VALÈNCIA. Este martes 18 de junio, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha realizado en el marco de la 32ª Semana Ciudadana, un debate abierto que ha abordado la actual "situación de mercantilización del espacio público que vive la ciudad de València". Bajo el título “Los conflictos en la ciudad mercancía”, esta conferencia realizada en el Complejo Cultural de La Petxina ha contado con la participación inicial de las voces vecinales que han descrito diversas situaciones en los barrios de València que tienen que ver con esa "mercantilización del espacio público".
A continuación, se ha desarrollado una mesa redonda en la que han intervenido Luis Manglano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Aida Villalba, investigadora de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la UPV, y Joan Olmos, doctor ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo de la UPV.
María José Broseta, presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, ha presentado el acto dando la palabra en primer lugar a diversos representantes de asociaciones vecinales de distintos barrios de la ciudad. De este modo, portavoces de asociaciones de barrios como Benimaclet, Patraix, Ciutat Vella o Benicalap han señalado cuestiones relacionadas con ese uso del espacio público que se acaba priorizando para los intereses particulares empresariales afectando muy negativamente a la calidad de vida de la ciudadanía y a los intereses colectivos.
A continuación, y ya en el turno de intervenciones desde la mesa, han hablado los ponentes. Luis Manglano, magistrado del TSJ-CV y especializado en Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente y Tributario, es coordinador de la Sección Territorial de Juezas y Jueces para Democracia, entidad muy interesada en los problemas de los vecinos y vecinas y el modelo de ciudad.
Ha centrado su intervención en la "masificación turística" y "colonización inmobiliaria", abordando las causas, la situación legal y medidas legales y fiscales. Entre otras cuestiones ha abordado la defensa de la tasa turística, como compensación necesaria que debe ir a la ciudad para mejorar la respuesta desde los servicios públicos a la masificación turística actual. Respecto a la cuestión fiscal, ha señalado la necesidad de gravar fiscalmente para disuadir que aumente más todavía la proliferación de los los apartamentos turísticos. También la aplicación de cupos para cruceristas o entradas diarias también desde el aeropuerto. Ha destacado la necesidad de aplicar medidas de control y también de aplicar leyes como la Ley de la Vivienda.
Aida Villalba, investigadora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado una intervención basada en el trabajo que está desarrollando junto a su equipo del proyecto “Near City” de la Universidad Politécnica, que concluirá con una página web en la que se reflejarán visualmente los principales servicios públicos en cada barrio y la proximidad de los mismos desde cada vivienda de la ciudad, y por tanto también las carencias que se localizan y que en muchos casos tendrán relación con esa "mercantilización del espacio público".
También ha participado Joan Olmos, profesor titular de Universidad y doctor ingeniero de Caminos, además de estudioso del medio ambiente, el territorio y la ciudad, y colaborador con las iniciativas ciudadanas en defensa del territorio que han surgido en las últimas décadas. Además, es autor del libro de reciente publicación “La reconquista del espacio público”, además de otros títulos.
Tal y como ha destacado, "sin un espacio público libre y de calidad no hay ciudad, sino un lucrativo producto para los negocios de todo tipo". "Se ha aceptado e interiorizado con toda normalidad que los coches monopolicen calles y plazas, pero no son solo los coches los que han hipotecado y monopolizado el espacio público, la mercantilización va más allá, porque se trata de un espacio muy valioso, y lo estamos viendo con el descontrol de las terrazas que pagan ese espacio inalienable a precio de saldo. Ante tanta pasividad no resulta extraño que los sucesivos gobiernos locales no se hayan sentido aludidos ni presionados para cambiar de planes. A eso se llama política acomodaticia”, ha destacado.
Tal y como recogen las conclusiones desarrolladas desde la Federación vecinal con el conjunto de las asociaciones, la sobreocupación del espacio público por actividades comerciales relacionadas con la hostelería provoca, en primer lugar, problemas de movilidad en el tránsito peatonal y en segundo lugar, una privatización de facto de calles, plazas y zonas ajardinadas que impiden su uso y disfrute a los residentes. "Esta explotación intensiva viene aparejada en lugares con una alta concentración de locales de un ruido excesivo y de frecuentes episodios de vandalismo y reyertas", ha explicado la federación en un comunicado.
"Se constata, además, una manifiesta inactividad del Ayuntamiento en el cumplimiento de las ordenanzas de ocupación del dominio público y de contaminación acústica. Es habitual una ocupación por encima de las autorizaciones concedidas o el incumplimiento de los horarios de recogida de forma reiterada, situaciones que son denunciadas por los residentes sin efecto alguno", ha proseguido.
