Foto: APV/ARCHIVOAnte un recurso de la Comissió Ciutat-Port, que mantiene una "razonable confianza" en una decisión final contra la ampliación
VALÈNCIA (EP). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que suspende cautelarmente una resolución de marzo de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación norte del Puerto de València.
Según ha informado la Comissió Ciutat-Port en un comunicado, con este auto, de fecha de 5 de diciembre, el alto tribunal de Madrid les da una primera decisión judicial favorable a sus peticiones, en un proceso judicial que la entidad inició primero ante la Audiencia Nacional pero que fue derivado finalmente a la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.
La entidad ciudadana ha señalado que "siempre cuestionó la legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del Miteco al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia".
En esta línea, ha subrayado que cuando el Miteco, en marzo de 2021, "dictó una resolución que, 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental de 2007, pretendía modificar las responsabilidades de las diferentes autoridades para convertir a la APV en 'juez y parte' en la evaluación de impactos ambientales de una ampliación cuestionada", recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio "sin obtener respuesta".
Entonces acudieron a los tribunales frente a una resolución que consideran que es "nula de pleno derecho" y "dictada en fraude de ley". Ahora, la sala ha acordado la medida cautelar de suspensión de esa resolución "por la que se declara la subsanación de resoluciones de evaluación de impacto ambiental de proyectos portuarios, en lo atinente al proyecto 20050031, de ampliación del Puerto de València".
Desde la Comissió han destacado que esta suspensión "priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una macroampliación que, de realizarse, pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de la Albufera".
Según la Comissió, "La primera consecuencia de la decisión judicial es que destroza la política hipócrita ejercida hasta el momento por el Ministerio de Transición Ecológica, en connivencia con el organismo público Puertos del Estado, que se ven ahora forzados a asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV".
De acuerdo con la entidad, Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del Puerto de València que fue aprobado en el consejo de administración de la APV el pasado 2 de diciembre, "y decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada 15 años atrás y que obtuvo Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental".
"Justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar", concluye la Comissió, que ha recalcado que, aunque se trata de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del asunto, el TSJ de Madrid apunta que "valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la DIA del proyecto".
Los portavoces de la Comissió Ciutat-Port interpretan estas consideraciones "como un respaldo a sus argumentos" y les lleva a mantener una "razonable confianza en una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del Puerto de València por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana".
"Creemos que el Puerto de València no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo, implicando a las personas y empresas que trabajan en el mismo. Ello en lugar de forzar las leyes y gastar dinero público para favorecer a un único operador privado", afirman desde la Comissió Ciutat-Port.
La entidad ha hecho hincapié en que esta ampliación "es cuestionada por más de un centenar de colectivos ciudadanos, además de organizaciones de estibadores y numerosos informes técnicos y jurídicos emitidos por diversos expertos".
El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado por su parte que la decisión del TSJM "da la razón a los que argumentamos que la APV no puede ser juez y parte para evaluar" el impacto de la ampliación norte.
Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales donde ha hecho referencia a la decisión del alto tribunal de Madrid, que a pesar de ser cautelar, según ha subrayado, da la razón a planteamientos como los que sostienen él mismo y su partido, Compromís.
