VALÈNCIA (EFE). El Tribunal de Cuentas ha urgido al Gobierno a retener los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan con la obligación legal de rendir cuentas y a promover una ley que les impida el acceso a ayudas y subvenciones públicas.
El órgano fiscalizador cree una "necesidad perentoria" que se adopten ambas medidas dado el reiterado incumplimiento de sus recomendaciones por los ayuntamientos
El informe de fiscalización del sector público local del ejercicio de 2018, hecho público este viernes, señala que solo el 55 por ciento de las entidades locales rindieron las cuentas en plazo y, a 31 de diciembre de 2019, el 71 por ciento.
Estos porcentajes, que fueron inferiores en cinco y cuatro puntos porcentuales, respectivamente, con respecto al ejercicio anterior, son "claramente insuficientes", según el Tribunal de Cuentas,
Los niveles más bajos de rendición en plazo correspondieron a los cabildos y consejos insulares, con apenas un 10 %, las agrupaciones de municipios, con un 21 %, y las mancomunidades, con un 41 %.
Por comunidades autónomas, los menores niveles de rendición de cuentas del ejercicio 2018 tuvieron lugar en las entidades locales de Andalucía, tanto en plazo, con un 27 %, como a finales del ejercicio siguiente, con un 38 %.
Los niveles más elevados se produjeron en las entidades locales de la Comunidad Valenciana y de Aragón, con un 95 % y un 91 %, respectivamente, a 31 de diciembre de 2019.
Estas dos últimas comunidades, junto con las de Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias, que también presentaron elevados niveles de rendición, tenían establecidas medidas que condicionan la concesión de subvenciones o ayudas públicas al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o prevén la aplicación de la retención de pagos en caso de su incumplimiento.
Sobre las magnitudes presupuestarias, el informe señala que el presupuesto de gasto definitivo del conjunto de las entidades locales que remitieron sus cuentas fue de 59.260 millones de euros, mil más que en 2017.
Las obligaciones reconocidas ascendieron a 45.179 millones, con una ejecución presupuestaria del 76 %, y los pagos alcanzaron el 90 %.
Los principales gastos correspondieron a gastos de personal, así como a bienes corrientes y servicios, con un 30 y un 31 % del total, similares al ejercicio anterior.
Los ingresos procedieron fundamentalmente de las transferencias corrientes, especialmente las procedentes del Estado, y los impuestos directos, en su mayor parte del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del conjunto de tasas municipales.
El informe apunta una tendencia a la baja en cuanto al nivel de endeudamiento de las entidades locales, que ascendió en su conjunto a un total de 17.981 millones de euros, un 10 % menos respecto al ejercicio de 2017 y un 20 % respecto al anterior.
Los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes fueron los que más se endeudaron, en especial, los de Madrid, con un saldo de 3.213 millones de euros, Barcelona, con 1.104 millones, y Zaragoza, con un saldo de 844 millones.
Entre las diputaciones provinciales, destacan las de Barcelona y Valencia, con un endeudamiento de 219 y 193 millones, respectivamente.
