VALÈNCIA (EP). La Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià ha solicitado al Consell que se constituya una mesa técnica con la presencia de las organizaciones sindicales que integran la Mesa General de Negociación (MGN) para "contribuir a garantizar que el uso de la Inteligencia Artificial en la prestación de los servicios públicos sea fiable y respetuoso con los derechos fundamentales de la ciudadanía".
La organización sindical plantea que esta comisión se integre en la comisión interdepartamental para la trasformación digital y la simplificación administrativa regulada en el Decreto Ley 7/2024 de la Generalitat y que integra, entre competencias, la simplificación administrativa, la calidad de los servicios públicos y la transformación digital.
El decreto-ley de simplificación administrativa aprobado recientemente por el Consell, aunque pendiente de aprobarse por les Corts, contiene dos artículos específicos sobre robotización y uso de algoritmos e la Inteligencia Artificial para la prestación de servicios.
UGT recuerda, en un comunicado, que el reglamento de Inteligencia Artificial de la UE tiene por objetivo una transformación digital humanista que garantice el carácter social, la universalidad, la neutralidad y la no discriminación.
La necesidad de garantizar un buen uso de estas herramientas es fundamental a la hora de determinar el perfil de las personas o de los equipos de trabajo que conforman los algoritmos.
Por eso, es fundamental que exista una supervisión e intervención de personas y, llegado el caso, la ciudadanía pueda impugnar las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial si estas producen efectos negativos en la esfera personal y patrimonial.
La introducción de la Inteligencia Artificial en la gestión pública puede ser muy beneficiosa en términos de agilización de trámites, pero, desgraciadamente, un uso no supervisado puede agravar los sesgos, como pueden ser el racial o de género.
La práctica en algunos países, como Estados Unidos, o incluso en Europa ya ha evidenciado cómo los algoritmos pueden acabar siendo reproductores de estereotipos y facilitando la toma de decisiones injustas para la ciudadanía.
Para UGT es "primordial la humanización de las actuaciones, así como que se cumpla lo regulado por la normativa europea de IA en materia de protección de datos y de los derechos y deberes de los empleados y empleadas públicos".
El sindicato considera que para una prestación adecuada de los servicios públicos, libre de discriminaciones, es fundamental conocer su uso. "Es necesario tener el prospecto, como tienen los medicamentos, pasa saber para qué, cómo, cuándo, quién, y, en definitiva, cuál será la utilización de la estadística computacional en la Generalitat", según explica Toni Calderón, responsable de gabinete técnico de la Federación.
Finalmente, Calderón avisa de que la normativa europea, a la que se remite el decreto del Consell, tiene todavía muchas zonas grises y de ahí la importancia de garantizar desde el principio que el aterrizaje de la Inteligencia Artificial en la gestión pública no suponga un perjuicio para la ciudadanía.
