VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado en costas por importe de 500 euros a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) -ahora Afín SGR- por ocultar información sobre los avales a empresas que propiciaron su rescate.
La diputada del PP Eva Ortiz solicitó en octubre del año pasado la auditoría forense que se le realizó en 2016 a la entidad que dirige Manuel Illueca para justificar la inyección de dinero público para reflotarla. Ante la negativa a facilitarla, la parlamentaria presentó un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales.
El TSJCV lo admitió y requirió a la Conselleria de Hacienda que le entregara el expediente administrativo sobre el ofrecimiento de documentación, tras lo cual el departamento encabezado por Vicent Soler acabó dando acceso a la diputada. Para ello tuvieron que pasar ocho meses en una nueva muestra de la falta de transparencia del Gobierno autonómico que tiene que acabar solucionando la justicia.
La SGR, pese a todo ello, se opuso y recurrió la decisión, lo cual le ha sido desestimado y es el motivo de la condena en costas. Éstas tendrán que ser abonadas tanto a la Conselleria de Hacienda -250 euros por los honorarios del Abogado de la Generalitat- como a Eva Ortiz -389,97 euros por honorarios de su abogado y derechos de su procuradora-. Como estas cantidades superan el límite máximo de 500 euros, se reducen a dicho importe en la tasación.
La importancia de la auditoría residía en que el actual Consell salvó de la quiebra a la entidad con 200 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuya transferencia autorizó el Gobierno central en 2017. Un rescate que se acometió tras un agujero de más de 400 millones de euros por la gestión llevada a cabo en la etapa anterior.
Según publicó eldiario.es, ese informe concluyó que muchos de los empresarios que formaron parte de la dirección de la SGR beneficiaron directamente a sus empresas o asociaciones mediante avales para conseguir financiación para sus compañías. Unos hechos que supusieron un evidente "conflicto de intereses directo".
En la auditoría figuraba igualmente que parte de estos avales no tenían garantías, lo que provocó que la sociedad tuviera que responder con su capital.