UGT denuncia la pérdida de empleo público en la nueva licitación del transporte sanitario

VALÈNCIA (EP). UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado este jueves que la nueva licitación del transporte sanitario diseñada por la Conselleria de Sanidad supondrá pérdida de empleo público y menor calidad en la prestación del servicio de ambulancias.

El nuevo pliego, con un importe 372.798.529.66 euros y un valor estimado de 632.913.024.84 euros, contiene "elementos perjudiciales" para el empleo público, según ha denunciado el sindicato en un comunicado.

El sector de Sanitat, Sociosanitari i Dependencia de UGT, tras una análisis detallado del pliego, ha detectado que el nuevo contrato elimina el personal Técnico en Emergencia Sanitarias (TES) de la Conselleria de Sanidad de las unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA). Este personal pasa a ser "exclusivamente" de la futura contrata, por lo que se tendrán que rescindirse contratos públicos.

Por otro lado, la nueva licitación mantiene, pese a las "reiteradas quejas" del sindicato, "la privatización encubierta de los celadores y celeadoras de las instituciones sanitarias, así como la vulneración de las diferentes normativas".

Los técnicos y técnicas en emergencias sanitarias, a pesar de ser personal extrahospitalario, "deambulan por los hospitales o esperan a que el paciente esté preparado, lo que supone una pérdida de tiempo indispensable para el buen funcionamiento del servicio".

En esta línea, recalca que son tareas "que corresponde al personal celador, por lo que, además de una privatización de su trabajo, supone incumplir el estatuto del personal al tiempo que es un atentado al sentido común".

Además, según los cálculos del sindicato, a pesar del aumento de las unidades de ambulancias, "las horas de prestación del servicio han disminuido en cuanto al transporte no asistido (TNA), lo que, sumado a la indefinición de los puntos de encuentro o intercambio de pacientes, puede agravar aún más esta carencia de horas del servicio con la negativa repercusión para los usuarios de este transporte".

El sindicato tampoco considera acertada la posibilidad de movilizar las unidades entre departamentos, ya que esto "dificultará el control por los responsables departamentales de la conselleria sobre las necesidades reales de las ambulancias".

Por otro lado, sostiene que el pliego contradice el RD 836/2012 que clasifica y define la dotación y el tipo de ambulancias. Así, especifica que ambulancias TNA A1 podrán realizar urgencias "cuando no están dotadas para ello".

Según afirma el sindicato, "la persona enferma no puede ir asistido de ninguna manera pues solo lo acompaña un TES. Lo más adecuado para estos casos es una ambulancia tipo SVB o SAMU". En esta línea, en cuanto a pacientes de Salud Mental, señala que el compromiso existente de establecer un protocolo para estas personas, al igual que ocurre con los infecto-contagiosos para evitar incidentes en su traslado, "se incumple ya que no irán acompañadas".

Costes laborales

El sindicato afirma que "tampoco le salen las cuentas" en cuanto a los costes laborales que han facilitado las empresas ya que no se referencian los complementos". En algunos casos, asegura que parecen "desmesuraros", por lo que insta a Sanidad a que "cruce los datos con la Seguridad Social para comprobarlos".

El pliego, además, "carece de cláusulas sociales, pese a que exístía un compromiso con el comité de empresa". No obstante, sí que se han recogido las propuestas del sindicato sobre la cuantificación, la uniformidad, el lavado y desinfección de la ropa, la formación, las dietas, y el cumplimiento tanto a la prevención de riesgos.

Respecto a los incrementos retributivos y mejoras en el convenio, al sindicato le parece "insuficiente" el 3% anual para los tres primeros años. Además, considera que hay "errores" en cuanto a la diferencia salarial entre conductor y ayudante, así como respecto a la reducción de la jornada anual.

UGT hará constar todas estas deficiencias y errores en las alegaciones al texto para su corrección y modificación e insiste en que la solución pasa por la reversión de este servicio a través de una empresa pública.