Por todo ello, desde el movimiento vecinal se han propuesto medidas como el cumplimiento de la ordenanza sobre ocupación del espacio público y sancionar los incumplimientos reiterados con la retirada de la autorización, la convocatoria de mesas de seguimiento de las ZAS en las zonas en conflicto, o la realización de informes y revisión de los criterios de concesión de las autorizaciones de ocupación del espacio público. "Se hace necesario pues realizar un inventario de las terrazas existentes en la ciudad y comprobar la compatibilidad de la autorización con ordenanzas y reglamentos en vigor. Es conveniente conocer número de impagados y efectos y las terrazas sancionadas y efectos", asegura la federación.
Por otra parte, plantea el control de los accesos y aforos de los locales de ocio que provocan ruido y molestias, así como medidas de prevención y contención de los botellones. Respecto a las viviendas de uso turístico, asegura que "el uso de viviendas residenciales como apartamentos turísticos está teniendo un crecimiento descontrolado en casi todos los barrios de la ciudad al margen de normas urbanísticas". "Se ha pasado de destinar viviendas residenciales para alquiler turístico a adaptar bajos comerciales en condiciones de “infraviviendas”, al no tener garantizadas las más mínimas condiciones de habitabilidad requeridas, como ventilación o luz natural", prosigue el comunicado de la federación, para apuntar que en paralelo se suceden episodios de transformación de edificios residenciales enteros en bloques turísticos, previo desalojo de sus ocupantes normalmente en régimen de alquiler.
"Hoy, no se sabe a ciencia cierta cuántos apartamentos existen, aunque constituyen la principal oferta de alojamiento en la ciudad, una oferta que en la mayoría de los casos carece de licencia. Sí sabemos, en cambio, que hay barrios donde ya hay más alojamiento turístico que residencial", asegura la federación, que insiste en que las consecuencias son "falta seguridad y molestias en las comunidades de residentes, reducción de la oferta residencial en arrendamiento y subidas de los precios del alquiler y carestía de la vivienda". "Las denuncias sobre la actividad de los apartamentos turísticos, al igual que ocurre con las terrazas de la hostelería, tienen un muy escaso recorrido pues se tramitan solo de forma testimonial y con sanciones sin ningún efecto disuasorio", lamenta la federación, que pide un plan de choque para revertir el uso terciario hotelero al residencial, la revisión de criterios de concesión de licencias y la redacción de una ordenanza.
Respecto a los cruceros, asegura que "la actividad del puerto y en especial los cruceros están teniendo un fuerte impacto medioambiental no solo en los barrios del entorno". "La congestión de espacios públicos y del propio transporte público es directamente proporcional a la llegada de los cruceros", subraya la federación, para añadir que este tipo de turismo "se caracteriza por una escasa rentabilidad económica a nivel local y un muy alto coste social y de consumo de recursos".
"La contaminación del aire de las zonas próximas al puerto como consecuencia del uso de combustibles sucios, un alto consumo de recursos como el agua, la producción de residuos y la saturación de servicios públicos por avalanchas puntuales de visitantes en horas punta, son los principales problemas que ocasionan a la ciudad sin contrapartida alguna", alerta al respecto, por lo que pide limitar la capacidad diaria de acogida hasta 2.000 cruceristas y/o 2 cruceros diarios como máximo, prohibir la escala de cruceros por encima de la capacidad de acogida, analizar y valorar el impacto ambiental de la nueva terminal frente al barrio de Natzaret y aplicar una tasa turística a los cruceros en función del número de visitantes.
"La importancia del sector turístico en la actividad económica de la ciudad es indudable, sin embargo, sorprende la falta de regulación, incluso la ausencia de una tutela efectiva sobre esta actividad", añade la federación, que recuerda que propuso un observatorio sobre el impacto del ocio y el turismo en la vida de la ciudad. "Se trataba de contar con departamento que proporcionara datos reales sobre sus efectos y permitiera adoptar medidas que paliaran los más adversos", explica.
"Sin embargo, hasta ahora, el Ayuntamiento ha estado boicoteando su puesta en funcionamiento y eludiendo su obligación de desarrollar las normas que se contienen en la Ley de Turismo y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana", afea la federación, que insiste en que Valencia, como ciudad turística, "está obligada a desarrollar toda una serie de normas urbanísticas, como los PORT o PIAT (planes de recursos e infraestructuras turísticas), que permita concretar la capacidad de carga turística y, dado el caso, limitar su actividad declarando las “zonas turísticamente saturadas”".