -IVA incluido-. La mercantil en cuestión disponía de dos años para realizar los trabajos.
Un plazo que ya expirado, sin que de momento se conozca nada de las principales conclusiones que debía aclarar aquel análisis. Y aunque si bien cierto que con el estallido de la pandemia los plazos administrativos se paralizaron, también lo es que lo hicieron tan solo por tres meses. El standby en ningún caso alcanzó un ejercicio entero y la demora que acumula la empresa adjudicataria suma ya un año.
El objeto del Estudio Informativo que se le encargó a Geocontrol debía analizar las distintas opciones de prolongación del túnel actual por su extremo sur teniendo en cuenta diversos aspectos: el impacto medioambiental, su coste, dificultad constructiva, funcionalidad, o afección a la explotación ferroviaria, entre otras cuestiones.
El análisis se dividiría en tres fases. La primera debía servir para definir, analizar y evaluar todas las alternativas, tanto las previstas en documentos ya redactados como otras posibles soluciones o variaciones de las anteriores. De todas ellas, se seleccionarían varias de estas alternativas que, en la segunda fase, se definirían con un nivel de detalle suficiente como para que sirvieran de base al proceso de audiencia e información pública establecido en la Ley del Sector Ferroviario y la de impacto ambiental. Para concluir el estudio, la tercera fase consistiría en someter al citado trámite de audiencia e información pública. De todo ello, no hay noticias.
Uno de los aspectos que resulta más llamativo del citado estudio es que el pliego de prescripciones técnicas elaborado por el propio Ministerio contemplaba que debía ser una obra que financiara la administración local y la autonómica al tratarse, en realidad, de una mejora urbanística y no de funcionamiento de las vías. Es decir, que debían costearla el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, pero la responsabilidad no recaía así en la Administración central.
En concreto, el documento advertía que la prolongación sur del Túnel de Serrería "no aportaría ventajas al funcionamiento del ferrocarril con respecto de la situación actual", sino que esta se trataba "de una operación de integración urbana" por lo que se debía aplicar lo que establecía el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) "en relación a mejoras de integración urbana (soterramientos, cubrimientos, viaductos...), donde se establece que al ser obras de carácter urbanístico deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales y Autonómicas competentes en materia de urbanístico".
Conviene especifica que el PITVI, elaborado en su día por el gobierno central de Mariano Rajoy, tiene una vigencia de 2012 a 2024. Y con su caducidad a la vuelta de la esquina, el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzó a elaborar una nueva estrategia que actualizara el vigente plan. Sin embargo, en la versión inicial, se siguen recogiendo los mismos criterios que ya introdujeron los populares.
"Como criterio general, las actuaciones de integración urbana son actuaciones de carácter esencialmente urbanístico, que deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales o Autonómicas competentes en materia de urbanismo, limitándose la Administración del Estado a realizar la mejora funcional de la red ferroviaria que sea precisa", recoge el documento en fase de elaboración.
Preguntadas al respecto, fuentes oficiales explican a este diario que no pueden "negar lo que dice el documento" publicado en la Plataforma de Contratación del Estado: que la financiación correspondería a València y la Generalitat. Si bien también resaltan que el estudio informativo "es un estudio de opciones" que puede transformarse con el paso del tiempo.
Preguntado también al respecto por esto, el comisionado del Gobierno para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en España en Adif, Josep Vicent Boira, explica a este diario que se "necesita una relectura de las infraestructuras asociadas al proyecto -del Corredor Mediterráneo-" entre las que entraría "el túnel de Serrería porque la llegada del ancho internacional al nudo de València abrirá posibilidades que, hace unos años, no se preveían". "Es un proyecto muy dinámico con posibilidades crecientes y cambiantes para el transporte de mercancías por ferrocarril", defiende Boira.
No en vano, el soterramiento de las vías de Serrería no solo son estratégicas para conectar Valencia con el mar, sino que también suponen una parte fundamental del Corredor. Por ello, Boira considera que "cualquier decisión sobre el túnel de Serrería y su futuro debe hacerse a la luz del dinamismo actual y futuro del Corredor Mediterráneo en ancho internacional como canalizador de los tráficos ferroporturarios de València y Font de Sant Lluís, del crecimiento inexorable del propio Corredor hasta Almería y más allá y de la mejora de las cercanías en la región urbana de València".
Con todo, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, defendió hace apenas una semana en la presentación de los ejes principales de su campaña que el Gobierno central está comprometido con el soterramiento de las vías y confió en que pronto se conocieran los trabajos que se adjudicaron a Geocontrol: "Hay un compromiso, y así se ha dicho por parte del Ministerio de Transporte, de llegar a un acuerdo tanto con el Ayuntamiento como con la Generalitat para soterrar las vías del Grao. Decir que se ha renunciado a ello es falso y la única forma que tiene esta ciudad de que se soterren las vías es que haya un gobierno socialista al frente del Gobierno de España".
Un compromiso que, sin embargo y según consta en los documentos previamente citados, no será monetario. Así pues, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Fernando Giner, critica que ambos partidos, PP y PSOE, se hayan lanzado acusaciones cruzadas respecto al compromiso que tenían cada uno con el proyecto.
"El PP está ahora haciendo campaña electoral con el soterramiento de las vías de Serrería, cuando su propio partido estuvo muchos años al frente del Gobierno de España y no movieron ni un solo dedo por poner en marcha la obra. Y lo que es peor, fue el último gobierno de Rajoy quien impulsó un Plan de Infraestructuras desde el Ministerio de Fomento que impide que este tipo de intervenciones las pueda pagar el Estado", censura.
Del mismo modo, Giner censura que la nueva Estrategia de Infraestructuras sobre la que trabaja el PSOE desde el Gobierno central incida en la "necesidad de que sea la Generalitat o el Ayuntamiento quien pague este tipo de intervenciones". "No contempla ningún cambio con respecto a la del PP", manifiesta el edil. "No podemos confiar mucho más en el PSOE, que ha presentado un diseño absolutamente aberrante de pasarelas por encima de las vías para ver si así le evitan a la Generalitat Valenciana de Ximo Puig tener que pagar una parte del soterramiento", zanja el portavoz de Ciudadanos.