Tres meses para evaluar las reversiones del Consell

VALÈNCIA. Pistoletazo de salida a la comisión para el estudio de las reversiones de servicios privatizados que ha llevado y está llevando el Gobierno valenciano. Este lunes, el órgano creado por la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, se constituyó con representantes de las diferentes consellerias, representantes sindicales y de los empresarios y altos funcionarios y se ha dado un plazo de tres meses para emitir un informe de conclusiones sobre la cuestión.

Así pues, el calendario de citas fija la última semana de junio como el momento en el que se tendrá que presentar dicho informe tras semanas de estudios en diferentes grupos de trabajo. En este proceso, se elaborará un mapa de reversión de servicios públicos, fijando los ya culminados, los que están en trámite y los que están previstos; se plantearán los problemas que se dan o pueden darse en las reversiones, especialmente en materia de subrogación del personal; y se fijará una hoja de ruta para llevar a cabo estos procesos.

Algo a tener en cuenta especialmente porque por ejemplo, a los procesos ya superados como los del hospital de Alzira o el de Torrevieja, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya ha dejado claro que el Gobierno valenciano va a continuar con las reversiones sanitarias de los departamentos de salud privatizados: "Más adelante irá Dénia, la Marina, como en los casos anteriores", señaló recientemente. También hay un debate más reciente sobre la reversión de las ambulancias.

Por el momento, aunque la primera reunión de este lunes fue introductoria, lo cierto es que en la comisión ya ha saltado la primera discrepancia por parte de las organizaciones sindicales al haber también a una representación del sector empresarial. Consideran los sindicatos que si el objeto del órgano es estudiar las repercusiones en el personal de la reversión de servicios públicos, que pasa a formar parte de la administración, carece de sentido dar voz a las compañías.

En ese sentido, hay que acudir a la Ley valenciana de Función Pública, aprobada en abril del año pasado y que regula la creación de esta comisión. En ella se fijaba que el órgano se constituiría con los sindicatos, sin mencionar a las asociaciones empresariales. Sin embargo, el Consell aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2022 para introducir a "las organizaciones empresariales más representativas". Algo que no se negoció con las organizaciones sindicales, que ahora manifiestan su enfado.

Más allá de esto, el órgano ya tiene sobre la mesa su plan de trabajo. Por el momento, se ha remitido un cuestionario a los integrantes para tener claros qué procesos de reversión hay en marcha, cuáles han culminado y cuáles están pendientes, así como para poner en común estudios o artículos sobre la materia y posibles expertos que puedan facilitar el trabajo.

A partir de ahí se diseñará el mapa de reversiones y una relación de "problemas que ha planteado o puede plantear el proceso de reversión" de servicios privatizados. Con todo ello sobre la mesa, se constituirán grupos de trabajo para analizar todas las circunstancias y elaborar un camino a seguir en estos procesos. Tras un debate, se redactará el informe definitivo.