VALÈNCIA (EFE). La Unión Europea (UE) afronta semanas decisivas, con ultimátum incluido, para la negociación de los últimos detalles del acuerdo de asociación con el Mercosur, cuyo texto se cerró en 2019 pero que ha requerido de precisiones en los compromisos medioambientales y cuya finalización se resiste desde hace más de 20 años.
La Comisión Europea, institución encargada de negociar los tratados comerciales en nombre de los Veintisiete, apura las negociaciones con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras los ministros de Comercio comunitarios esperan abordar la situación en su reunión informal en Valencia del 19 y 20 de octubre.
La última reunión de los equipos de las dos partes tuvo lugar en Brasilia los pasados 3 y 4 de octubre y se espera que vuelvan a verse en Bruselas antes de que acabe el mes, aunque hay contactos semanales a nivel de expertos.
“Creo que con cada reunión, con cada intercambio, nos acercamos un poco más”, indicó a EFE el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.
Tras las críticas de los socios del Mercosur, incluso por boca del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a las mayores exigencias de los europeos contra la deforestación o por el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático, Bruselas afronta ahora mayor presión por el ultimátum lanzado por el presidente paraguayo, Santiago Peña.
Peña dijo a finales de septiembre que, o cerraban para el 6 diciembre, o el bloque suramericano se retiraría y se centraría en negociar acuerdos comerciales con países asiáticos.
“La dirección de estas negociaciones viene desde el nivel presidencial. Los negociadores aún están trabajando con el calendario de intentar acabar antes de final de año. El ritmo de las negociaciones se ha acelerado”, recalcó Gill sin entrar a valorar las declaraciones de Peña. En cualquier caso, aseguró que “hay fuerte compromiso de ambas partes por llegar a un acuerdo”.
Las dos partes están enfrascadas en llegar a un consenso sobre el anexo presentado por la UE que pone énfasis en el respeto climático pero que no forma parte del texto general del acuerdo, el cual se concluyó en junio de 2019 y que no hay intención de reabrir.
Pese a que entonces los dos bloques quedaron conformes, las alertas saltaron en países como Francia principalmente, o Irlanda, sobre el riesgo que el pacto puede entrañar para su agricultura, sobre todo, y la posibilidad de que el auge agrícola y ganadero en el Mercosur amenace aún más a la Amazonía y a esos sectores comunitarios.
Así pues, la Comisión Europea planteó a principios de año un anexo -pese a que el texto preacordado ya contenía fuertes compromisos con los acuerdos climáticos- pidiendo mayores garantías de cumplimiento y en el que habla incluso de recurrir a “contramedidas” como último recurso, lo cual no gustó al Mercosur, que trasladó su respuesta a Bruselas a mediados de septiembre.
España, que preside este semestre el Consejo de la UE, ha dejado claro que el acuerdo debe concluirse cuanto antes porque implicará el compromiso “para siempre” y “sin retroceso” de países latinoamericanos con la lucha contra el cambio climático, según dijo el ministro español en funciones de Exteriores, José Manuel Albares, la semana pasada en la Eurocámara.
El texto al que la UE y el Mercosur llegaron en 2019, el mayor logrado por la Unión con otra región, supuso lo que entonces se creyó el culmen a unas negociaciones que empezaron justo 20 años antes.
No estuvo exento de cesiones, en especial en materia agrícola por parte europea, y la Comisión incluso ofreció un fondo de ayuda de 1.000 millones de euros para los productores europeos que sufrieran perjuicios.
En cambio, desde entonces el acuerdo no avanzó en el recorrido para ser ratificado por los países y el propio Parlamento Europeo, que expresó asimismo preocupaciones medioambientales.
La parte comercial del acuerdo -que se sustenta además en el diálogo político y la cooperación-, creará cuando esté en vigor un mercado de 780 millones de consumidores y permitirá a los exportadores de la UE ahorrarse 4.000 millones de euros anuales en aranceles.
Incluye un sistema de cuotas para las importaciones de vacuno, pollo y azúcar a lo largo de cinco años, así como salvaguardas en caso de "perturbaciones graves" en el mercado.
La UE logró la abolición de aranceles en todos los vinos y cervezas, así como significativas cuotas libres de aranceles para el queso y otros productos lácteos y la protección de 370 indicaciones geográficas europeas.