Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. Las posiciones de PSPV, Compromís y Unides Podem en la Ley de Cambio Climático eran tan dispares que un acuerdo sobre los impuestos que crea esta norma entre las tres patas del tripartito parecía inviable. Tanto, que los socialistas no descartaban tener que aliarse con la oposición para mitigar el impacto que tendría la implantación de los gravámenes autonómicos de nueva creación sobre pequeñas y medianas empresas, pero especialmente sobre el sector azulejero. Algo de lo que sus socios no querían ni oír hablar.
Sin embargo, la alianza no será necesaria. Las tres fuerzas que componen el Botànic pactaron este miércoles una enmienda que contenta las expectativas del PSPV de bloquear en cierto modo estos impuestos y las aspiraciones de Compromís y Unides Podem, favorables a que quienes más contaminen, paguen.
El redactado de la enmienda permite a las empresas deducirse en la cuota íntegra "por las inversiones realizadas en el periodo impositivo en infraestructuras y bienes dirigidos al control, prevención y corrección de la contaminación". Entre estas inversiones, el tripartito incluye aquellas que comporten una reducción "del consumo de combustibles o, en su defecto, el uso de combustibles limpios".
La deducción, según el texto acordado, podrá aplicarse al 100% de la inversión realizada por la empresa en cuestión. Eso sí, deberán tener unas emisiones de gases de efecto invernadero inferiores a 20.000 toneladas de CO2 al año y la adquisición de bienes adquiridos para reducir su impacto ambiental tendrá que ser certificada por una empresa acreditada para ello.
Cabe recordar, que cuando la Ley de Cambio Climático llegó a Les Corts, las diferencias entre los socios del Botànic ya quedaron patentes. En el trámite de enmiendas, PSPV, Compromís y Unides Podem presentaron un paquete de modificaciones legales de forma conjunta, pero los socialistas, además, fueron más allá y registraron por su cuenta una decena más para rebajar los denominados 'impuestos verdes' que la norma establecía.
Lo hicieron en solitario porque la coalición valencianista y los morados no estaban de acuerdo con lo que pretendían estas enmiendas: mitigar el impacto fiscal que iban a tener estos impuestos. El artículo de la ley más polémico en cuestión o sobre el que se centra el grueso del debate es el 114, que plantea cuáles son los supuestos que no estarían sujetos al impuesto de emisiones de gases de efecto invernadero.
En este punto los socialistas incorporaban un supuesto nuevo para que no estuvieran sujetas al gravamen "las emisiones de GEI realizadas desde instalaciones que emitan menos de 25.000 toneladas de CO2 al año". Compromís advirtió que no aceptarían esa enmienda "bajo ningún concepto". Señalaron que con ello se renunciaba directamente al impuesto porque ninguna empresa lo pagaría, dado que en la Comunitat ninguna mercantil emite por encima de la citada cifra. Así, mencionaban un estudio de la Universitat de València que citaba que solo 47 empresas se verían afectadas por este impuesto por su volumen de emisiones y la Generalitat recaudaría menos de medio millón al año.
Sin embargo, PSPV, Compromís y Unides Podem han encontrado la fórmula intermedia para no dejar sin efecto el impuesto pero sí condicionarlo: las empresas que inviertan en ser más "limpias", podrán deducirse el pago de este gravamen a instalaciones que emitan gases efecto invernadero.
El diputado del PSPV David Calvo, que ha sido el responsable de la negociación de esta ley con sus socios, también pidió en su momento que no se aplicara este impuesto a las "emisiones en exceso" porque a su juicio las empresas ya estaban asumiendo compromisos tales como adaptar sus instalaciones para rebajar sus emisiones y por tanto sería innecesario aumentarles la presión fiscal.
Compromís y Unides Podem tampoco quisieron firmar la enmienda del PSPV que pide que no se grave a aquellas pequeñas y medianas empresas que únicamente están sujetas a una licencia municipal porque consideraron en su día que un cambio de la ley así provocaría que muchas empresas quedaran exentas del pago de impuestos.
La futura ley de Cambio Climático y Transición Ecológica también introduce dos nuevas cargas impositivas en la Comunitat Valenciana dentro de la fiscalidad verde: uno para aquellos vehículos que sean contaminantes y otro para grandes superficies generadoras de gran movilidad.
Ahora, estos dos impuestos también sufrirán cambios significativos. En el caso de grandes superficies, deberán pagarlo aquellas que cuenten con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados. Según explica Calvo, esta es la cantidad exacta con la que quedarían fuera los supermercados, dado que es un impuesto pensado a para centros comerciales y no para productos de primera necesidad que se adquieren en los supermercados.
En el caso del impuesto a los vehículos contaminantes, el tripartito ha acordado que pagarán aquellos de nueva matriculación, y no los antiguos, dado que con ello quieren desincentivar la compra de vehículos diésel nuevos para fomentar la adquisición de medios de transporte eléctricos para cumplir con las directivas europeas.
La suma de la recaudación de estos tres impuestos supondría unos ingresos para la Generalitat de 27 millones de euros. Es decir, que representaría menos del 0,1% de los Presupuestos de la Generalitat del próximo ejercicio. Un argumento que los socialistas exponen para demostrar que estos gravámenes no tienen un fin recaudatorio.
