Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios que integran el tripartito ultiman esta semana las enmiendas a la nueva Ley de Transparencia. Una norma inspirada en la de Gobierno Abierto del primer gobierno del Botànic que no pudo ver la luz por el adelanto electoral y que introduce importantes cambios respecto a la actual. Especialmente, en lo que respecta a la composición, dedicación y salario de los miembros que componen el Consejo de Transparencia.
Este apartado es, precisamente, uno de los que PSPV, Compromís y Unides Podem buscan modificar puesto que el redactado original no termina de convencer a las tres patas del Consell. Y eso que la norma fue presentada como una proposición de ley de los grupos parlamentarios del tripartito, por lo que las enmiendas que presentarán ahora -el viernes se cierra el plazo- ratifican en cierto modo que el contenido realmente fue trabajado desde la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo, como se barruntó desde un principio.
Así, el texto que se quiere cambiar ahora mismo plantea que los consejeros pasen a ejercer su cargo con "dedicación exclusiva" y "tengan consideración de altos cargos con rango de director general". La Conselleria buscaba profesionalizar este órgano y que sus componentes, que ahora compatibilizan el puesto con sus respectivas profesiones y reciben dietas por cada reunión a la que acuden -normalmente con periodicidad mensual-, percibieran un salario de 60.000 euros brutos anuales aproximadamente.
Pero no solo eso: también propone reducir el número de consejeros para que pasen de los cinco que son actualmente, a tres. Integrantes que a priori deberían ser elegidos por Les Corts Valencianes cada cinco años para evitar que su renovación coincida con citas electorales y, por tanto, su independencia política no quede en entredicho. Con ello también desligarían el número de consejeros de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara. Una cuestión que incomodaba a los miembros del Consejo, dado que en la legislatura pasada había cinco partidos en el Parlamento y la misma cantidad de representantes en el citado órgano porque cada formación designó a uno de ellos. Condición que irritaba a los miembros, que sentían que con esto se cuestionaba su independencia.
Ahora bien, tal y como adelantó Valencia Plaza, estos dos planteamientos fueron puestos en duda por el PSPV desde que el texto fue registrado en el Parlamento. Desde el grupo parlamentario socialista tenían serias dudas de que esta modificación fuese a beneficiar realmente al órgano porque con ella el tripartito tendría, a su juicio, mayor dificultad para encontrar candidatos que quieran ocupar estos puestos. ¿Los motivos? Actualmente los miembros del Consejo de Transparencia perciben dietas por cada reunión que mantienen y pueden compatibilizar el cargo de consejeros con su profesión -la mayoría ejercen de profesores universitarios-.
Sin embargo, con el cambio propuesto, pasarían a estar bajo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Consell y no podrían cobrar un sueldo universitario -mayor que el de director general- ni tampoco percibirían indemnizaciones por cada reunión porque ya tendrían dedicación exclusiva, por lo que a muchos de ellos no les compensaría económicamente el cambio. Por ello, los socialistas dudaban que con las incompatibilidades y las retribuciones que recibirían si tuvieran rango de directores generales, el Botànic II pudiera encontrar aspirantes para ocupar el cargo de consejeros, ya que muchos preferirían mantenerse en sus profesiones para no perder poder adquisitivo.
Con estos mimbres, socialistas, valencianistas y morados estudian ahora una fórmula mixta para este órgano. La idea que está sobre la mesa es que se mantenga el mismo número de consejeros que hasta el momento -cinco- y que estos no cuenten con rango de director general. Y su vez, eso sí, introducir la figura del secretario, que sí trabajaría a tiempo completo para el Consejo, lo que reduciría considerablemente los trámites burocráticos que ahora mismo recaen sobre los propios consejeros. Un aspecto sobre el que los consejeros se habían quejado en numerosas ocasiones, pues consideraban que tenían mucha carga de trabajo para poder resolver cada expediente en el plazo que establece la ley.
De esta manera, los miembros del Consejo seguirían percibiendo dietas por cada reunión a la que asistieran para cerrar los expedientes y sobre el secretario recaerían las funciones más de trámite. Desde el pasado mes de febrero, el presidente del Consejo de Transparencia cobra 600 euros y el resto de vocales del órgano, 500 euros, por cada cita que mantienen.
Conviene apuntar que los cinco consejeros del órgano están en funciones desde hace meses: en noviembre caducó el nombramiento de Ricardo García Macho quien ocupa la presidencia; Lorenzo Cotino, que es vocal del órgano a propuesta de Ciudadanos; Sofía García Solís, candidata a vocal propuesta por Compromís en la legislatura pasada cuando Isabel Lifante abandonó el cargo; y Emilia Bolinches, cuarta vocal del Consejo a propuesta del PSPV. El mandato de Carlos Flores, vocal propuesto por el PPCV, caducó en marzo. Ahora, por tanto, una vez se reforme la ley, los grupos parlamentarios tendrán otra tarea pendiente: renovar el órgano.
